Cuando las rachas de Irma dejaron amanecer en Ciego de Ávila al 9 de septiembre, miles de sus habitantes tasaron la debacle con nitidez. Y aunque "ver los cielos abiertos" era hasta entonces una expresión de buenaventura, desde ese instante no lo fue más: habían perdido sus techos. Al otro día Raúl repitió en un mensaje que la Revolución no dejaría a nadie desamparado, pero el amparo no se ha traducido en un solo idioma. Hoy la ayuda intenta restituir el pasado y devolverle a “cielo abierto” su acepción antigua, paradójicamente, con un techo.
Ha quedado un epitafio en la calle del mar. Así la nombran. Cuando las casas se mueren o las matan no se les escribe nada en recordación, pero, en esa calle de Punta Alegre, se lee "36". Solo un número adosado a las tablas que las olas batuquearon y dejaron en la vaguedad del frente. Es su epitafio de número el que viene a confirmar que allí, ciertamente, hubo una casa.
Casi más milagrosa que la apariencia de hogar en Punta Alegre es aquella casa que llegando al Muñiz de Bolivia desafía la gravedad de Newton y quedó ladeada, como si Irma le hubiera dado un bandazo por la derecha y ella hubiese intentado defenderse con la izquierda. En aquel cruce de cuatro caminos que debe haber sido siempre lugar de indecisiones (y de brujería), la casita de Carlos Cancela ha venido a refrendarlo: ¿se está cayendo o se está levantando?
Eso, sin embargo, nunca pudo preguntárselo Humberto González, el pescador de Palmarito que nos despedía en Júcaro con “aquí tienen su casa”, la frase que soltó por costumbre, que vendría siendo casi lo único que le quedó. Si pena daba oír a un hombre ofrecer lo que no tenía, más pena daba corregirlo, hacerle entender que el sargazo no era piso, ni el cielo, techo.
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Cuando se levanten, ninguna de esas tres casas volverá a ser la misma. Tampoco las vidas que antes las habitaron, pero tanto en las que se redujeron a escombros (4231), como en las que se derrumbaron parcialmente (2851) o perdieron todo su techo (4746) o una parte de él (18 857), la gente volverá a ver los cielos abiertos y la frase no será reminiscencia de huracán, sino entrega de recursos. Algunos, poquísimos todavía, ya lo han experimentado y otros se mantienen a la espera en medio de una realidad que sigue negando la calma después de la tormenta. Porque la recuperación en esta provincia transcurre en paralelo, pero al menos en tres de las zonas más vapuleadas, no todas las historias hablan de lo mismo.
Lo cierto es que ha faltado información esclarecedora y se aglomeran tanto los que no saben y los que no entienden, como los que no quieren entender.
El segundo día que abrió sus puertas la oficina de trámites en la punta más triste de Chambas (Punta Alegre) Invasor llegó y calculó: 778 derrumbes totales + 245 derrumbes parciales + 224 casas sin techo + 295 con algo de techo, daba 1 542. Establecimos que los atendidos durante esos dos días (15 en cada una de las dos oficinas que tenía el Consejo Popular) podría ser el promedio y llegamos a la conclusión de que 1543 entre 30 daba un resultado muy alejado de la agonía de la gente a la espera de iniciar el recorrido que habrá de llevarlos a la adquisición de materiales (ese es otro cálculo). En la operación matemática no introdujimos las "variables" días perdidos por lluvia; trámites que se dilatan; gente que acudiría una y otra vez porque no tendría claro lo que debía llevar; errores en certificos, fichas técnicas y documentos que te hacen ir y venir…
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Por supuesto: la cuenta nos dio mal y el 26 de octubre, un mes y 17 días después de que Irma les arrancara un poco de sus vidas, el resumen diario emitido por el Subgrupo de Construcción e Inversiones del Consejo de Defensa Provincial terminó por corroborar que la lentitud se extendía más allá de esa punta: de un total de 31 540 afectaciones registradas en la provincia hasta esa fecha, solo 11 737 personas, el 37, 2 por ciento, se había atendido en las oficinas de trámites.
