Por: Jimena Mercado C.
Una suerte de "fiebre del oro" en el caso boliviano, y concretamente en el departamento de La Paz, ha visto nuevas formas de camuflar la explotación ilegal; a partir de oscuras sociedades entre capitales extranjeros y cooperativas auríferas, bajo el rótulo de "contratos de prestación de servicios" o a través del avasallamientos de áreas fiscales inmovilizadas, que terminan consolidándose en favor de los ilegales.
Una travesía realizada por la Agencia de Noticias Fides (ANF), por los ríos Kaka y Beni del norte del departamento de La Paz sacó a la luz pública el 17 de junio, que tras las dragas chinas y colombianas que explotan oro de manera ilegal, se esconden relaciones contractuales entre capitales extranjeros con las cooperativas auríferas -titulares de las áreas mineras- al margen de la ley.
Once días después la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmaría el hallazgo luego de un operativo realizado en el río Kaka, que derivó en la aprehensión de 14 chinos, 7 colombianos y un boliviano. El propio ministro de Minería, César Navarro en sus primeras declaraciones dijo: “La AJAM ha hecho inspecciones en el río Kaka y se ha procedido a la detención de súbditos extranjeros que estaban explotando ilegalmente oro en complicidad con algunas cooperativas auríferas en el norte de La Paz”.
El reportaje: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas” que forma parte de la presente investigación, develó que las imponentes dragas de fierro, aunque llevan la bandera boliviana, son operadas por trabajadores chinos y colombianos, quienes emplean miles de litros de diésel subvencionado.
Los capitales extranjeros llegaron decididos a explotar los recursos naturales no renovables, se asociaron con cooperativas locales que les entregaron sus cuadrículas a cambio del 20% ó 30% de lo que explotan.
El sonido de los ríos Kaka y Beni quedó enmudecido por los motores de gigantes dragas chinas denominadas “dragones” y otros planchones colombianos, que llenaron las orillas de alfombras de piedras a modo de “reposición del suelo”, en aquel lugar, en el que hace apenas dos años todavía se producía maní, se levantaban frondosos platanales y surgían cítricos de varias especies en fértiles playas de la Amazonía.
La travesía cumplida desde Caranavi pasando por los municipios de Teoponte y Guanay hasta llegar a Rurrenabaque por el río Beni, con una parada en la comunidad de Mayaya, permitió evidenciar la presencia de imponentes dragas de hasta más de tres pisos de altura y más de 100 metros de largo a los que calificó luego, de “monstruos”, el director ejecutivo de la AJAM, Erik Ariñez.
“Lo peor es eso, que hay permisos desde arriba, hemos llegado hasta al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Minería, a muchas instancias y hemos chocado contra la pared (…) me he sentido muy agredida. Nosotros somos un pueblo tranquilo, pacifico, pero también merecemos consulta”, dice la alcaldesa interina del municipio de Teoponte, Patricia Calderón.
Para el concejal Edwin Peñaranda del área de Tierra y Territorio del municipio de Teoponte el asunto es mucho más grave que la convivencia pacífica con los extranjeros. Considera que no sólo hay omisión, sino una clara complicidad de autoridades vinculadas a la minería y de los propios cooperativistas por permitir el saqueo flagrante del oro.
“Hemos metido notas el 14 de junio de 2017, hemos pedido informe al ministro de Minería, César Navarro, se ha solicitado información para saber cómo están ingresando al país los extranjeros, cómo han metido esos planchones para armar semejantes dragas, después enviamos notas a Ferreco y no recibimos ninguna noticia, no responden (…). Se pasan la pelotita entre la AJAM, Minería y Medio Ambiente”, reclama.
Menciona que una inspección municipal realizada el 9 de agosto del año pasado desde la comunidad de Mayaya sobre el río Kaka hasta llegar al pueblo de Teoponte se pudo evidenciar la presencia de siete dragas con los denominativos: Dragón 1, Dragón 2, “ya hay muchos dragones”, dice.
ANF cuantificó aproximadamente diez dragas, ocho chinas y dos colombianas desde la partida de Teoponte, pasando por Guanay, Mayaya, Yiquimuni y Puerto Pando, además de dos a tres a punto de ser ensambladas, como si se tratara de juguetes mecánicos de armar, pero en proporciones descomunales que pesan varias toneladas y que oscilan entre el medio millón a más de 1 millón de dólares.
Peñaranda respalda sus versiones con documentos que saca de su escritorio y muestra el loteamiento de cuadrículas dispuestas por la AJAM a las orillas de los ríos que conectan con la Amazonía.
