VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES: LA AGENDA PENDIENTE DE LA (IN)JUSTICIA

Por: Zulema Alanes Bravo

Michelle tuvo que guardar por más de una década la verdad atravesada en su garganta. A sus siete años, sus padres no sólo no le creyeron cuando les contó que su tío la había manoseado, sino que la obligaron a pedirle disculpas por "inventar" tales ofensas. Tres años más tarde, trajeron al tío a vivir a su casa en Santa Cruz. Entonces la violencia se tornó extrema. Durante un año violó a Michelle y a sus dos hermanas, de siete y cuatro años.

Sobrevino el silencio.  Las niñas callaban la agresión y la sufrían en soledad, nunca hablaron de la violación entre ella. Ya quinceañera, Michelle manifestó los primeros síntomas de anorexia, el trastorno alimentario en el que se refugió  para lidiar con la percepción distorsionada de su propio cuerpo provocada por los vejámenes a los que fue sometida.  "Tras dos años de tratamiento, entre psicólogos y nutricionistas, no había señal de mejoría, entonces intenté el suicidio". 

La violación le dejó heridas profundas. Algunas hasta ahora son visibles. Los tatuajes en sus muñecas apenas disimulan el primer corte que le infringió su violador para obligarla a callar y aun dejan entrever los cortes que ella misma se provocó cuando creía que su única salida era la muerte.

Hace poco más de dos años todo tomó otro rumbo. Un día su hermana entró en crisis y por fin sus padres creyeron lo que ella ya reveló de niña y presentaron una demanda por triple violación a menores. Lamenta que a ella no le hubieran dado crédito porque tal vez sus hermanas no hubieran tenido que pasar por ese padecimiento. “Los papás tienen que creer si una niña dice que la han lastimado, una niña no puede inventar algo así, no puede, una niña no miente”.

Michelle acaba de cumplir 22 años, pero tiene la apariencia de una adolescente. Pelo corto, delgada y algo más de metro y medio de estatura, pero sus ojos, color café oscuro, miran más allá del drama que vivió de niña. Aunque tiene serias observaciones al sistema de justicia, no se desalienta. Ha logrado que se impute al agresor que sigue prófugo y enfrenta dos procesos en rebeldía. Sólo espera que llegue el día que "entre a la cárcel y no pueda hacernos más daño”.

Alrededor de 15 millones de niñas adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo han sido víctimas de violencia sexual, según el informe Una situación habitual. Violencia en las vidas de los niños y adolescentes que acaba de publicar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"En todo el mundo alrededor de 15 millones de niñas adolescentes de entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en sus vidas; nueve millones fueron víctimas durante el último año" dice el informe. Y la representante de Unicef en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, asegura que si bien no se pueden proyectar esos datos a Bolivia, es claro que la violencia contra la niñez no tiene fronteras.

Según el estudio que se llevó a cabo en 28 países del mundo, nueve de cada 10 adolescentes que sufrieron abuso sexual informaron haber sido víctimas de una persona cercana o conocida. Además reveló que solo el uno por ciento de las víctimas de violencia sexual intentaron conseguir ayuda profesional.

Lo cierto es que aquí y allá, persiste una lógica de encubrimiento, hay cifras sombra que no permiten saber cuántos casos existen, impera una lógica de impunidad y de silencio. La falta de cifras no puede eludir la responsabilidad del Estado, por ello Unicef considera que en Bolivia ha llegado la hora de declarar la alerta nacional para poner en acción a todas las instancias que deben encarar de manera estructural esta problemática.

En Bolivia una de cada tres niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años lo que convierte al país en el segundo con más víctimas en América Latina denunció, en marzo de este año, la organización Una Brisa de Esperanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un equipo de abogadas de ese centro especializado en casos de violencia sexual con sede en Cochabamba, viajó hasta Washington para advertir a la comunidad internacional que la legislación vigente en Bolivia "encubre la violencia sexual contra las niñas y adolescentes".

En Bolivia una de cada tres niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años lo que convierte al país en el segundo con más víctimas en América Latina.

La comisión de la 161 Sesión de la CIDH tomó nota que, por ejemplo, en el caso del estupro, la legislación boliviana lo caracteriza como "seducción y engaño", es una violación sexual encubierta que, además, cuando se denuncia no suele ser sancionada con las penas que establece la ley –de tres a seis años– porque los perpetradores alegan “consentimiento de la víctima”.

