CIBERDELITOS SEXUALES: EL LADO OSCURO DE LAS REDES SOCIALES

La "Operación Tantalio" develó que el WhatsApp es el nuevo refugio de los pedófilos que se ocultan en el anonimato y acechan en Internet.

Por Zulema Alanes Bravo – Luis Callisaya Huchani

Un jefe militar, un costurero, un empleado y un ingeniero industrial colocaron a Bolivia en la escena de la primera acción internacional contra la pornografía infantil a través de mensajería móvil. Una compleja investigación de Europol, en colaboración con Interpol, los detectó entre los 136 integrantes de grupos de pedofilia de 18 países que distribuyeron 360.000 archivos y videos de abusos sexuales cometidos contra niños y niñas.


Y desde el 30 de marzo de 2017, sus nombres figuran entre las 40 personas detenidas –17 en España, seis en Colombia, cuatro en Italia, dos en Alemania, cuatro en Bolivia, dos en Costa Rica, dos en Paraguay, una en Chile, una en El Salvador y otra en Portugal– como resultado de la Operación Tantalio, el megaoperativo supranacional que ha desmantelado la principal red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp.

"Hay un antes y un después de Tantalio" aseguró la exfiscal Karina Cuba a un año y cuatro meses de dirigir los operativos que pillaron por sorpresa a las arcaicas estructuras de investigación criminal en Bolivia y develaron que las redes sociales tienen un lado oscuro que puede poner los pelos de punta.

Tuvo a su cargo la coordinación de la investigación para contrastar información, verificar la identidad y localizar a los cuatro personajes que, según el rastrillaje cibernético de la Europol, estaban distribuyendo pornografía infantil por Internet y eran contacto de la amplia red de pedofilia que se interconectaba a lo largo de casi una veintena de países.

El 30 de marzo de 2017 dirigió tres allanamientos en la ciudad de Santa Cruz que culminaron con la aprehensión de Rubén Carlos L.M., Jenrry Cristhian G. R. y Gary Frith F. B. Unas semanas después, en la ciudad de Sucre, sería aprehendido el mayor de Ejército José Luis M. Ch.

La otrora coordinadora de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) reconoció que, en más de una década de ejercicio de la acción penal pública, no se había enfrentado a un caso de esa magnitud. A primera impresión le quedó claro que los cuatro detenidos eran apenas las cabezas visibles de cientos de personas que se ocultan tras los sitios anónimos y la encriptación de datos. Sólo en uno de los varios celulares incautados en los operativos habían más de 40 grupos de WhatsApp con 200 a 250 integrantes cada uno.

“Espeluznantes” dijo de las evidencias que encontró en poder de los cuatro ciudadanos bolivianos aprehendidos bajo sospecha de integrar la red internacional de explotación sexual infantil en línea.

Fue como abrir la 'Caja de Pandora', la legendaria vasija que según la mitología griega contenía todos los males del mundo: “Se encontró una gran cantidad de fotografías y videos de niños y niñas, entre cero y 12 años, sometidos a vejámenes sexuales. Los archivos pedófilos mostraban un trato vejatorio y una desmesurada brutalidad contra las víctimas virtualmente reducidas a esclavas sexuales. Violaciones en vivo, torturas en directo, pedófilos –hombres y mujeres–en un flujo constante de agresión sexual a niñas y niños”, detalló Cuba y aseguró que todavía se estremece cuando recuerda esas imágenes.

El fácil acceso a entornos informáticos como peer-to-peer (P2P) y a redes oscuras o Deep Web facilitan la recepción y distribución de material de abuso infantil explicó a ANF la oficina de prensa de Europol. El anonimato es otra ventaja que aprovechan los pedófilos y, a la sombra del lado oculto del Internet, la transmisión en vivo frente a una cámara es cada vez más utilizada para la explotación sexual infantil con fines comerciales.

