Hace 30 años, exactamente el 6 y 7 de noviembre de 1985, ocurrió el asalto al Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá (Colombia), por parte del grupo guerrillero M-19. La organización insurgente buscaba adelantarle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por las continuas violaciones al cese al fuego firmado meses antes.
Las fuerzas militares colombianas retomaron el edificio de manera violenta cometiendo numerosas violaciones a los derechos humanos.
El saldo trágico fue de decenas de fallecidos y heridos, además de 11 desaparecidos, sin embargo, en octubre, a un mes de cumplirse tres décadas del fatídico hecho, fueron encontrados los restos de tres de los desaparecidos.
René Guarín y su padre don José María, dedicaron su vida a buscar la verdad de la desaparición forzada de su hermana Cristina del Pilar Guarín Cortés durante los hechos del Palacio de Justicia. Cuenta René que desde el mismo día 7 de noviembre, luego que los militares retomaran violentamente el Palacio, emprendió con su padre la búsqueda de su hermana quien trabajaba en la cafetería.
-Llegamos a buscarla el día 7 en la noche, cuando ya el palacio estaba humeante y destruido. Buscar a mi hermana, buscar la verdad, eso hizo mi padre durante los 16 años siguientes. Buscarla y escribir poemas hasta el año 2001 cuando murió sumido en la tristeza por la desaparición de su hija. El holocausto del Palacio de Justicia me partió la vida en dos, cuenta René.
El día 6 de noviembre, a las 11:28 minutos de la mañana sonaron las primeras ráfagas de armas automáticas cuando el comando "Iván Marino Ospina", del Movimiento 19 de Abril, M-19, tomó por asalto el Palacio de Justicia en el corazón de la capital colombiana.
El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, ordinariamente no iba a la Corte los miércoles porque trabajaba desde su residencia, pero el 6 de noviembre asistió para coordinar con su magistrado auxiliar, Emiro Sandoval, lo que éste debía hacer en su ausencia y para que su secretaria le transcribiera un discurso que pronunciaría en un colegio. Había llegado al Palacio después de una reunión en la Universidad Externado, minutos antes del inicio de la toma.
Según afirma su hijo Yesid Reyes, hoy ministro de justicia de Juan Manuel Santos, su padre no tenía por qué estar ese día en la Corte. Si alguien planeó con cuidado la toma, y quería que estuviera el Presidente, tenía que ser el martes o jueves, ya que su padre era totalmente predecible en eso. “Él no tenía nada que hacer en la Corte y fue”.
Carlos Betancur, presidente del Consejo de Estado, bajó a la cafetería con el también magistrado Gaspar Caballero, quien le comentó que no había vigilancia, a lo que aquél repuso que “ya los podían matar tranquilos”. Cuando regresaban a su oficina empezó el tiroteo.
La noche anterior a la toma
La noche del 5 de noviembre, el magistrado de la Sala Constitucional, Manuel Gaona Cruz, le comunicó a su esposa que tenía un presentimiento sobre algo malo que le podría ocurrir al día siguiente. Sin embargo, le dijo que no podía dejar de asistir a la Corte, ya que él era ponente del fallo sobre la exequibilidad del tratado de extradición, que iba a presentar el miércoles 6, y le solicitó que lo llamara a las 11:30 de la mañana, hora en la cual él estaría en sala, pero quería saber si ella estaba bien. Efectivamente, ella se comunicó con la secretaria a esa hora y en ese momento se produjo una explosión en el sótano.
José Eduardo Gnecco Correa, magistrado de la Sala Laboral, se encontró también con la tragedia, pues pocos minutos antes del asalto había salido de la edificación con el propósito de dictar clase en la Universidad del Rosario y regresó al advertir que se le había quedado un código.
También accidental fue la presencia del magistrado Murcia Ballén, a quien días antes se le había aceptado la renuncia al cargo, y su reemplazo, Héctor Marín Naranjo, debía posesionarse temprano en la mañana, más por razones de fuerza mayor no lo pudo hacer a la hora convenida, por lo que el magistrado Murcia aún se encontraba en su oficina del Palacio cuando se produjo el asalto.