En una carta firmada el 11 de julio de 2017, el director de la AJAM, Erik Ariñez en respuesta a la solicitud de informe del Ministerio de Minería señala: “la AJAM no suscribió ningún contrato administrativo minero con empresas de nacionalidad china”, lo cual devela que la presencia china se debe a sus alianzas con las cooperativas.
Sin embargo, en el mismo detalle de la AJAM sobre las autorizaciones transitorias especiales por cuadrículas, antes conocidas como “concesiones”, figura Jin Kang como actor productivo minero de las áreas Amalia y Oriente II por un total de 19 cuadrículas. Cada cuadrícula mide 25 hectáreas.
Jin Kang es una empresa minera con sede en la ciudad de Cochabamba y especializada en prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización y exportación de minerales y metales e importación de maquinaria. Su matrícula de comercio 00178407 no está actualizada, y Los Tiempos verificó que en la dirección que declara no hay oficinas. Apareció posteriormente un señor de apellido Saucedo declarándose único representante, pero desistió de mostrar su poder notario de constitución de empresa.
En el informe de la AJAM se establece que en Teoponte se emitieron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (ex concesiones), 29 autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, 52 contratos mineros que datan de antes de la Ley 535, 13 áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la ley 403, y cuatro áreas reservadas para el Estado.
El 5 de abril de este año, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) advierte a sus afiliados que 327 cooperativas auríferas que operan en el departamento de La Paz no presentaron su documentación ante la AJAM para su control y fiscalización, mientras que otras 142 presentaron de manera parcial, aun así operan.
Pero la AJAM nuevamente aprobó otra ampliación de 90 días para que las cooperativas presenten sus estados financieros de la anterior gestión, la nómina de asociados, volumen y valor de la producción, excedentes y distribución por cada asociado, además de la planilla de pagos a los trabajadores.
Para Peñaranda es difícil hablar de estos asuntos, más aun, cuando los propios cooperativistas marcharon en el pueblo con dinamitas en mano en su contra.
“No puedo callar; ellos se llevan el 70%, y lo más triste es que ni siquiera venden el oro en Bolivia, y a veces mucha gente tiene miedo salir en prensa porque pueden atentar contra tu vida, usted sabe que la mafia china está por todas partes”, dice.
La figura está clara para Juan Arnez, máximo dirigente del Control Social de Teoponte, quien lamenta que los cooperativistas manejen información “clasificada”.
“Lo que hemos visto son contratos con las cooperativas mineras, hay por ejemplo en Mayaya tres dragas del señor Velarde y que ha hecho contrato directo con los chinos y así se van camuflando, pero no quieren apoyar en obras sociales”, denuncia.
Arnez que ya ha vivido más de seis décadas lleva consigo recuerdos de los años 90´ cuando la canadiense South American Placer, de la que era socio el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, explotó oro en la zona, antes de que Teoponte se convirtiera en municipio, pero no dejó “nada bueno al pueblo”. Ahora teme que la situación sea mucho más grave, considerando la expansión acelerada de la presencia china en el país y sus prácticas poco amigables con la naturaleza.
Guanay de pie
La segunda parada fue el municipio de Guanay, a 256 kilómetros de La Paz, donde la problemática es similar a la de Teoponte, pero ahí, los representantes del Control Social y la presión del propio Consejo Municipal lograron parar las operaciones de una gigante draga que se instalaba.
Jimmy Ruiz Smith, control social del municipio de Guanay señala que en un operativo conjunto con el Concejo Municipal, la Armada Boliviana y la nueva Unidad de Minería de la Alcaldía se logró paralizar la instalación de una enorme draga ubicada justo en el cruce entre los ríos Challana, Tipuani y Mapiri.
“Es una enorme draga china que la paramos porque existen requisitos dentro de las licencias de funcionamiento que deben presentar y esta cooperativa minera no ha presentado (…) Las autoridades municipales no autorizan este tipo de trabajos que vienen del Gobierno central, de la AJAM, del Ministerio de Minería, pero lo que nos preocupa es el daño ecológico, el daño al medioambiente”, señala.
Recuerda que desde el 2010 por ordenanzas municipales se prohibieron trabajos mineros en el área urbana de Guanay, “eso se ha planteado porque una vez que empiece esa draga será imparable”, advierte.
La draga paralizada operada por chinos al momento de ser intervenida dijo tener autorización a nombre de Challana River Golden, según Ruiz Smith.
Para tener una idea más cabal de la problemática, la navegación se realizó desde Teoponte hasta Rurrenabaque, pasando por Mayaya, una comunidad estratégica ubicada sobre el río Kaka; ahí la actividad minera es intensa. Las relaciones entre comunarios y empleados chinos son fluidas, los primeros se ocupan de proveer combustible en turriles y los otros de operar los gigantes dragones.