Las razones apuntan en tantas direcciones que, presumiblemente, desde cada una de las 43 oficinas habilitadas podrían esgrimirse justificaciones. No obstante, Aramís Hernández Rodríguez, jefe de ese subgrupo, generaliza y habla de que ha faltado organización en el llenado de la planilla; que muchos trámites se han demorado, que algunos municipios captaron los datos tardíos (menciona a Chambas, Morón, Ciego de Ávila y Bolivia)…
Pone un ejemplo. Después del 17 de septiembre, cuando el Ministerio de Economía y Planificación estableció las medidas para la asignación y entrega de recursos, y después de casi otra semana en que las rastras salieron y regresaron llenas, "había lugares que todavía no tenían expedientes listos para distribuir recursos. ¿Dime?", lanza la retórica Aramís en señal de lo inconcebible, si bien reconoce que la magnitud del dañoy la inexperiencia del territorio para enfrentar emergencias de este tipo de emergencias han dificultado las cosas.
Pero más allá de mediciones y datos que hay que corregir —la documentación no admite tachaduras— la cola también demora “porque así no hay quien trabaje”, añadía el 17 de octubre Vicente Portal Lozada, jefe de la Oficina de Trámites en el Consejo Popular de Máximo Gómez, en Chambas, mientras critica la iniciativa de distribuir donaciones justo en el local donde los especialistas de Trabajo, Banco, Vivienda y Comercio realizan sus operaciones. El ambiente, no obstante, se había ensordecido en varios puntos de la provincia. Sobraban motivos.
Ya sea porque en Júcaro la gente debatía lo preferible —como si pudieran decidir dónde levantarán los edificios que salvarán a Palmarito de otra ola gigante —, o Yanisel Piñó Osorio, jefa de la Oficina de Trámites dirimía las dudas hasta donde podía, o porque en Bolivia las personas sin estatus (que no son otras que las que siempre hemos llamado ilegales y el eufemismo de los informes les ahorra ahora el tono peyorativo) no sabían si un terreno costará 800.00 pesos o 150.00, y si tal suma será "al conta´o" y debían traerla para solicitar oficialmente el solar que siempre han ocupado… Lo cierto es que ha faltado información esclarecedora y se aglomeran tanto los que no saben y los que no entienden, como los que no quieren entender.
En tales circunstancias se exacerbaba el desamparo y de ese foso, adonde el humanismo revolucionario no ha querido que nadie caiga, se han salvado hasta quienes la condenan o lucran a su costa. Las dádivas no distinguen, solo se habla de prioridades. Pero la cola es laaarga y tiene vericuetos. Se puede encontrar a Claribel Paz Sánchez agradecida en Punta Alegre porque fueron a medir su casa debajo de un aguacero y a Daniuska Chacón Salgado sentada en una silla, en Bolivia, llegando de Muñiz con un hijo en brazos sin saber a qué vino exactamente ni a qué hora regresará al cuartico que levantaron, donde vive con sus otros dos niños.
Todas esas historias, las bellas y las tristes, llegan a un punto en el que las diferencias terminan por acentuarse más: las capacidades de pago hablan de jerarquías, esfuerzos, vagancias, migraciones, oportunidades, oportunismo… Los porqués detrás de cada crédito, subsidio o pago en efectivo son un poco el resultado de las vidas que los solicitan y, obviamente, no son iguales. Muchos damnificados se han presentado como desempleados y tal situación no impide, aunque sí limita y dilata, el acceso a las modalidades de pago.
La idea de contratar a los afectados para la construcción de sus propias casas ha beneficiado a algunos, pero esa no es hoy una solución a largo plazo: ¿o suponemos que tardarán 15 años en la construcción hasta devolverle al banco la cuota de cada mes, por más bajo que sean los intereses?
