PERROS EN CONDICIÓN DE CALLE ¿QUIÉN DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD?

Para nadie es secreto que el número de perros callejeros ha aumentado en los últimos años en La Paz, así como en otras ciudades capitales de Bolivia. Pese a las políticas públicas, que poco o nada han hecho para hacerle frente a este problema, la cifra sigue en ascenso.

A ello se suma el preocupante incremento de los casos de rabia canina y humana que se han registrado en los últimos años en el país, problema que va de la mano con la proliferación de canes vagabundos que, al ser portadores de la enfermedad, constituyen un foco de infección para las personas y otros perros.

Ante este panorama surge la necesidad de preguntarse ¿Quién debe o debería asumir la responsabilidad de hacerse cargo de los canes en condición de calle?

Sabiendo la complejidad del tema, ANF decidió acudir a diferentes instancias, gubernamentales y civiles, para responder a la interrogante y se tomó a la ciudad de La Paz como el espacio específico de análisis.

La principal normativa que se creó para abordar este problema mantiene un carácter delegatorio, es decir, que las responsabilidades que son competencia del Estado central descienden a niveles de poder más específicos como lo son los gobiernos autónomos municipales. Todo esto en base a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Basta decir que el numeral 5 del Parágrafo I del artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, señala que es obligación de las alcaldías "preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos".

SURGE LA LEY 700 PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES CONTRA ACTOS DE CRUELDAD Y MALTRATO

Ante la exigencia e impulso de distintas agrupaciones dedicadas a la protección de animales, el 1 de junio de 2015 fue promulgada la Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato.

La norma en su artículo 2 señala que su finalidad es "prevenir y penalizar los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos, en el marco del numeral 21 del Parágrafo I del artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE)".

En la ley se delega responsabilidades tanto al Estado como a las personas (artículos 4 y 5) para garantizar la vida sin violencia de estos animales que ante la norma adquieren derechos como sujetos de protección (artículo 3).

Asimismo, en el artículo 7 se especifica que las alcaldías y gobernaciones “en el marco de sus competencias, podrán emitir la normativa correspondiente, estableciendo sanciones contra actos de maltrato que provoquen dolor y sufrimiento, causados directa o indirectamente por las personas”.

Pero también, la norma contempla una disposición transitoria que señala que es deber de las “Asociaciones Municipales de Bolivia - FAM, en los Gobiernos Autónomos Municipales, promover la elaboración e implementación de normativa para preservar, conservar y contribuir a la defensa y protección de animales domésticos”.

El responsable del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, Grover Paredes, existen dos instancias que comparten la responsabilidad por la existencia de perros callejeros: la ciudadanía y los municipios.

Paredes explicó que si bien los canes son responsabilidad de sus dueños, es el municipio el llamado a sancionar a aquellos amos que descuidan a sus mascotas y los sacan a las calles para que estos busquen sus alimentos en los basurales y hasta pernocten en las vías expuestos a varios peligros.

"Si buscamos responsabilidades, es la población, pero si buscamos orden en este tema la llamada de atención es para el municipio que debería estar fortaleciendo las actividades para ya no tener perros con dueños en las calles", aseguró Paredes.

En septiembre de 2017 y debido al alarmante incremento de número de casos de rabia canina y humana a nivel nacional, un 588% en comparación con el mismo espacio de tiempo en 2016, el Ministerio de Salud declaró “Alerta Nacional Sanitaria” y se solicitó los municipios más afectados emitir una declaratoria de emergencia local para realizar el control de los diferentes casos.

Otra de las medidas que se asumió fue la prohibición para adoptar canes y gatos que hayan sido rescatados de las calles debido al riesgo que implicaba esta acción durante una epizootia (enfermedad que reina transitoriamente en una región o localidad y ataca simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies de animales).