Como lo venía haciendo desde 36 días atrás, Cristina Guarín, la hermana de René, licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, salió de su casa a laborar como cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, donde trabajaba reemplazando temporalmente a la esposa del administrador, quien estaba en licencia de maternidad.
Si bien durante los últimos tiempos había guardia en el Palacio, y Ana María Bidegain no podía entrar en el carro para dejar a su esposo Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, ese día sí pudo entrar por el sótano porque no había vigilancia. A las 11:45 el magistrado la llamó y le dijo que no la podía recoger como lo hacía siempre porque había una balacera en el parqueadero (estacionamiento). Se volvieron a comunicar y él le dijo que la situación dentro del Palacio estaba cada vez peor, que fuera a buscar a las niñas. Ana María salió a recogerlas al colegio, y cuando bajaban vieron los tanques que se dirigían hacia el Palacio. En un vídeo se puede apreciar que el magistrado Urán salió vivo del palacio escoltado por los militares, sin embargo, posteriormente apareció muerto dentro del mismo.
Con la "Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre" el M-19 buscaba adelantarle un juicio político al entonces presidente de la república Belisario Betancur por haber roto la tregua pactada meses antes. El cese al fuego había sido también firmado por el Ejército Popular de Liberación EPL y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. El Gobierno adelantaba conversaciones de paz con cada grupo por separado. Pero desde su inicio los militares sabotearon dicho proceso tomando por asalto un campamento del EPL y atacando simultaneamente las bases de las FARC y del M-19 en el Caquetá y Cauca respectivamente. Fue en ese contexto entonces que el M-19 realizó la toma del Palacio de Justicia.
La fiscal 5ª ante el Consejo de Estado, Clara Forero de Castro, estaba en su oficina del segundo piso del edificio, con Sonia de Fonseca y Ligia de Rodríguez cuando sintieron un ruido fuerte, como extraño; todas las palomas de la Plaza de Bolívar volaron. Creyeron que se había estallado un cilindro de gas. Enseguida empezaron a oír gritos que decían: “¡Somos del M-19!”, “¡Por los derechos humanos!”. Llamó a su esposo, que era el ministro de Gobierno, habló con la secretaria y le dijo que le avisara que los del M-19 estaban en el Palacio de Justicia. Llamó también al Ministro de Defensa para avisarle, pero no lo encontró y le dejó razón. Nunca le devolvieron la llamada.
6 de noviembre, un día fuera de lo normal
El día 6 de noviembre, hacia las 10:30 a.m., según expresó él mismo a la Comisión de la Verdad, el general Rafael Samudio, comandante del Ejército, atendió una diligencia en el Palacio de Justicia, concretamente en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Se trataba de la notificación del fallo contra la Nación (Ministerio de Defensa) por las torturas infligidas a la médica Olga López de Roldán, en la Brigada de Institutos Militares (BIM).
El general Samudio acudió con una escolta reforzada, llegó a la Plaza de Bolívar, frente a la Catedral y se sorprendió, según sus palabras, por ver "tanto despliegue de tropas" y ordenó que desplazaran a los miembros de la Policía Militar que se encontraban allí y despejaran la zona porque él iba a ingresar al Palacio. Llegó a la Secretaría de la Sección Tercera, que quedaba al lado izquierdo en el primer piso. Lo atendieron en la baranda, donde el Secretario lo saludó, le preguntó acerca de su estado de salud y lo invitó a tomarse un café, pero él le dijo que no podía ese día. Antes de retirarse, vio a un abogado que estaba mirando un expediente. Después se supo que se trataba de Alfonso Jacquin, uno de los comandantes insurgentes, quien había ingresado al Palacio vestido de civil minutos antes.