Allí donde el huracán noqueó a la gente, la escasez de ofertas de empleo había golpeado antes. Desde la instancia municipal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Chambas, su director Adel Pérez Sánchez lo reconoce y explica que la empresa pesquera contrató a un grupo de pescadores que ya lo hacían antes de manera furtiva, y que no sabe cuántos más podrá acoger esa unidad sin recalar en pérdidas, pero que la zona de Punta Alegre tiene una compleja situación laboral. "Eso tampoco resolverá el problema", dice. Su par en Bolivia, Mileivis Álvarez Placencia emite opiniones similares sobre las escasas opciones en un municipio desfavorecido en industrias, empresas y sin inversiones que justifiquen el despliegue del arroz para las tierras que, en papeles, se entregaron con esos fines y en la práctica deben alternarse por la obstrucción en los canales.
Otras verdades “justifican” también la lentitud y Enny Más Menejías, gestor de negocios del Banco Popular de Ahorros, lleva la cuenta. El 17 de octubre tenía 44 expedientes sobre su mesa en la oficina del Consejo de Punta Alegre; créditos aprobados desde hacía más de 10 días, cuyos beneficiados no habían pasado a recogerlos. “¡Y yo, que trabajé hasta el domingo en la casa pa adelantar!, decía sin entender la parsimonia de algunos.
No es el caso de Ayineldis Varela Legón, quien “custodiaba” la oficina jucareña antes de que abriera sus puertas el 11 de octubre para poder dormir un día, no muy lejano, con su techo de tejas allá en su casita de La Pulla; un poblado que duele como su nombre.
Sin embargo, hay un dato revelador que explica (quizás como ninguno) los hilos que enrollan y atan la brevedad: de las 11737 personas que hasta el día 26 habían pasado por las 43 oficinas de trámites, 7 526 se registraban sin estatus (el 64 por ciento). Vivían ilegalmente, lo que supone que desde sus instancias municipales el Instituto de Planificación Física (IPF), tiene que medir terrenos, ver los colindantes, evaluar los suelos, aprobar el derecho perpetuo de propiedad…evaluar para que en el futuro el otorgamiento no sea más un problema, que una solución.
“Ya hemos acortado el tiempo, todo eso no debe demorar más de 10 días” aclara Yannia Salazar Kolb, directora municipal del IPF en Bolivia, quien admite que antes dichas gestiones demoraban mucho más.
Pero salir de una Oficina de Trámites no supone, siempre, salir a comprar los recursos. Según el parte diario que emite el Grupo Empresarial de Comercio, hasta el día 26 de octubre, de los 11737 atendidos, solo 4 054 personas habían adquirido materiales. El resto está en camino.
En 40 puntos y tiendas de la provincia se comercializan los recursos bonificados en un 50 por ciento. Nadie se atreve a desconocer semejante dádiva y lo aclara Marina Pérez Mallea antes de quejarse: "yo no quiero sonar malagradecida, pero ¿y cómo me llevo de aquí lo que me dieron? Este es el tercer día a la espera y nada". La administradora de La Flota, Belkis González Gutiérrez, le daba la razón desde esa tienda en Máximo Gómez (Punta Alegre). “Aquí la lentitud o la rapidez la pone el transporte”. Días después una inspección al lugar del subgrupo que atiende la Construcción y las Inversiones detectaba que allí también existían cuotas de inoperancia a la hora de almacenar y comercializar materiales.
Lo que no sospecha Marina es que si viviera en Bolivia no tendría ese “problema”, porque ni siquiera han concebido el transporte para el acarreo de los recursos que vende La Higuera. En sus puertas, los carretoneros hacen cola para que los alquilen. Eso, cuando hay lo que buscan, pues los suministros no han sido estables ni abundantes y las consecuencias se anotaban ya en una lista de espera que engrosaban 42 personas, a la espera del “fibro”. Cada cuatro horas cambiaba el turno de quien custodiaba la entrada de la rastra. Todo un engranaje del desespero.
En Júcaro no han llegado a tanto, aunque la dependienta Mayibys Méndez lleva a punta de lápiz los días de ausencia de esa cubierta y da por sentado que los afectados también. Todos lo saben; incluso Aramís Hernández Rodríguez reconoce que los recursos que han entrado no se acercan a respaldar la demanda de las afectaciones. “Es un daño de gran magnitud, hay mucho esfuerzo detrás de cada envío, pero no somos los únicos afectados”.