Durante el viaje no sólo se pudo evidenciar la presencia de máquinas explotando oro, sino también otras que quedaron abandonadas en pedazos, mientras el río lava los fierros oxidados, contaminación que se une a la del mercurio empleado, que nadie controla.
El presidente del Concejo Municipal, Uber Carrasco asegura que en los dos últimos años se ha intensificado la presencia de colombianos y más aún la de chinos. Asegura que como autoridades locales en ningún momento autorizaron su ingreso a pesar que estas empresas extranjeras se aliaron con cooperativas asentadas en la región.
“Entendemos que los escombros que están dejando están entrando al río y eso va a generar desbordes, tenemos una comunidad, Challana, que con la crecida de río podría ser muy afectada (…). Hoy por hoy, nos preocupa el medioambiente, el ecosistema, la salud de nuestros ríos, porque se podría sufrir una tremenda inundación”, advierte.
Operativo AJAM confirma ilegalidad
Ante el pedido insistente de información oficial, Erik Ariñez en conferencia de prensa confirma la investigación de ANF. Esboza que un operativo realizado el 26 de junio en el río Kaka desde el puerto de Guanay hasta la zona denominada Confusio se pudo verificar actividad ilegal minera.
“Lastimosamente se ha procedido hacer la aprehensión de varias personas dedicadas a la actividad ilegal, que responden a la nacionalidad colombiana, siete colombianos y 14 de origen asiático, presumiblemente chinos, y de un boliviano, y digo lastimosamente porque este no debería suceder”, señala.
Según Ariñez, las personas que resultaron aprehendidas no ofrecieron resistencia porque se hizo una verificación objetiva en el lugar, donde se obtuvo pruebas flagrantes de que los ciudadanos extranjeros estaban explotando oro, y no estaban en la draga circunstancialmente.
Ratifica lo que dice su carta de 2017, que la AJAM no otorgó ninguna autorización minera a los extranjeros y que la titularidad de esas áreas mineras está a nombre de las cooperativas auríferas.
“En el momento de la aprehensión había un cooperativista, lastimosamente estas áreas mineras son de titularidad de cooperativas mineras que son las que han obtenido la titularización minera, y digo lastimosamente, porque esto no debería suceder”, señala.
El ejecutivo recuerda que las cooperativas auríferas de acuerdo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia no pueden transferir el derecho minero a capitales privados, ni nacionales ni extranjeros. “Por lo tanto, estas personas cometen un delito y las cooperativas tendrán su responsabilidad, se llevará adelante el proceso que corresponda”, anuncia.
“La cooperativa no puede tener empleados, trabajadores, no pueden tener contratos de prestación de servicios de las personas. Pueden contratar servicios de un perforista, de un auditor porque la naturaleza del trabajo cooperativo es autogestionario (…) pero en las dragas todos eran o de origen chino o colombiano, un solo representante de la cooperativa que solo administraba era boliviano”, indica.
Entre los argumentos que esbozaron los cooperativistas durante el operativo, según Aríñez, es que estas alquilaron las dragas. “Pero lo que hemos verificado es que estos señores de origen colombiano y asiático estaban realizando el trabajo, hemos recolectado las pruebas”, dice.
Caso Inquisivi
Como parte de la investigación periodística, ANF también se trasladó el mes de mayo hasta el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi, donde 50 cuadrículas “inmovilizadas” por la Corporación Minera Boliviana (Comibol) sobre las que reclama derecho preferente la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condoriri terminaron siendo avasalladas por cinco cooperativas de Fedecomin.
La ausencia del Estado en Arcopongo no solo facilitó a grupos irregulares la toma de la zona que se encuentra cercada y la explotación a gran escala con el uso intensivo de maquinaria pesada empleada en el desmonte de la zona, sino también en el cambio del curso al río Chaquety.
Bajo el rótulo de “cooperativas”, grandes capitales mueven maquinaria pesada para la explotación de oro a gran escala con combustible subvencionado y sin licencia ambiental. En mayo, el ministro Navarro indicaba que los explotadores ilegales estaban en proceso de “saneamiento”.
Recientemente el director de la AJAM confirmó que se “desmovilizaron” las cuadrículas para dar paso a otros actores productivos mineros para realizar la explotación del área. En los hechos, las mismas avasalladoras se quedaron en el área.
Las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor fueron denunciadas de avasallar el área, pero luego estas mismas a través de familiares y cercanos obtuvieron consolidar el área de explotación, mientras que el juicio que llegó hasta Sucre quedó en fojas cero, tras una sentencia de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
No sólo eso, después de tomar las áreas fiscales inmovilizadas para explotar de manera ilegal el oro de la zona, las avasalladoras recién solicitaron hacer la consulta. La AJAM pidió el acompañamiento del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, que de acuerdo al vocal Freddy Cayo, dicha consulta no fue previa, informada, ni concertada.