En La Paz la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Consuelo Torres coincidió con esa interpretación, con un agravante: “en muchos casos, ese tipo de delitos son propiciados por los padres de la víctima”. Entre los expedientes que procesa esa institución está “el caso de una adolescente de 15 años 'seducida' por un médico residente que ‘retribuye’ con regalos costosos y la promesa de comprar un departamento para convivir en un futuro próximo la complacencia de los padres de la víctima”.

Según Torres, sólo este año en el municipio de La Paz se registraron 48 denuncias por estupro confirmando que persisten arraigadas prácticas culturales que contribuyen a legitimar la violencia sexual y alientan en los varones la idea de que la afrenta de una violación no será sancionada si contraen matrimonio con la víctima. 

Pueden derivar en una suerte de matrimonios pactados que truncan el desarrollo integral de las adolescentes, las obliga a abandonar prematuramente sus estudios, les niega la posibilidad de forjar su independencia económica, les impone tempranamente la maternidad y, en general, las somete a la voluntad de sus parejas.

En la ciudad de La Paz cada dos días se denuncia una violación a niñas y adolescentes. De enero a octubre de 2017 se han registrado 150 casos, y con las que se arrastran de la anterior gestión suman 264. De ese total se han logrado 28 sentencias, la mayoría de los perpetradores son padres de las víctimas, seguidos de profesores y de policías. “Personas que se supone debían protegerlas”. De todas las víctimas, tres están embarazadas como consecuencia de la violación y 20 han pasado a la tutela institucional porque no cuentan con un entorno familiar que las proteja.

En la audiencia ante la CIDH, las abogadas de Una Brisa de Esperanza pusieron en evidencia los vacíos del Código Penal y cuestionaron a los juzgadores que, aun de estar advertidos que en más del 80 por ciento de los casos de violencia sexual no existe violencia física y que en más del 85 por ciento el agresor es el padre biológico o una persona cercana, exigen a la víctima que demuestre que no dio su consentimiento y que fue sometida con intimidación y violencia. Juzgan con una premisa falsa: "si no hay lesión, no hubo abuso". Pusieron en evidencia la falta de capacitación de los operadores de justicia.

Shirley Becerra, jueza de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, dio fe de ello. “Las instituciones, todas, no tienen personal capacitado en materia penal. ‘Me adhiero a lo expuesto. Me adhiero a la prueba’, es el argumento recurrente de defensores y abogados. No son incisivos, no investigan, no acompañan a las víctimas, y son corresponsables de sentencias que no hacen justicia”.

La Fundación Munasim Kullakita ha verificado que en los procesos judiciales  las víctimas deben contar al menos cinco veces su historia. "A la familia, la policía, la defensoría, la Fiscalía, en cámara Gesell y en la casa de acogida o institución donde es recibida", señaló el psicólogo Ariel Ramírez y advirtió que cuando se denuncia “los procesos se centran en el último hecho delictivo, si denuncia a los 14 años ya no se toma en cuenta que hubiera sido violada desde los ocho. Se intenta sanar una herida sobre una llaga infectada y con pus”.

La abogada Jessica Echeverría conoce los procedimientos del sistema judicial al derecho y al revés y puede detallar todos los resquicios que propician la impunidad. Sabe que la palabra de las víctimas, única evidencia de la violación, suele ser ignorada, por ello ha decidido actuar desde el activismo ciudadano para exigir justicia y reparación.

Ante el toque de alarma que representó la muerte de Alison, la niña de seis años que en junio pasado fue violada y asesinada por sus primos de 12 y 14 años en el municipio de Portachuelo, departamento de Santa Cruz, activó junto a un grupo de profesionales la Red Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual, un voluntariado que brinda asistencia psicológica y legal gratuita a las víctimas. 

A punta de presión y de plantones en las audiencias judiciales y con una estrategia de denuncia a través de las redes sociales, desde agosto la Red ha logrado enviar a la cárcel al menos a 30 violadores "y sabemos que es apenas una de las fibras de un ovillo muy enredado. Los operadores de justicia además de insensibilidad muestran total desconocimiento de las normas y los protocolos". Pone como ejemplo el caso de los jueces que en una audiencia hicieron comparecer a una niña ante el hombre acusado de haberla abusado sexualmente hace tres años, “ahí falló todo el sistema, que mostró incapacidad y negligencia”.