Los datos aportados evidencian que un mes después de la catástrofe las cubiertas dispuestas en las tiendas apenas alcanzaban para la mitad de las viviendas que perdieron todo su techo.
No obstante, las garantías de lo que aquí se hace tampoco alcanzan para suplir las carestías y cuando Gradimir Santos López, jefe del subgrupo de Construcción e Inversiones en el Consejo de Defensa Municipal de Chambas (el municipio que sobresale en el territorio por los volúmenes de su producción local de materiales), saca las cuentas de sus moldes, llega a la conclusión de que, aun disponiendo de la materia prima, necesitarían varios años para colocar cubierta sólida en sus 1 561 casas derrumbadas.
Sucede lo mismo con su par en Bolivia, Mileisy Cabeza Castillo, mientras habla de sumar una bloquera con capacidad de 800 bloques diarios. Ninguna de las cuentas alcanza: la magnitud del destrozo sigue siendo superior a la velocidad de respuesta, por más que los cómputos de la Empresa de Producción de Materiales de la Construcción muestren un incremento sostenido durante el mes de octubre.
El subdirector de inversiones en la dirección provincial de Economía y Planificación nos ahorra cualquier pronóstico. "El desafío es inmenso, no me atrevo a definir una fecha, aunque se están proyectando aumentos en nuestras capacidades productivas para acelerar la recuperación y este debe ser un momento oportuno para mejorar la situación de la provincia". Yens Toledano Padrón cita el documento, no se compara, pero sabe que desde antes nos hacía falta el impulso, pues este territorio se ubicaba entre los cinco que menos casas construye y termina por año, (1 188 en 2016), según revela el informe Construcción en Cuba. Indicadores seleccionados. Enero-Diciembre 2016, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información , en mayo último. El daño de Irma al 19 por ciento del fondo habitacional fue el colmo de los males.
Descargue aquí: Construcción en Cuba. Indicadores seleccionados. Enero-Diciembre 2016
En la tienda de Bolivia, los carretoneros hacen cola para que los alquilen. Eso, cuando hay lo que buscan los damnificados.
Desde la Empresa Provincial de Servicios Técnicos de Arquitectos de la Comunidad se intenta ponerle coto al asunto. Su director, Juan Carlos Martínez Peña, habla de viviendas progresivas, un concepto que no limita el crecimiento del hogar, una vez edificado, y que ha sido pensado y proyectado en tiempos de contingencia para las casas priorizadas que el Estado levantará en los 10 municipios (30 en cada uno).
Lo atestigua Rodolfo Monguía García, especialista principal de los proyectos estatales, quien después de mostrarnos en tercera dimensión el proyecto de esos hogares, admite haber dormido poquísimas horas y habla de cómo el entusiasmo mata la creatividad, y que pensar es muy barato y no pensar, muy costoso. Queda conforme, no obstante, con lo que muestra y ya se ejecuta en Punta Alegre, donde al pie de la obra un especialista de la Empresa Constructora 01 de Chambas impulsaba la cimentación.
Juan Carlos sabe que se someten a una disyuntiva que pesa en la vida de miles de avileños: ¿futuro o presente? ¿Diseñan una cimentación para cubierta de zinc, de manera que un día pueda tener una placa y construir dos cuartos encima, o proyectan viviendas para resolver el problema puntual del huracán?
Aun cuando considera vital salir con sus profesionales a los lugares afectados para ofrecer talleres de cómo colocar bien un techo y asesorar los esfuerzos propios para que no "vuelen" durante la próxima temporada ciclónica, es consciente de que la arquitectura es una rama muy subestimada. De alguna manera, Irma lo dejó claro.
¿Y con pocos recursos cómo podemos pensar en cimentaciones que admitan placa o estén proyectadas para cuando la familia crezca?, cuestiona el jefe del Subgrupo de la Construcción e Inversiones, sin desconocer que cada uno tiene su cuota de razón. Y la razón, como el esfuerzo de la gente, como los tropiezos que lo boicotean, parece estar en muchas partes.
Pero hay quien solo está mirando su techo y ya ve los cielos abiertos.
Otra vez.
Créditos
Katia Siberia Yaudel Estenoz Alejandro García Sayli Sosa
