Autora: Jimena Mercado C.
El sonido de la corriente de los ríos Kaka y Beni quedó enmudecido por los motores de las gigantes dragas chinas o "dragones" y otros planchones colombianos, que han llenado las orillas de alfombras de piedras a modo de “reposición del suelo” en áreas en las cuales, hace apenas dos años aún se producía maní, frondosos platanales y surgían cítricos de varias especies en fértiles riberas de la Amazonía.
Los “dragones” llevan banderas bolivianas y hasta permisos de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), pero son imponentes dragas de fierro operadas por personal de empresas chinas, que emplean miles de litros de diesel subvencionado. Llegaron al país con fuertes capitales y dispuestos a explotar los recursos naturales no renovables. Para esto se asociaron con cooperativas locales que les entregaron sus extensas concesiones de terreno o cuadrículas (25 hectáreas) a cambio del 20% ó 30% de los recursos que obtengan por la explotan.
En una travesía desde Caranavi, pasando por los municipios de Teoponte y Guanay hasta llegar a Rurrenabaque por el río Beni, con una parada en la comunidad de Mayaya, ANF pudo evidenciar la presencia de imponentes máquinas de hasta más de tres pisos de altura y 200 metros de largo que son operadas por personal chino y en menor cantidad, colombiano, que extraen con intensidad el oro desde el fondo del río.
"Lo peor es eso, que hay permisos desde arriba, hemos llegado hasta al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Minería, a muchas instancias y hemos chocado contra la pared (…), me he sentido muy agredida. Nosotros somos un pueblo tranquilo, pacífico, pero también merecemos consulta", dice la alcaldesa interina del municipio de Teoponte, Patricia Calderón.
Ante la impotencia de saber que los extranjeros cuentan con el aval del Gobierno para explotar oro en Teoponte, un municipio minero de tradición, la autoridad local señala que desde el Concejo Municipal se aprobó una ley para reglamentar la convivencia de los foráneos en su territorio, pero sobre todo pensada en los ciudadanos chinos, para prohibirles relacionarse o hablar con las menores de edad, beber en lugares públicos o involucrarse en riñas y peleas. “Deben firmar un acuerdo de buena conducta”, dice.
Sin embargo no hay antecedentes puntuales sobre conflicto con los extranjeros, a excepción del caso un colombiano que enamoraba con una menor de edad con el permiso de la madre. Este hecho fue denunciado por los pobladores y el caso está en la Fiscalía.
Para el concejal Edwin Peñaranda del área de Tierra y Territorio del municipio de Teoponte, el asunto es mucho más grave que la convivencia pacífica con los extranjeros. Considera que no sólo hay omisión, sino una clara complicidad de las autoridades vinculadas a la minería y de los propios cooperativistas por permitir el saqueo flagrante del oro.
"Hemos metido notas el 14 de junio de 2017, hemos pedido informe al ministro de Minería, César Navarro, se ha solicitado información para saber cómo están ingresando al país los extranjeros, cómo han metido esos planchones para armar semejantes dragas, enviamos notas a don Remberto Chávez de la Federación Regional La Paz de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) el 22 de julio, y no recibimos ninguna respuesta (…). Se pasan la pelotita entre la AJAM, Minería y Medio Ambiente, nos mandan a la Gobernación, no hay seriedad para responder", reclama.
Menciona que en una inspección municipal realizada el 9 de agosto del año pasado, desde la comunidad de Mayaya sobre el río Kaka hasta llegar al pueblo de Teoponte, se pudo evidenciar la presencia de siete dragas con los denominativos: Dragón 1, Dragón 2. “Ya hay muchos dragones, y ahora vemos aquí en el sector de Guanay que también hay chinos en el río Challana está lleno de colombianos, es una pena para los teoponteños y por qué no decir, para los bolivianos”, dice.
ANF cuantificó aproximadamente diez dragas, ocho chinas y dos colombianas, desde la partida de Teoponte, pasando por Guanay, Mayaya, Yiquimuni y Puerto Pando, además de dos a tres máquinas en preparación de ser ensambladas, como si se tratara de juguetes mecánicos, pero en proporciones descomunales en tamaño y peso y con un costo que va de medio millón a más de 1 millón de dólares.
Peñaranda respalda lo dicho con documentos que saca de su escritorio y muestra el loteamiento de cuadrículas en las orillas de los ríos que conectan con la Amazonía dispuesto por la AJAM.
En una carta firmada el 11 de julio de 2017, el director de la AJAM, Erik Ariñez, en respuesta a la solicitud de informe del Ministerio de Minería, señala: "la AJAM no suscribió ningún contrato administrativo minero con empresas de nacionalidad china", lo cual deja entrever que la presencia china se debe a sus alianzas directas con las cooperativas.