Echeverría reconoce que el activismo puede ayudar pero no resolverá todas las fallas del sistema procesal. La Fiscalía no actúa de oficio en la investigación y recolección de evidencias, y demora seis meses en formular una acusación y solicitar medidas cautelares. 

Los funcionarios no están sensibilizados, “cómo un forense puede decirle a una niña, 'apúrese por favor, a ver señora ayude a su hija de una vez a que se saque el calzón'; no está bien que una psicóloga que debiera tener una actitud de escucha adecuada interrogue ‘a ver mi amor dibújame cómo fue que te hizo, que te dijo, con que palabras’, o que una funcionaria de la Defensoría cuestione ‘pero su hija no es virgen’ a una madre que busca justicia”. No se cumple la celeridad, los juzgados tardan meses en sortear la apertura de un juicio, los procesos pueden prolongarse por años, no hay gratuidad y “las sospechas de corrupción recaen sobre todo el sistema”.

La jueza Becerra admitió que constató esos extremos cuando le tocó estar como denunciante. “Tuve que peregrinar, tráigame usted fotocopias, tiene que pagar esto, usted tiene que llevar, vaya y notifique, no tengo dinero para el transporte (…) ocurre en todas las instituciones, la Policía, la Fiscalía, los juzgados, y desgraciadamente es cierto que existen hechos de corrupción”.

Según Daniela Pedraza, abogada del Centro Especializado en Atención y Prevención Terapéutica (CEPAT) de la Gobernación de Santa Cruz debe primar el interés superior de la niña o adolescente, cambiar los criterios de valoración de las pruebas y acelerar los procesos. “Realizamos un trabajo terapéutico para que la víctima supere el trauma de la violación, para que recuerde sin dolor y no se suicide, y la Fiscalía la somete a nuevos interrogatorios al cabo de un año del hecho (…) temblaba en la silla porque tenía que relatar lo mismo que dijo el primer día. Se recuperaron 500 vídeos pornográficos con menores de edad, una galería de la víctima desnuda y en el acto sexual, pero no es prueba válida una foto de celular. Parece un sistema hecho para proteger al violador”.

Algunas activistas de la Red son sobrevivientes de violencia sexual y no quieren dejar ni un solo cabo suelto, alientan a denunciar el abuso sexual sin importar hace cuánto tiempo fue cometido porque “sabemos que quien abusa obliga a callar, hace sentir sucia y desvaloriza, sólo la reparación y la justicia pueden impedir que de adulta una víctima de violación sea una potencial víctima de otras formas de violencia y de feminicidio”.

Cuestiona también a la sociedad que “naturaliza la violencia” y ha emprendido una campaña para poner fin a concursos como el “Miss Chiquitita” –un contrasentido, Señorita Chiquitita– que promueven la hipersexualización de niñas y adolescentes.  Se trata, según la psicóloga Marynés Salazar de una forma de abuso sexual exacerbador que está prohibido en el Código Niño Niña Adolescente pero que no se regula y ninguna autoridad se encarga de hacer cumplir y, peor aún, es promovida por los padres y madres de las niñas cuyos cuerpos se exponen tempranamente, en lugar de decirles las cosas por su nombre, y enseñarles la diferencia entre los buenos y los malos secretos.

En la mayor parte de los casos judicializados las violaciones fueron cometidas por conocidos y familiares que acceden con facilidad a las víctimas y aprovechan la confianza forjada en la convivencia. Se dan en forma progresiva en el contexto de una relación de afecto cimentada previamente por el agresor que luego devienen en manipulación, engaños, amenazas y distintas formas de coerción.

"Esto no puede estar ocurriendo" fue lo primero que Cecilia se dijo a sí misma el día que su hija le contó que su padre la violaba desde hace algún tiempo y que también realizaba toques impúdicos a su hermana menor. Ya hace un año del día en que descubrió todo. Tuvo que salir de Warnes, su lugar de residencia, para buscar justicia en Santa Cruz. Entonces se prolongó su vía crucis.

Se resguardó en el refugio transitorio para víctimas de violencia de la Casa de la Mujer y prácticamente se instaló en la Fiscalía hasta lograr la orden de aprehensión de su exmarido. Y otra vez la romería, todos los días luego del trabajo hacia la Fiscalía y a escuchar el reclamo de los funcionarios: “¿Usted no tiene oficio en su casa? ¿Cree que es el único caso?”. Cuanto más la cuestionaban más arriba llegaban sus reclamos –Fiscal Departamental, Derechos Humanos, Defensoría– y era como ingresar a una lógica de avances y retrocesos. Y constatar hasta dónde puede llegar la negligencia. La gota rebalsó el vaso el día que el policía responsable de la escena del crimen, admitió que perdió los condones que recogió de su casa, evidencia clave de la violación de su hija.