"En una epizootia no debería haber adopciones en ningún municipio ni ningún lado, ya que podemos tener el riesgo de que esos perros que sean dados en adopción y no hayan tenido un proceso de observación puedan llegar a tener enfermedades", dijo Paredes.

Paredes contó que en 2017 una asociación dedicada a la protección de animales puso en adopción dos canes que tiempo después de ser entregados sus nuevos dueños comenzaron a presentar sintomatología de rabia, lo cual evidencia el riesgo al que se exponen activistas y la población que adopta a un animal en condición de calle.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rabia es una enfermedad vírica infecciosa que acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas clínicos. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos.

La situación en nuestro país respecto a esta enfermedad es preocupante, dado que en el 2017 el número de casos de rabia canina y humana se han disparado en comparación a otras gestiones anteriores.

Al primer trimestre de 2018 la situación no deja de ser preocupante, ya que se han registrado cuatro casos de rabia humana y 88 casos de rabia canina.

De estos casos de rabia humana resalta el registrado en la ciudad de El Alto, ya que, según zoonosis de este municipio, hace 10 años que no se había presentado un cuadro similar.

"Yo creo que los municipios tiene que de alguna manera comenzar a ejecutar o hacer cumplir sus ordenanzas municipales porque vemos en las calles en El Alto, Cochabamba, Santa Cruz u Oruro, una infinidad de perros que supuestamente no tiene dueño, pero si hacemos la investigación epidemiológica descubrimos que esos perros si tienen dueño que los dejan irresponsablemente en las calles", dijo Paredes.

El funcionario explicó que para este 2018 se destinará al menos 3 millones de vacunas, 5% más de lo que se utilizó el 2017 (2.700.000 dosis), aunque aclaró que la cifra de vacunas puede variar. Asimismo, indicó que para esta gestión se usarán vacunas con cultivo celular, "una vacuna que estamos adquiriendo para que hasta el 2020 se pueda erradicar el mal de rabia y evitar que la gente muera por esta causa".

Regulación a las agrupaciones dedicadas al rescate de animales callejeros

El representante del Ministerio de Salud señaló que es necesario regular la labor de los grupos dedicados a la protección de los animales en condición de calle, control que debe ser desarrollado por el municipio para garantizar que los canes y gatos rescatados de la calle no pongan en riesgo su seguridad sanitaria ni el de la gente.

Tocando este tema es lógico pensar y preguntarse: ¿cuántos perros habrá en Bolivia? Pero no hay una respuesta precisa, ya que no se cuenta con una cifra exacta. Sin embargo, actualmente no existen datos aproximados sobre los cuales, por ejemplo, se calcula la cantidad de dosis de vacuna para las campañas antirábicas.

El responsable del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud explicó que ante la ausencia de datos exactos la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó un indicador internacional para desarrollar las campañas de vacunación que consiste en relacionar cuatro perros por cada habitante de un municipio o departamento. 

Es decir que en base a ese indicador se calcula que en Bolivia existirían más de 2 millones de canes

Según Paredes, lo preocupante es que esta cifra tiende a incrementarse con el paso de los años debido a muchos factores, entre los cuales resalta la poca efectividad de campañas de esterilización impulsada por los municipios, actividades con las que "la cifra de perros debería bajar, pero la cantidad aumenta en vez de reducirse".

"Yo creo que de aquí a un tiempo, a un mediano plazo, vamos a tener una cifra de uno a uno, es decir un perro por cada persona, lo que sería 11 millones de perros. Es lo que tenemos que evitar para no tener mayores riesgos por el mal de rabia", agregó Paredes.

Dada la responsabilidad que le delega la Ley 700, la alcaldía de ciudad de La Paz trabajó en la elaboración de un proyecto de ley que significó al menos dos años de esfuerzo. Finalmente, en mayo de 2017, el alcalde Luis Revilla promulgó la Ley Municipal 239 para animales de compañía.