Sin embargo, en el mismo detalle de la AJAM, sobre las autorizaciones transitorias especiales por cuadrículas, antes conocidas como “concesiones”, a favor de Jin Kang figura como actor productivo minero de las áreas Amalia y Oriente II sobre 19 cuadrículas. Cada cuadrícula mide 25 hectáreas de superficie.
Según datos de Fundempresa, Jin Kang es una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Cochabamba, especializada en prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización, exportación de minerales y metales e importación de maquinaria. Cuenta con la matrícula de comercio 00178407.
El informe de la AJAM muestra la situación en que se encuentran los permisos en Teoponte para la explotación de oro. Se emitieron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (ex concesiones), 29 autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, 52 contratos mineros que datan de antes de la Ley 535, 13 áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la ley 403 y cuatro áreas reservadas para el Estado.
Los documentos cantan; y a este informe oficial se suma la circular 0002/2018 del 5 de abril de 2018 de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) dirigida a sus afiliados, en la que detalla que 327 cooperativas auríferas que operan en el departamento no presentaron su documentación ante la AJAM para su control y fiscalización, mientras que otras 142 presentaron de manera parcial, pero aun así operan.
Pero estas cooperativas se vieron favorecidas por una disposición de la AJAM que habilitó un nuevo plazo de 90 días para que éstas presenten el balance de sus estados financieros de la anterior gestión, la nómina de asociados, volumen y valor de la producción, excedentes y distribución por cada asociado, además de la planilla de pagos a los trabajadores.
Para Peñaranda es difícil hablar de estos asuntos, más aún, cuando los propios cooperativistas marcharon por el pueblo con dinamitas en mano en su contra.
“Pero no puedo callar, ellos (los extranjeros) se llevan el 70 por ciento del oro y lo más triste es que ni siquiera lo venden en Bolivia; mucha gente tiene miedo de salir a la prensa a dar algunas versiones porque pueden atentar contra tu vida, no sabemos qué tipo de personas están en este sector, usted sabe que la mafia china está por todas partes”, dice.
La figura está clara para Juan Arnez, máximo dirigente del Control Social de Teoponte, quien lamenta que los cooperativistas manejen información "clasificada".
“Lo que hemos visto son contratos con las cooperativas mineras, hay por ejemplo en Mayaya tres dragas del señor Velarde y que ha hecho contrato directo con los chinos y así se van camuflando, pero no quieren apoyar en obras sociales”, denuncia.
Arnez, que ha vivido más de seis décadas, lleva consigo recuerdos de los años 90 cuando la canadiense South American Placer, de la que era socio el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, explotó oro en la zona, antes de que Teoponte se convirtiera en municipio, pero no dejó “nada bueno al pueblo”. Ahora teme que la situación sea mucho más grave, considerando la expansión acelerada de la presencia de empresas chinas en el país, y que varias han demostrado prácticas poco amigables con la naturaleza.
La segunda parada es el municipio de Guanay, a 256 kilómetros de La Paz, donde la problemática es similar a la de Teoponte, pero ahí, los representantes del Control Social y la presión del propio Consejo Municipal lograron parar las operaciones de una gigante draga que se instalaba.
Jimmy Ruiz Smith, control social del municipio de Guanay, señala que en un operativo conjunto con el Concejo Municipal, la Armada Boliviana y la nueva Unidad de Minería de la Alcaldía logró paralizar la instalación de una enorme draga ubicada justo en el cruce entre los ríos Challana, Tipuani y Mapiri.
“Es una enorme draga china que la paramos porque existen requisitos dentro de las licencias de funcionamiento que deben presentar y esta cooperativa minera no ha presentado (…) Las autoridades municipales no autorizan este tipo de trabajos que vienen del Gobierno central, de la AJAM, del Ministerio de Minería, pero lo que nos preocupa es el daño ecológico, el daño al medioambiente”, señala.
Al momento del operativo, los ciudadanos chinos dijeron tener permiso de la AJAM a favor de Challana River Golden.
Recuerda que desde el 2010, por ordenanzas municipales, se prohibieron trabajos mineros en el área urbana de Guanay, y “eso se ha planteado porque una vez que empiece esa draga será imparable”.
El presidente del Concejo Municipal, Uber Carrasco, asegura que en los dos últimos años se ha intensificado la presencia de colombianos y en mayor cantidad de chinos, y afirma que como autoridades locales en ningún momento autorizaron el ingreso de extranjeros a operar en la zona a pesar de que estas empresas extranjeras se aliaron con cooperativas asentadas en la región.