Una de las formas más expeditas de acceder a la Deep Web es a través de un navegador especial llamado Tor (The Orion Router). Este navegador al que suelen acceder activistas de diversas causas ciudadanas, así como periodistas que investigan hechos de corrupción o denuncian a regímenes autoritarios, es cada vez más usado por redes delincuenciales vinculadas al tráfico de armas, al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas y a la pedofilia porque la encriptación hace muy difícil rastrear los contenidos que comparten.

Según Europol, la investigación que derivó en la Operación Tantalio se inició en junio de 2016 a raíz de la detección de un enlace en la red Tor que redirigía a un repositorio de redes anónimas en el que se facilitaba el acceso al servicio de mensajería instantánea y a un número elevado de enlaces a grupos de WhatsApp a una vasta comunidad de pedófilos y pederastas. El constante cambio de foros y direcciones hizo más difícil la tarea de encontrar pistas para llegar a ellos y controlarlos.

Eliana Quiroz, activista e investigadora de Internet, aseguró que la red profunda es sólo un reflejo de lo que está ocurriendo en la realidad off line, "y de las actitudes y conductas que asumimos en la realidad on line".

Y según la jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gabriela Coca, a través del patrullaje cibernético se ha constatado que la extorsión en las redes sociales, para obligar a intercambiar mensajes, autoproducir fotos y videos pornográficos o realizar transmisiones sexuales en vivo, es cada vez más frecuente.

El sexting que se refiere al envío de mensajes sexuales y material pornográfico –fotos y videos– a través de celulares y computadoras es una de las formas más habituales de extorsión. Un engaño pederasta muy común es el grooming, término con el que se tipifica las conductas deliberadas de un adulto, a través del Internet, orientadas a ganarse la amistad y crear una conexión emocional con menores de edad con el objetivo de abusarlos sexualmente, obligarlos a la producción de pornografía o someterlos a explotación sexual.

Coca refirió que las ocho denuncias sobre este tipo de extorsiones sexuales por Internet que su oficina ha registrado en lo que va del año en la ciudad de La Paz “no reflejan la frecuencia con la que están ocurriendo, afectando a la niñez y adolescencia y, también, aunque se lo quiera ocultar, a las personas adultas”.

Los avances tecnológicos, la creciente cobertura de Internet, la conectividad móvil y las posibilidades de un alto grado de anonimato en la web, son aprovechados para la comisión de cada vez más variados ciberdelitos, entre ellos, la explotación sexual infantil.

A diciembre de 2017 la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó en Bolivia se registraron un total de 8.817.749 de conexiones en redes móviles y fijas. A esa misma fecha se activaron 7.939.275 dispositivos móviles inteligentes o smartphones, que representan el 90% de las conexiones de Internet en el país.

Según el informe sobre el Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación 2018, el 95% de los internautas tiene Internet móvil y utiliza las redes sociales para contar con amigos y familias (97%), ver videos y fotos (52%), compartir contenidos (45%) y conocer gente (40%) pero la presencia en estas plataformas no viene aparejada de una conciencia respecto a la información que se comparte y cómo y para qué es utilizada.

El acelerado crecimiento del Internet ha traído consigo muchos riesgos. Eduardo Rojas, director de Fundación Redes, reveló que varios estudios sobre el uso del Internet entre colegiales de El Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba revelan fenómenos de violencia sistemáticos.


"El 75% tiene celular y acceso a Internet, 7 de 10 estudiantes contactan personas desconocidas a través de Internet y un alto porcentaje de estos encuentros son para tener relaciones sexuales. Esto muestra un alto uso nocivo de las tecnologías. Los papás no les ponen reglas y los colegios no está generando prácticas educativas", aseguró.

Según Rojas “siete de cada 10 niños ya ingresó con celular al colegio. De esos, 6 te dicen "he visto videos pornográficos”. Uno de los principales problemas que hemos identificado es el consumo de pornografía infantil. Los papás deben poner reglas, hacerles entender que hay una diferencia entre el espacio público y privado”.