“Hoy casi un año que mi marido, padre de mis hijas, está con detención preventiva. Hoy hace un año que abandono a mis hijas todas las tardes, para hacer seguimiento del caso”. Su persistencia no aceleró el proceso “las pericias de mi hija llevaron desde noviembre hasta abril.  Véngase el lunes, el martes, el miércoles… ya van dos meses que no sortean al Tribunal que debe iniciar el juicio “.  Ante su insistencia un fiscal la amenazó con imputarla por encubrimiento: “Usted por qué se aflige en buscar justicia si sabía lo que le estaba pasando a su hija”.

Las irregularidades se multiplicaron. Como cuando sus hijas tuvieron que declarar en la cámara Gesell bajo vigilancia de toda la familia del padre que les recrimina por haberlo denunciado. O cuando se borraron los mensajes que el padre enviaba por celular a sus hijas acompañando fotos donde se lo veía golpeado, con sugestivos mensajes para que las niñas cambien su testimonio.

No en todos casos las madres respaldan a sus hijas. En La Paz, la adolescente que se animó a revelar la violación de su padre luego de escuchar una charla preventiva de la Policía en su colegio, debe resistir la presión de su madre que a poco de denunciar el hecho la obligó a visitar a su padre en la cárcel.  Tuvo que ser alejada de su casa y enviada a un refugio temporal de la Defensoría. Y sobre mojado llovido, a los pocos días debió enfrentar la acción de libertad que su madre firmó para excarcelarlo.

Las víctimas de violencia sexual con frecuencia callan por miedo, culpa, vergüenza. Se sienten impotentes, cómplices, humilladas y estigmatizadas. Pero sobre todo se saben indefensas.

En base a los casos que atiende la Fundación Munasim Kullakita , el psicólogo Ariel Ramírez aseguró que el 70 por ciento de las víctimas de trata y tráfico vivieron previamente violencia sexual en sus hogares y todas aseguran que en la calle se sienten mucho más seguras que en sus casas.

“La violencia sexual rompe su proyecto de vida. Cuando se denuncia, los procesos se centran en el último hecho delictivo, si denuncia a los 14 años ya no se toma en cuenta que hubiera sido violada desde los ocho. Se intenta sanar una herida sobre una llaga infectada y con pus”, afirmó Ramírez.

Los procesos son tan largos que muchos se abandonan a poco de iniciarse. Al principio la familia busca justicia pero pronto se cansa y abandona las instancias judiciales y su única preocupación es el restablecimiento de su hija que se tornará más complejo si en el afán de llamar la atención de las autoridades hizo público el caso y permitió que los medios de comunicación difundan datos de la víctima. La estigmatización social y el reproche de la familia complican la situación de la víctima.

“A una víctima de violencia sexual comercial que se reintegró a su familia le cortaron el cabello, le fajaron los senos y le pusieron ropa de varón para que no la reconozcan y para que no la acosen”. 

La otra paradoja es que las víctimas son institucionalizadas, se las separa de sus hermanos y de su entorno familiar supuestamente para protegerlas, sólo pueden recibir visitas con autorización judicial, pero eso les provoca más ansiedad y culpa.

Uno de los casos emblemáticos en la ciudad de El Alto es el de la adolescente a la que transmitieron en Vih como consecuencia de la violación.  Escapó de su casa cuando quedó embarazada porque su madre optó por proteger al violador que era el proveedor de la familia. En el alumbramiento, por parto natural, transmitió el Vih a su bebé que murió a las pocas semanas. Entonces tenía 14 años y a sus 16 continúa en el empeño de recuperar su proyecto de vida y, sobre todo, superar el estigma y el rechazo por ser una persona Vih positiva.

El cuadro se complica en el caso de víctimas de las áreas rurales. Marcos Paz, investigador del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal (OMMN) documentó evidencias preocupantes de la asociación entre violencia sexual embarazo y mortalidad de adolescentes.