Se trata de una norma con 63 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales y una disposición derogatoria. Dicha ley se basa en tres pilares fundamentales: la salud pública, la protección y responsabilidad con los animales y la planificación urbana, según la explicación de Kathia Salazar, Concejala Secretaria de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas y principal impulsora de esta ley.

"Son esos tres elementos que tenemos que conjugar para que en algún momento se genere la convivencia armónica con los animalitos y pueda ser grato tenerlos en La Paz y no considerarlos un problema como hoy está pasando",  aseguró Salazar.

Salazar dijo que el municipio es quien tiene la responsabilidad sobre los canes en condición de calle, sin embargo, reconoció que se trata de un problema que no es tan fácil de afrontar debido a su complejidad y a la magnitud de sus características.

"(Nuestra responsabilidad) Es algo cierto, totalmente cierto y en esa línea el propio Alcalde decía que nosotros como municipio queremos hacer nuestra tarea, pero no se puede. Imagínense que se comience a rescatar animales de la calle y se los encierre o que nos hagamos cargo de animales que tienen dueño. Es un desorden tan grande y no se le puede pedir a un municipio enfocarse para atender un solo tema", aseguró.

La funcionaria explicó que en cierto momento se calculó el presupuesto que se necesitaría para destinarse a un proceso masivo de esterilización o a la creación de un albergue de animales callejeros, y que los resultados apuntaban a la erogación de un gasto que obligaría a suprimir otros proyectos.

La ley municipal 239 aún no tiene reglamentación

Debido a que aún carece de una reglamentación, la Ley Municipal 239 para animales de compañía no se pone en pleno vigor. Según la disposición final segunda, el órgano ejecutivo municipal debió elaborar y aprobar la reglamentación en 90 días calendario tras la promulgación de la norma.

La Ley Municipal 239 se promulgó en mayo de 2017 y el plazo para la reglamentación se cumplió en agosto de aquel año y hasta marzo de 2018 aún no se tiene noticias de su aprobación  ¿Qué es lo que pasó?

"Estamos a la espera de la reglamentación, han pasado algunos meses fuera del límite (...) El tiempo ha concluido y como algunas leyes esta tiene su complicación, tiene sus detalles y necesita mayor coordinación entre las 16 unidades que trabajan con ese tema", dijo Salazar ante aquella interrogante.

La funcionaria aseguró que los encargados de esta labor ya concluyeron el trabajo y que actualmente el reglamento de la norma se encuentra en plena revisión para finalmente ser presentada. Asimismo, explicó que se viene la etapa en la que organizaciones de protección animal serán convocadas para plantear propuestas y compartir experiencias con el fin de enriquecer el reglamento.

Consultada sobre una fecha tentativa para la presentación del reglamento, Salazar no se animó a mencionar un día en específico, solo expresó su inquietud porque sea lo más pronto posible, aunque aclaró que existen artículos en la norma que no necesitan reglamentarse para cobrar vigencia y ser acatados por la ciudadanía. 

la legalidad de las organizaciones protectoras de animales

Según la norma todas las organizaciones dedicadas a la protección de animales deberán ser acreditadas por la alcaldía de La Paz, instancia que, de acuerdo al Artículo 45,, parágrafo I de la Ley Municipal 239, "creará la Red Municipal de Organizaciones Protectoras de Animales como instancia de coordinación y colaboración entre la GAMLP y la organizaciones". 

Para Salazar, mas que hablar de legalidad entre estas organizaciones, "se puede hablar de participación", en el entendido que esta "red" coadyuve en la labor de protección de los animales en condición de calle, ya que consideró que pese a tener una unidad específica para atender este tema, como lo es la Casa de la Mascota, "el equipo es reducido para un problema que es tan grande".

El 3 de septiembre de 2016, el alcalde Luis Revilla inauguró la denominada Casa de la Mascota en el barrio de Bajo San Antonio de La Paz, cuyo costo de la infraestructura y el equipamiento en su primera fase fue de Bs 2,5 millones procedentes de las arcas del municipio.