El general Samudio señaló a la Comisión de la Verdad su interés en enfatizar que si hubiera existido noticia en el gobierno o en el Ejército de que se iba a realizar la toma, él no habría asistido al Palacio a las diez de la mañana, porque ni siquiera llevaba un revólver, ni habría dejado toda la tropa afuera. Por lo anterior, según señaló, “no tiene ninguna lógica pensar que el Gobierno o las Fuerzas Militares sabían de antemano de los planes de la toma” como se rumoró intensamente en los días posteriores a la toma.
Aprovechando la escasa vigilancia del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana ingresaron a sus instalaciones un total de siete personas armadas, vestidas de civil, quienes pertenecían al M-19. La actividad de inteligencia previa en el Palacio venía desarrollándose por parte de este grupo desde el junio de 1985, cuando el mando central presidido, por Álvaro Fayad, tomó la decisión del asalto.
Según la periodista Julia Navarrete, el ingreso de los guerrilleros con armas fue posible porque, aunque frente al descubrimiento del plan pusieron detectores de armas, “uno o dos días antes quitaron las máquinas”, lo que llamó mucho la atención de los periodistas que diariamente asistían al Palacio.
Dos de los guerrilleros del M-19 se ubicaron en la Secretaría del Consejo de Estado, dos en la Secretaría de la Sección Tercera, dos en la cafetería y una mujer en el cuarto piso. De este grupo, al mando de Alfonso Jacquin, se conoce que hacían parte también Irma Franco Pineda (alias 'Leonor'), Roque, Pilar y Natalia, quienes luego se integrarían a los pelotones y escuadras con responsabilidad táctica en cada uno de los pisos del Palacio.
Jacquin, quien se encontraba en la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pidió prestado el teléfono y llamó entonces, desde el Palacio, a Luis Otero, quien esperaba con los demás integrantes del Comando en una casa ubicada a pocas cuadras del palacio, para informarle que todo estaba bien e indicarle que no había policía. En ese momento partieron los tres carros en los que se transportaban 28 guerrilleros hasta el Palacio para ingresar por el sótano.
El Comando Iván Marino Ospina, que ingresó al Palacio de Justicia para realizar la denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, estaba conformado por 35 guerrilleros (25 hombres y 10 mujeres), seis menos de los contemplados en el plan original.
¿Qué pasó ese 6 de noviembre?
El M-19 irrumpe en el Palacio de Justicia
La entrada violenta de los vehículos al sótano del Palacio es descrita por algunas de las personas que se encontraban en el edificio así: "Entró una camioneta y un camión detrás, las varillas golpeaban las lámparas de la luz, no sabíamos de qué se trataba. Por el ruido, no nos dimos cuenta que estaban disparando".
Otro testigo, que se encontraba en el primer piso, expresó: […] cerca de las 11:30 a. m. del 6 de noviembre, estaba atendiendo a un abogado de apellido Bendeck Olivella cuando escuché un ruido raro en la parte del sótano y pensé que de pronto había sido algo como tubos fluorescentes destruidos. Vi hacia afuera un vigilante, el único que estaba en el primer piso, que corría con el arma en la mano y grité: “¡Hermanos, se entró la guerrilla!”, porque todo el mundo hablaba de eso en días anteriores.
Inmediatamente los medios de comunicación, en particular los periodistas de radio que cubrían a diario la Corte, difundieron la “crónica de una toma anunciada”: el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. La información era tan confusa entonces como el desarrollo mismo de los hechos. Los guerrilleros del M-19 entraron al parqueadero de la edificación a sangre y fuego, y fueron repelidos rápidamente por algunos de los escoltas de los magistrados que se encontraban allí en ese momento.
Dos vigilantes privados, los señores Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, no tuvieron la oportunidad de esgrimir sus armas de escasa capacidad defensiva ante la magnitud del ataque. En el fuego cruzado, dos guerrilleros resultaron muertos alias Jorge y la Enfermera y cinco heridos Ariel Sánchez, alias Carlos, Esteban, Orlando y César, lo que sumado a la ausencia de un grupo que no logró entrar, frustró rápidamente las posibilidades de que el M-19 pudiera controlar efectivamente el Palacio, de acuerdo con sus planes originales.