El comercio del oro y sus vacíos
Para el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, actualmente la mayor presión referida a la explotación aurífera la soportan los ríos del norte de La Paz que luego desembocan en la Amazonía.
“En términos de coyuntura entender que el 2017, según los reportes estadísticos del Ministerio de Minería, el oro ha constituido el 26% del valor de la producción total nacional, un cuarto de la producción nacional era oro, y del total, el 99% de todo el oro, lo producen las cooperativas, es decir que es un sector que tiene un gran poder”, subraya.
Precisa que aproximadamente $us 1.000 millones representa el valor total anual por la venta del oro, y La Paz concentra el 70% de la producción total del valor del oro.
Sin embargo observa que sólo el 3% de ese valor exportado se queda para La Paz por concepto de regalías. “La Paz había exportado 600 millones de dólares y la regalía minera el 2017 fue de $us 21 millones, hay una gran cantidad de dinero generada por la producción del oro y no se conoce en qué manos va a parar”, apunta.
El investigador experto en asuntos extractivistas, cree que a pesar de las prohibiciones normativas, las cooperativas han mantenido sus viejas prácticas al asociarse con capitales privados extranjeros.
En criterio del analista e investigador de temas mineros de Fundación Jubileo, Héctor Córdova, las cooperativas mineras protagonizaron dos graves conflictos a fin de no perder sus prerrogativas.
Córdova recuerda que el sector cooperativista ya pretendía el 2014 durante el tratamiento de la ley minera que se les permita asociarse con empresas privadas sin perder su denominativo, lo que generó el rechazo no sólo de la oposición, sino también de algunos oficialistas e incluso el Presidente. El conflicto derivó en muertes y la destitución del ministro de Minería, Mario Virreira.
Dos años más tarde señala que los cooperativistas volvieron a insistir con un pliego petitorio que tenía como origen la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas, a pesar de que teóricamente no les tocaba porque era para las cooperativas de servicios.” Ese fue el pretexto porque lo que buscaban era insistir en volverse asociar con la empresa privada”, menciona.
Después de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y de varios cooperativistas, en un conflicto de 2016, Córdova dice que el Gobierno endureció algunas medidas y sacó algunas correcciones a la ley de reversión de derechos mineros, donde se incorporaba a las cooperativas asociadas con empresas, y se establecía que si no regularizaban su situación se revertía su autorización. Pero que en los hechos se fue ampliando el plazo para su adecuación.
El artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia 535 señala que “las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”.
Senarecom: se requiere más coordinación
El director del Senarecom, Jhonny Maldonado en entrevista concedida a ANF, destaca un crecimiento considerable en términos de valor, tanto en el comercio interno, como a nivel internacional.
“Se ha generado una recaudación de 1.200 millones de bolivianos de regalía por el comercio de varios minerales, de esta cifra el 17% representa al comercio del oro exportado, que ha generado una recaudación de 220 mil bolivianos de regalía minera, más de 31 mil dólares”, afirma.
En un informe más detallado se puede apreciar que Guanay generó en la gestión un total de Bs 17.9 millones en regalías mineras; Mapiri, Bs 16,4 millones; Inquisivi, Bs 2,3 millones; y Teoponte con Bs 1,1 millones.
“Ese es el comportamiento del oro en el sistema legal, es lo que controla el Senarecom. En volumen hay un crecimiento entre el 2016 y 2017 de 21.847 kilos exportables a 31.216 kilos el 2017. Hubo un aumento del 45% y este año esperamos que crezca mucho más”, afirma.
Sin embargo, recalca que el Senarecom no puede legalizar la comercialización de una producción ilegal, ya que tiene la misión de controlar y registrar la comercialización en el país a través de los formularios para el comercio interno y la exportación.
Consultado entonces sobre dónde se diluye el oro que sale de zonas de explotación ilegal responde: “ustedes saben perfectamente, de que el contrabando no registra ante nadie, llega nomás por ¿dónde?, no sabemos, pero llega, tal vez es el mismo proceso. Puede haber factores que estén estimulando a que el tema del contrabando, antes especulábamos que entraba de Perú a Bolivia, ahora que esté saliendo de Bolivia hacia el Perú, entonces esa es mucha especulación”.
Lo cierto es que actualmente comercializadoras privadas son las intermediarias del oro, que en muchos casos se disfrazan tras pequeñas joyerías de la calle Tarapacá. Ante eso, el Senarecom dice sentirse con las manos atadas, ya que la norma no le permite hacer intervenciones de este tipo. Pero observa la necesidad de mayor cruce de información con otras entidades del Estado como la AJAM, para efectivizar más el control del comercio del oro.