Según las autoridades, este edificio se construyó con el objetivo de que sea un centro integral para el bienestar animal a través de su servicio médico veterinario y del incentivo a la adopción y la tenencia responsable de perros y gatos.

La misma está bajo tuición de Glenda Ayala, jefa de la Unidad de Salud integral de Animales y Zoonosis de la comuna paceña.

Un punto interesante es que la Casa de la Mascota reemplazó a la tristemente célebre perrera municipal, cuya misión era la captura de perros y gatos callejeros, animales que eran recluidos en un albergue por un lapso y finalmente sacrificados.

Ayala indicó que "ya no se hace esa actividad desde 2015" tras la promulgación de la Ley 700 “que considera un acto de biocidio la captura de animales callejeros y su descanso (sacrificio)". Además indicó que ya no cuentan con ningún albergue parecido al de la perrera.

Ahí surgieron unas interrogantes ¿Qué hay con los canes que deambulan en las calles? Si no es el municipio, que por norma está obligado a ser responsable por este tema ¿Quién se hace cargo de los animales en condición de calle?

Ayala explicó que el tema de perros callejeros no solo es responsabilidad del municipio, sino también de la ciudadanía y que la alcaldía hace los esfuerzos necesarios con campañas de esterilización para poder bajar la población canina.

“Lamentablemente la población no ha comprendido el concepto de tenencia responsable de sus animales. Por más esfuerzos que el municipio pueda hacer para bajar la población canina o felina, la gente tiene que poner de su parte para evitar el abandono y la proliferación de canes y gatos callejeros”, agregó.

Pero ¿Qué ocurre con aquellos perros y gatos que están en óptimas condiciones, son abandonados y llevados hasta la Casa de la Mascota? o en su caso ¿Con aquellos animales que llegan a rehabilitarse tras ser tratados en este centro? ¿Dónde los acogen? La respuesta es corta: no los reciben. 

Asimismo, explicó que debido a la alerta sanitaria que hay en el país por el mal de rabia canina y humana, se decidió suspender con las adopciones por el riesgo que implica otorgar un animal que probablemente sea portadora de este mal.

NO ES FÁCIL PENSAR EN UN ALBERGUE MUNICIPAL

Para la concejala Kathia Salazar pensar en un albergue de animales callejeros es muy difícil porque se plantea en un tema complejo debido a que el objetivo no es reabrir la perrera municipal y recluir a todos los canes y gatos que se encuentren en las calles, cuyo futuro no está asegurado. 

Salazar señaló que es lógico que la gente se pregunte ¿a dónde irán a parar los perros callejeros si ya no hay una perrera municipal? y que las respuestas a esas dos interrogantes están en la misma Ley Municipal 239, ya que "se plantea generar iniciativas y proyectos de acción en favor de los animales, al punto que se esperamos ser en algún momento una ciudad amigable con estos".

"Cuando hablamos de planificación urbana también se habla de gestionar espacios donde se pueda hacer un control y cuidado de los animales. Ahí viene la participación de organizaciones animalistas que puedan generar iniciativas y propuestas. No se esta especificando porque en la ley no se pueden poner detalles más puntuales , pero en la reglamentación se mencionará a estos espacios", aseguró.

ANF se entrevistó con tres organizaciones dedicadas a la protección de los canes y gatos en condición de calle. Cada una realiza una labor destacable en la medida que sus recursos le permiten. Son diversas y únicas, por lo que ven la problemática desde distintos puntos de vista, algo que sirvió para nutrir el debate.

Si se habla de entidades dedicadas a la protección animal, necesariamente se debe mencionar a la organización Animales SOS que realiza esta labor hace 23 años, según la explicación de Susana Carpio, principal representante de esta agrupación.