El grupo que había ingresado previamente y se había ubicado en las diferentes oficinas del Palacio, al escuchar los primeros disparos desenfundó sus armas y anunció la toma armada por parte del M-19. En el cuarto piso, Lucía Bermúdez de Sánchez, quien trabajaba en la Sala Laboral de la Corte, a las 11:33 a. m. oyó el primer disparo. Vio que una muchacha que parecía estudiante hacía “tiros con un revólver”.
En el primer piso, el secretario general del Consejo de Estado, Darío Quiñones, quien había visto al entrar a su oficina a unas mujeres, entre ellas Irma Franco Pineda, hermana de Jorge Franco, a quien él conocía, al poco tiempo escuchó disparos, y las jóvenes que había visto al entrar ingresaron a su oficina, les ordenaron tenderse en el piso y dijeron que era un asalto.
A esa misma hora, y desde las 9:00 a. m., el comandante de la Escuela de Caballería de la XIII Brigada del Ejército, coronel Luis Alfonso Plazas Vega, se encontraba en el despacho de su suegro, el ministro de Defensa Nacional, general Miguel Vega Uribe, en calidad de asesor técnico del Ministro. Un rato después salió raudo del despacho del Ministro hacia la Escuela de Caballería, cuando eran cerca de las 12 del día. Al Comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, le correspondió el plan operativo de retoma del palacio.
La reacción del Gobierno
A sólo tres cuadras de allí, en el Palacio de Nariño, el presidente Belisario Betancur atendía la presentación de cartas credenciales de los embajadores de México, Uruguay y Argelia, cuando fue informado del ataque por el general Caviedes, jefe de la Casa Militar, a las 11:30 horas, a pesar de lo cual no suspendió la ceremonia diplomática. "Las primeras instrucciones las di sobre las 13:00 horas al Ministro de Defensa y al Director de la Policía, y consistieron en restablecer la Constitución, con la cautela de protección de los rehenes y de los guerrilleros", afirmó Betancur. A esa hora recibió un casete con la proclama y las exigencias del M-19.
Mientras tanto, los rehenes que se encontraban en los pisos inferiores, frente al descomunal ruido de los disparos y el rápido ingreso de los tanques, se vieron obligados a permanecer en el piso y con las luces apagadas durante muchas horas para protegerse de los proyectiles disparados dentro del Palacio y desde los edificios vecinos, que fueron desalojados por la fuerza pública.
“A partir de ese momento los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a la de defensores, y la fuerza pública asumió la acción ofensiva”. A las 14:00 había tres tanques, uno en la carrera octava frente a la edificación, otro en la mitad de la cuadra y un tercero en la calle 12” El ruido del tanque indicó su aproximación. Antes de ingresar disparó quince proyectiles de grueso calibre contra la reja metálica. Dos bombas estallaron. La puerta cedió. Al entrar el tanque, la ametralladora Mag. 7.62 mm que tiene instalada en la parte superior golpeó contra el techo y se desprendió. Los soldados irrumpieron resguardados por la armazón.
El comandante del Batallón Guardia Presidencial, coronel Bernardo Ramírez, expresó a la Comisión de la Verdad que "una vez llegó la compañía de reacción, el tanque intentó entrar por el sótano con unos soldados del Batallón Guardia". Al intentar subir al primer piso, fueron repelidos, y dos soldados y un sargento resultaron heridos.
A las 2:05 p. m., cuando, de acuerdo con lo expresado por el coronel Plazas, “llegó la orden presidencial de retomar el Palacio y liberar los rehenes”, el teniente Tamayo, Juan Manuel Guerrero, el propio coronel Plazas y el dragoneante Orjuela entraron al Palacio de Justicia comandando cuatro tanques Cascabel.
Los tanques “ocuparon la primera planta, respondieron el fuego con la ametralladora y con el cañón lanzando granadas. Los helicópteros empezaron a sobrevolar por el costado norte y había una “lluvia de balas” que penetraba en las oficinas; caían las cortinas y las lámparas, los vidrios se reventaban, se vivía una situación de terror. Desde el tercer piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí para que el Ejército los rescatara, pero nadie les ponía atención.