A fuerza de negar la realidad "uno cree que no va a caer, creemos que en Bolivia no estamos en esto" lamentó la ciberactivista e investigadora Eliana Quiroz. Nada más alejado de la verdad, porque “en el mundo on line hacemos 'click' a cualquier cosa, compartimos mensajes en cadenas que nos exponen a virus de espionaje, cuando interactuamos en redes sociales contactamos con extraños, compartimos fotos y videos íntimos”.

La ciberactivista aseguró que el creciente número de teléfonos inteligentes facilita la producción y autoproducción de material que es rescatado por "colectores" y expone a una cada vez más amplia gama de ciberdelitos sexuales. Sin embargo, no cree que el remedio sea la prohibición sino la prevención y conductas básicas que se deben adoptar como norma:

El modus operandi de un agresor sexual en red es el clásico de cualquier abusador: primero proximidad y confianza, luego ataque. En medio de esta investigación, el pasado 5 de junio, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNNA) de Cercado, Cochabamba, denunció que al menos tres adolescentes de 12, 13 y 15 años fueron víctimas de la banda de violadores que captaba a sus víctimas con perfiles falsos en Facebook. El caso fue revelado por los padres de la adolescente de 12 años que quedó embarazada como consecuencia de la violación.

Este tipo de hechos se repite con bastante frecuencia. Los delincuentes tenían varios perfiles falsos de Facebook para captar a sus víctimas, y se conectaban a través de WhatsApp para compartir detalles de los vejámenes que cometían.

Los pedófilos no actúan sólo en el Internet, acechan y se aprovechan de sus relaciones familiares y sus contactos sociales para quedarse al cuidado de menores a quienes atraen mediante el engaño, golosinas, regalos, video juegos y paseos. Su objetivo es obtener material pornográfico inédito para compartir a través del Internet y así asegurar su permanencia y reconocimiento en las redes de las que forman parte.

La Operación Tantalio descubrió que las redes de explotación sexual infantil a través de WhatsApp articulados en grupos tales como "Change Phorno", "Hot Child" o "Pedofilia", se regían por estrictas reglas de permanencia, expulsión e ingreso. Por ello, la parte más crítica de las pesquisas fue infiltrarse en los grupos de WhatsApp sin despertar las sospechas del resto de usuarios. Para ser admitido en este tipo de foros, los administradores suelen exigir como prueba archivos pedófilos completamente originales y transmisiones sexuales en vivo que subastan en 500 dólares si se trata de menores de 11 a 12 años, 1.000 dólares si promedian los 9 y 10 años y 2.000 dólares para arriba conforme disminuye la edad.

Según conoció ANF, a esta altura en Bolivia las pistas que dejó la Operación Tantalio han sido archivadas y se ha retomado la lógica de operativos locales puntuales y de poco impacto, aunque el director de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno, Mario Medina, aseguró lo contrario.

 A principios de junio, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana coordinaron acciones para indagar las rutas internas de la pornografía infantil y en tres operativos detuvieron a seis personas e incautaron materiales multimedia –CD y DVD– en escondidos en puestos callejeros de las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

Medina, anunció que tras la meta de “pornografía cero” en los operativos se detectó que jóvenes mochileros realizan la venta móvil, puerta a puerta, de videos de pornografía infantil.

Con el rótulo de "Bolivianitas XXX, 13, 14 y 15 añitos", “Estreno Cambas 2018”, “Chibolitas” se oferta pornografía infantil “Made in Bolivia”, pero según estableció la investigación policial los CD y DVD decomisados no contienen lo que anuncian y son un improvisado collage de imágenes y videos de niñas y adolescentes, posiblemente de Colombia y Perú, retocadas con técnicas de Photoshop con prendas típicas y sombreros de cholita paceña.