Animales SOS es una organización sin fines de lucro que inició su trabajo en 1995 en un domicilio en la zona de San Pedro. En 2005 pudo adquirir un terreno en el barrio de Achachicala, lugar al que se trasladó y pudo construir su albergue.

Escuche algo más de la historia de Animales SOS:

"Cuando empezamos atendíamos un caso de abandono cada dos semanas, dos perros al mes. Eso ha ido aumentando y para el año 2015 ya se atendía 20 casos al día. Ahora la cifra ha reducido porque se han creado varias organizaciones", aseguró Carpio.

Según la activista, la tasa de adopción fue siempre baja, ya que de cada 10 perros que se rescataban de las calles, solo tres encontraban un hogar y los otros siete eran sacrificados. A criterio de Carpio la eutanasia no está mal, sobre todo en perros y gatos que no tienen un hogar “para que no sufran en un país donde no son atendidos por las autoridades”.

Tras 10 años de labor y con la promulgación de la Ley 700 para la defensa de los animales contra los actos de crueldad y maltrato, Animales SOS decidió ya no recibir más animales abandonados, aunque había excepción para aquellos perros y gatos que se encontraban malheridos y necesitaban ser urgentemente atendidos.

Ahí surgió la consulta: ¿Quién es responsable de los perros en condición de calle? Basándose en el Artículo 302 de la CPE y la Ley 700, Carpio apuntó al municipio de La Paz como la única instancia llamada a asumir esta responsabilidad.

“En ese artículo dice que una de las competencias exclusivas, o sea de nadie más, del gobierno autónomo municipal es la protección de los animales, no solo de los perros y gatos, sino también de la fauna silvestre”, aseguró.

Críticas a la Ley Municipal 239 de animales de compañía

Para Carpio la Ley Municipal 239 de animales de compañía no ha ayudado en nada para mejorar las condiciones de vida de los perros y gatos, ni para hacerle frente al problema de la proliferación de canes callejeros.

En esa línea, responsabilizó a las autoridades ediles de no asumir su rol de servidores públicos y coadyuvar para que esta norma del municipio, promulgado en mayo de 2017, no llegue a ponerse en vigencia generando mayor sobrepoblación de perros y ayudando a que los casos de rabia canina y humana se incrementen preocupantemente.

Otra de los cuestionamientos de Carpio surge a propósito de la inexistencia de una reglamentación para la Ley Municipal 239, hecho que la impulsó a enviar continuas notas de reclamo a la alcadía paceña sobre este situación que hace que la norma sea insuficiente.

“Si bien la ley como tal se puede aplicar y que todavía no se ha derogado la ordenanza 514 de 2005, la reglamentación nos ayuda a ser más específicos y a actuar de una manera u otra en casos determinados. Por ejemplo el costo de la multa para la gente irresponsable”, dijo.

Sobre la Casa de la Mascota del municipio

La representante de Animales SOS criticó que el municipio, a través de la denominada Casa de la Mascota, delegue su función pública de protección a los animales en condición de calle a las organizaciones civiles, siendo que estas últimas son voluntarias y por norma no están obligadas a cumplir con el trabajo que corresponde a la alcaldía de La Paz.

“Cuando el gobierno municipal, a través de su Casa de la Mascota, deriva su responsabilidad a un ciudadano u organización animal, les están delegando un función pública y eso es un delito. El incumplimiento de deberes está dentro del código penal y tiene cárcel. Tanto la Casa de la Mascota, centro de zoonosis o perrera municipal, está incumpliendo sus deberes”, alegó.

Carpio cuestionó que el alcalde Luis Revilla no haya cumplido con la promesa de crear un albergue y que en su lugar se haya construido la Casa de la Mascota que, según su perspectiva, se convirtió en una peluquería canina y veterinaria privada por los servicios que ofrecen y altos costos que tienen.

Puso como ejemplo que cuando existía la perrera municipal el costo de una esterilización era de Bs 50 y que ahora en la Casa de la Mascota cuesta Bs 120.