30 años después: 8 desaparecidos
La guerrilla se concentró en dos puntos principales desde ese momento: uno en el cuarto piso, al mando de Luis Otero, y otro en el tercero, con el abogado Andrés Almarales al frente. Varios de los rehenes que se encontraban en el tercer piso evocan lo que han coincidido en llamar "la letanía" que el magistrado Reyes Echandía repetía incesantemente: “¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el Presidente de la Corte!”, y en la respuesta consistente en bombas y disparos provenientes de los tanques que estaban en el primer piso. Agregó luego a sus ruegos que necesitaba la presencia de la Cruz Roja, que necesitaba médicos porque había con él dos mujeres embarazadas que requerían atención, pero la respuesta siempre fue la misma. Luego de haberse comunicado en varias ocasiones con su hijo Yesid y con el Presidente del Senado y de haber intentado infructuosamente hablar con el Presidente de la República, el país escuchó a través de los medios de comunicación el angustioso y elocuente llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía: “¡Que cese el fuego!”.
Su hijo Yesid relató a la Comisión de la Verdad que cuando se enteró de la toma por parte del M-19, trató de ubicar a su padre y logró contacto en dos ocasiones con una secretaria de la oficina vecina, quien le informó que su padre estaba bien porque ella lo oía hablar y que estaba con un escolta, pero que había mucho ruido y humo. Luego se comunicó nuevamente y le contestó una persona que se identificó como Luis Otero, comandante de la "Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre". Afirmó que ellos querían dialogar, pero necesitaban que el Ejército no disparara más, y le dijo: “Nosotros necesitamos que paren el fuego o aquí nos morimos todos”. Yesid le pidió que le pasara a su padre, quien le repitió lo que le dijo Otero, que un comando del M-19 se había tomado el Palacio, pero que querían dialogar y que requerían que cesara el fuego que venía de afuera. Luego pasó Otero y le dijo que tenía 15 minutos para lograr que parara el fuego, o si no, todos morirían. Reyes se volvió a comunicar con su padre, quien le contó que había hablado con el director de la Policía, general Delgado Mallarino, y con el director del DAS, general Maza Márquez,y los dos le aseguraron que la orden de cese al fuego estaba dada y que era un problema de comunicación, porque la tropa a cargo del operativo no había podido recibirla.
¡Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego! La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente! Divulgue ante la opinión pública, esto es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? […] Es que no podemos hablar con ellos, si no cesa el fuego inmediatamente. Por favor que el Presidente dé finalmente la orden de cese al fuego […].
El clamor del presidente de la Corte Suprema de Justicia no fue atendido por el Gobierno. El fuego no cesó y la batalla prosiguió durante la noche con el palacio en llamas y se prolongó hasta el día siguiente. Los militares recuperaron el día 7 un palacio en ruinas y con decenas de muertos, entre ellos 11 magistrados de la corte, los 35 guerrilleros, numerosos civiles y 11 personas reportadas como desaparecidas.
Identifican a tres desaparecidos
A pocas semanas de cumplirse 30 años de dicha tragedia el Gobierno entregó los restos de tres de los desaparecidos. Entre ellos los de Cristina, la hermana de René Guarín. Sin embargo, las heridas del Palacio de Justicia siguen abiertas.
Los restos corresponden a Lucy Amparo Oviedo, encontrada en el Cementerio del Sur de Bogotá, a Cristina Guarín y Luz Mary Portela, encontradas en un cementerio privado.
Gobierno colombiano pide perdón a las víctimas
El Estado de Colombia, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, por primera vez pedirá perdón a las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando el Ejército y parte del cuerpo policial colombiano abrieron fuego contra el edificio para recuperarlo del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19), lo que causó la muerte de 98 personas.
Fuentes: Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia/Colectivo de Abogados Jose. Alvear Restrepo/El Tiempo/teleSUR-JR
Las voces que piden justicia
teleSUR te invita a conocer los testimonios de los familiares de las víctimas durante la toma y retoma.