“Entendemos que los escombros que están dejando están entrando al río y eso va a generar desbordes, tenemos una comunidad, Challana, que con la crecida de río podría ser muy afectada (…). Hoy por hoy nos preocupa el medioambiente, el ecosistema, la salud de nuestros ríos porque se podría sufrir una tremenda inundación”, asegura.
Para tener una idea más cabal de la problemática, la navegación se realizó desde Teoponte hasta Rurrenabaque, pasando por Mayaya, una comunidad estratégica ubicada sobre el río Kaka; ahí la actividad minera es intensa. Las relaciones entre comunarios y chinos son fluidas, los primeros se ocupan de proveer combustible en turriles y los otros a operar los gigantes dragones.
Durante el viaje no sólo hay máquinas explotando oro, sino también otras que quedaron abandonadas en pedazos, mientras el río lava los fierros oxidados, contaminación que se une a la del mercurio empleado, que nadie controla.
Waldo Valer, identificado como leco y conocido guía de turismo en Teoponte, recuerda que cuando era adolescente, los ríos de la zona eran cristalinos, las playas de las orillas sumamente fértiles y la actividad pesquera y barranquillera pujante. Como oriundo del lugar se siente indignado y dispuesto a denunciar el daño irreversible que se está ocasionando a la Amazonía, precisamente durante el Gobierno de Evo Morales, que se reclama defensor de la madre tierra.
Sospecha que detrás de esta minería depredadora "hay toda una estrategia promovida desde el nivel central para eliminar el ecoturismo y las actividades económicas y productivas de la región para imponer la mega-hidroeléctrica Chepete Bala". Los indígenas no tendrán más que aceptar el proyecto porque no les quedará nada más.
Estimaciones preliminares muestran que la megarepresa Chepete Bala inundará 48 comunidades indígenas incluidas las áreas protegidas (AP) como el Parque Nacional Madidi y Área de Manejo Integrado y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas en el norte amazónico.
Analista observa dos graves conflictos de cooperativistas por asociarse con empresas
El analista e investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova recuerda que el sector cooperativista ya pretendía el 2014 durante el tratamiento de la nueva ley minera que se les permita asociarse con empresas privadas sin perder su denominativo, lo que generó el rechazo no sólo de la oposición, sino también de algunos oficialistas e incluso el Presidente. El conflicto derivó en muertes y la destitución del ministro de Minería, Mario Virreira.
"Dos años más tarde los cooperativistas volvieron a insistir con un pliego petitorio que tenía como origen la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas, a pesar que teóricamente no les tocaba porque era para las cooperativas de servicios -ese fue el pretexto- porque lo que buscaban era insistir en volverse asociar con la empresa privada", menciona.
Después de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y de varios cooperativistas, en un conflicto de 2016, Córdova dice que el Gobierno endureció algunas medidas y sacó algunas correcciones a la ley de reversión de derechos mineros, donde se incorporaba a las cooperativas asociadas con empresas, y se establecía que si no regularizaban su situación se revertía su autorización. Pero que en los hechos se fue ampliando el plazo para que su adecuación.
“Somos propensos a sacar normas para el buen reino, pero no se trata de sacar normas más duras sino que se puedan cumplir, y la fuerza del Senarecom para controlar el sector aurífero es casi nulo”, indica.
El artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia 535 señala que “las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”.
Córdova dice que en La Paz se tiene registradas a más de 1.000 cooperativas auríferas, entre legales e ilegales y le atribuye al decreto 21060 como el principal causante de la liberalización de la comercialización de minerales.
Sin embargo destaca que desde el Senarecom a través de la resolución 165, se haya limitado la cantidad de oro para ser comercializado por una cooperativa a 20 kilos al mes. Aun así piensa que es demasiado volumen.
“Una mina chica puede comercializar 10 kilos y una particular dos kilos, eso incluso es exagerado si vemos que hay 1.000 cooperativas y cada uno vende 20 kilos estamos hablando de 20 toneladas mensuales y es demasiado”, señala.
En criterio del analista, es necesario crear un mecanismo que permita controlar el flujo de minerales y evitar el contrabando del metal precioso.
“Hay un factor pendiente que es la regalía, la ley minera ha concedido una disminución del porcentaje de la regalía aurífera para yacimientos considerados marginales, desde que se ha dado esa determinación, el 99% de la producción proviene de yacimientos marginales”, apunta.
Cuestiona en ese marco que el Estado acepte que se declare marginal a un yacimiento del que se saca 40 toneladas de oro al año.
“Una regalía diferenciada es complicada, el más perjudicado es el departamento y municipio, en lugar de recibir el 7% recibe el 1,5%”, señala.