Detalló que a través de la reconstrucción de las historias de vida de varias adolescentes muertas en su proceso de gestación “Hemos vistos casos reiterados de mujeres, jóvenes, muy jóvenes, niñas embarazadas que no han podido sortear esa nueva circunstancias, han terminado en suicidios. En ninguno de los casos se ha producido un acercamiento de las estructuras del Estado para brindar cierto tipo de protección”.

Esas historias de vida han confirmado algo que ya lo advirtió el 2014 un informe de la Defensoría del Pueblo: que el matrimonio forzado de niñas y adolescentes es una práctica corriente en el país. “He visto un caso en Pando, un hombre de 53 años con una niña de 13. Ese tipo de situaciones muestran que está naturalizado el abuso sexual y la violencia contra las adolescentes y en pueblos enteros te dicen así siempre ha sido” dijo.

El matrimonio forzado de niñas y adolescentes es una práctica corriente en el país.

Y la impunidad campea. En el municipio yungueño de La Asunta, Julia retornaba del colegio a su casa y fue interceptada y violada por su vecino. Cuando conoció el hecho, su padre inicialmente apeló a los usos y costumbres de la zona y acudió a las autoridades comunitarias.  No encontró respuesta, entonces  formuló la denuncia ante la Fiscalía de La Paz.

El hecho ocurrió el 2014 y hasta hoy la justicia no se ha pronunciado. Antonio, el padre de la niña, es agricultor y debe dejar sus faenas para viajar y recorrer 511 kilómetros, al menos dos veces al mes. De La Asunta a La Paz, de La Paz a La Asunta. "Cada dos semanas llego a La Paz desde La Asunta, ya ni mi comunidad me apoya, 'dejá el caso', me dicen. Pero no puedo, mi hija está traumada y así el violador luego puede hacer daño a otras niñas".

El 2015 la justicia determinó la detención preventiva del agresor, sin embargo un año después le concedió detención domiciliaria y está prohibido de retornar a su comunidad. "Cuando uno es pobre no hay justicia, peor ahí adentro donde vivo, te pueden asesinar y nadie se entera. Ahí no se conoce la justicia, ni Policía hay. Casos graves conozco", opina Antonio.

Y la abogada Marisol Quiroga, de la Alianza Libres de Violencia, que coadyuva en el proceso asegura que se han cometido muchas irregularidades, "se ha revictimizado a la menor y se la ha puesto nuevamente en riego al dejar en libertad al agresor". Actualmente el caso continúa en juicio en el Tribunal Anticorrupción y de Violencia  Hacia las Mujeres de La Paz.

La historia se repite en el caso de Ana que vive con su madre, su padrastro y su abuelo materno, en la comunidad de Nogalina en Chulumani, Sud Yungas de La Paz. Acababa de cumplir 13 años cuando su vecino la violó. No tuvo reparo en plantear planteó un “arreglo" a la familia, luego fugó y está prófugo hasta hoy.

La madre de Ana, no bajó los brazos a pesar de las amenazas y agresiones físicas de la esposa del violador y del asedio constante contra Ana a quien esperan a la salida del colegio y la insultan: “sucia”, “cochina”, “amante de mi marido”.

El hecho ocurrió el 2015 y la violencia no ha cesado, pero la justicia no ha llegado. Para colmo, el informe de la Defensoría de la Niñez de Chulumani ha reportado que la víctima “no tiene ningún daño psicológico” contradiciendo el criterio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que le diagnosticó “estrés postraumático” agravado por el acoso de los familiares del agresor.

La justicia no sólo llega, simplemente no existe. La madre debe viajar 200 kilómetros de Chulumani a Caranavi para seguir el proceso porque en su municipio no hay ni una oficina judicial.  Los fiscales está tan lejos de las víctimas que según la abogada Marisol Quiroga “El Ministerio Público no hizo ninguna actuación”, ni siquiera ejecutó la orden de allanamiento que hubiera permitido dar con el violador en una casa de la ciudad de El Alto.

El Estado está ausente en vastas extensiones del territorio y, por tanto, no se cuenta con un sistema de justicia y protección. Quienes sufren abusos sexuales y otras formas de violencia se someten a un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

Producción Multimedia: Arnold Guachalla L.

Apoyo de reportería: María Angélica Michel P. (La Paz), Carmen Julia Lujan C.(Cochabamba) y Mercedes Fernández M. (Santa Cruz)      

Esta investigación se realizó en el marco del Fondo Spotligth III de Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación Para el Periodismo (FPP) con el apoyo del European Journalism Centre.