“Es una veterinaria privada y no necesitamos eso porque en la ciudad hay muchas”, agregó.

Propuestas para la reglamentación de la ley

Así como hubo críticas, la representante de Animales SOS también manifestó algunas propuestas para que la Ley Municipal 239 adquiera mayor fuerza y logre un verdadero compromiso con los dueños de los canes y gatos.

En primera instancia, Carpio dijo que la idea de un registro de animales domésticos es una buena medida, pero que esta debe ser obligatorio, gratuito, en un periodo definido y que debe utilizarse un chip en el animal para conocer todos los datos de su dueño.

“El no registro debería ser sancionado con una multa de 3.000 bolivianos con el impuesto de una casa. Es decir, no podrías pagar tu impuesto si antes no pagaste la multa por no registrar a tu perro. Una vez que el periodo de registro pase, la guardia municipal debe tocar las puertas y pedir el registro. Si no hay pues viene la sanción económica”, dijo.

Sobre la legalidad de las organizaciones de protección animal

Siendo Animales SOS uno de las más antiguas organizaciones dedicadas a la protección de los animales tiene algunas observaciones respecto a la formación de nuevos grupos dedicados a esta actividad.

Para Carpio, la legalidad de las organizaciones parte de contar con una personería jurídica y las condiciones necesarias para desarrollar este trabajo, es decir, tener el respaldo de un médico veterinario, los recursos económicos y el espacio adecuado.

“Los grupos de Facebook, no los puedo llamar organizaciones porque no tienen personería jurídica, son absolutamente irresponsables. Los animales no tienen un periodo de observación, toman un perro de la calle y lo entregan inmediatamente, arriesgando a vida de las personas. Toman voluntarios muy jóvenes y les entregan animales en lo que ellos llaman hogar temporal, y eso es otra práctica irresponsable”, agregó.

La activista indicó que cuando las autoridades cumplan con sus responsabilidades y se hagan cargo de los animales en condición de calle, no habrá la necesidad de contar con las organizaciones animalistas.

Además, dijo que como Animales SOS, luego de varios años de trabajo, ven que las cosas poco o nada han cambiado respecto a la realidad de los animales y que las posibilidades de seguir adelante son cada vez más difíciles tomando en cuenta el costo (necesitan al menos $us 20.000 anuales para mantener el albergue) y la carga emocional que ello implica.

“Para nosotros es una enorme responsabilidad y un desgaste emocional de todos los días por todo lo que vemos, por lo tanto, hacer que las organizaciones animalistas asuman funciones que competen a la alcaldía es un delito. Nadie puede eludir la función pública”, aseguró.

Hoy el albergue de Animales SOS ya no recibe más animales abandonados, pero aún sigue trabajando por los perros y gatos que son rescatados de las calles en condiciones muy lamentables.

Carpio dijo que ese espacio aún se paga en la actualidad y que en el futuro pretende convertirse en un hospital animal.

Al llegar al albergue "Esperanza Animal" de la organización Amor Por Los Animales Bolivia (APLAB) se encontró un gran movimiento. Y no es que los canes refugiados estaban descontrolados, sino que los voluntarios trabajaban en el lugar levantando cosas y reubicándolas porque dentro de poco este sitio cerrará sus puertas.

      Conozca un poco más de la historia de APLAB en el siguiente audio:

En medio de esos afanes se conversó con Ana Serrano, representante de APLAB, a quien se le planteó la misma interrogante y coincidió con el representante del Ministerio de Salud al señalar que el municipio y las personas son corresponsables de la existencia de canes en las calles.

Para la activista, el tema de la responsabilidad sobre este problema es una suerte de juego de "ping pong, porque todo el mundo culpa al otro" y no asume la parte que le corresponde.  Ella considera que la solución no parte con la iniciativa de recoger a los perros de las calles y hacinarlos en una perrera municipal, sino potenciar las campañas de esterilización masiva, algo que la alcaldía tiene como asignatura pendiente.