Todo muestra que los pedófilos que antes se sentían solos en su entorno, ahora se mueven en sitios de acceso restringido y colocan en el mercado producción pornográfica para validar sus perversas tentaciones, reflexionó el oficial de policía, Ariel Balderrama, del equipo de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno, y en su percepción "si se oferta pornografía infantil a la boliviana, es porque hay un mercado potencial de consumidores sobre el que se debe poner mucho ojo para bloquear la cadena de distribución, venta y consumo de la pornografía infantil".

"Me acojo al derecho de guardar silencio"

"Me acojo al derecho de guardar silencio" fue el recurso al que apelaron tres de los cuatro  aprehendidos bajo sospecha de pertenecer a las redes de pedofilia por mensajería móvil. Según el cuaderno de investigaciones de Operación Tantalio al que accedió ANF sólo Rubén Carlos L. M., de oficio costurero, decidió formular declaraciones y admitió haber distribuido material pornográfico entre al menos 32 grupos de WhatsApp.

El militar, que se hacía llamar "Mucha Pinta" perdió todo su glamour y se escondió tras sus abogados particulares y, a poco de cumplirse los cinco meses de su detención preventiva, logró que un juez disponga su libertad con medidas sustitutivas. En mayo de este año, José Luis M. Ch. fue puesto nuevamente tras las rejas acusado de violar  a un soldado y difundir un video de la vejación entre sus contractos de WhatsApp cuando se desempeñaba omo jefe de estudios del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de la ciudad de Sucre.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, ha garantizado la solidez de la acusación formulada contra los cuatro miembros de las redes de pedofilia detectados en la Operación Tantalio. Sin embargo, ha admitido que "en Bolivia no hay ciberseguridad y, por tanto, no se puede garantizar una investigación que aporte con todos los elementos de convicción para sustentar una acusación". por tanto, tampoco ha brindado detalles sobre las pericias a los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, CD incautados durante su aprehensión.


Fuentes policiales han revelado a ANF, que no se ha guardado la cadena de custodia y al menos un celular y dos CD con evidencias incriminatorias han sido sustituidos en algún momento del proceso de investigación.

Además de estas irregularidades se argumenta ausencia de normativa, como ocurre con todas las infracciones realizadas en el ciberespacio, y se justifican las demoras en la apertura del juicio a los implicados en la Operación Tantalio.  La Fiscalía presentó acusación en marzo de este año, y desde entonces no se fija la fecha de inicio del juicio oral.  

La abogada Zuleika Lanza, exabogada del militar procesado por pornografía infantil, admitió que su estrategia de defensa estaba basada en la falta de una normativa específica y en los vacíos procedimentales y limitaciones técnicas para garantizar el examen pericial de las pruebas.

Todo hace ver que la cooperación global que articuló Europol junto a Interpol para desmantelar la primera red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp no ha tenido las repercusiones esperadas en Bolivia. 

La exfiscal Karina Cuba, insistió en la trascendencia del Operativo Tantalio y reclamó la organización de una comisión especial de fiscales para desbaratar todas sus conexiones a nivel nacional.

Casi al cierre de esta investigación, siguiendo las pistas de Operación Tantalio, el pasado 20 de junio la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú desplegó a 370 policías y logró desbaratar la red internacional "The Little Princes" de distribución de pornografía infantil que tenía conexiones en 30 países de los cuatro continentes. En el operativo detuvo a 30 peruanos y alertó a sus pares de la región que entre los miembros del grupo de WhatsApp figuran 48 usuarios de Brasil, 45 de México, 27 de Estados Unidos, 15 de Ecuador, 16 de Colombia, 13 de Argentina, 11 de Chile, ocho de Bolivia, cinco de El Salvador, tres de Uruguay, tres de Guatemala, dos de Paraguay, dos de Costa Rica, dos de Panamá, dos de Honduras y dos de Venezuela.

Cinco días más tarde, en la ciudad de La Paz, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno inauguraron la primera Unidad de Investigación de Ciberdelitos pero no se dieron por enterados de los nuevos indicios que implican a ocho ciudadanos bolivianos en redes internacionales de ciberdelitos sexuales.