“El municipio lo que debería hacer a través de la casa de la mascota es tener ambientes, las tiene pero deberían tener más, y la capacidad de esterilizar y hacer campañas masivas y continuas para que haya un control real en cuanto a la sobrepoblación de perros y gatos. Evidentemente hay muchos y no vamos a hacer ese control rápido, pero es el municipio el que debería ver cómo controlar esto”, dijo.

Basta saber que los 15 perros que actualmente están refugiados en “Esperanza Animal” deben abandonar este lugar, porque APLAB debe devolver el terreno donde se encuentra y que les fue otorgado en calidad de préstamo, para darse cuenta que este grupo trabaja con recursos propios y que no les alcanza para hacer más por los canes.

“Mantener un albergue no es fácil. Por semana gastamos mínimamente 300 bolivianos porque compramos una bolsa de comida de 21 kilos. Obviamente también cocinamos y es gasto. Nos encargamos de la rehabilitación, esterilizaciones, tratamientos, laboratorios, radiografías y cirugía”, indicó.

APLAB es uno de los tantos grupos que desarrolla su trabajo de forma voluntaria, realizando un trabajo que muchas veces no es reconocido. Ahí surge su reclamo para que la reglamentación de la Ley Municipal 239 para animales de compañía concluya y la norma entre en completo vigor.

Para Serrano es importante que a partir de la reglamentación de la Ley Municipal 239 para animales de compañía se haga efectivo el registro y control a las agrupaciones dedicadas a la protección de animales y de esa forma se reduzcan los riesgos de poner en adopción canes o gatos enfermos.

"Fuera de nuestra personería jurídica, también debemos registrarnos. Como APLAB y así como otros grupos tenemos que estas con la disposición de hacer esto. Así se habrá un control de la cantidad de animales con la que cuentan y sobretodo, cómo los ponen en adopción, si son entregados vacunados y esterilizados", aseguró.

La representante lamentó que haya grupos que comentan el error de rescatar perros o gatos de la calle y los pongan en adopción días después, sin tomar en cuenta el proceso de observación o cuarentena para descartar si tiene una enfermedad como la rabia.

En sus nueve años de existencia, APLAB dio cobijo y puso en adopción a cientos de canes y gatos. Según Serrano, al menos de 300 animales por años pudieron encontrar un hogar y una nueva oportunidad.

El proceso para adoptar un animal rescatado por APLAB no es tan corto, tomando en cuenta que el perro o gato debe permanecer dos semanas mínimamente en observación para evidenciar que no es portador de una enfermedad.

Seguidamente, el interesado debe firmar un documento privado, que también rubrica la organización, en la que se plantean una serie de compromisos de responsabilidad con el animal adoptado. Además de sanciones por la pérdida o maltrato del can o gato.

"Mucha gente lee el documento, no está de acuerdo y decide que no va a adoptar. Eso es bueno porque es honesto, pero también hay gente que acepta las condiciones y se lleva al perro, es más, a veces vuelve para adoptar a un segundo can", dijo Serrano.

Ante la prohibición de adopciones que determinaron las autoridades municipales para evitar la proliferación del mal de rabia, la activista señaló que no han recibido una notificación oficial al respecto.

Antes de terminar la entrevista, la responsable de APLAB recordó que todos los canes que se encuentran albergados en "Esperanza Animal" tienen hasta el 15 de abril para desalojar el terreno que ocupó por al menos tres años, por lo que solicitó la ayuda de la ciudadanía para encontrarles un buen hogar.

En el siguiente video podemos conocer un poco más de sus instalaciones y los voluntarios que trabajan en el albergue.

La organización Salvando Vida Animal (Sava) viene trabajando desde el 2014 y surgió como iniciativa de un grupo reducido de activistas que al principio vieron como necesidad realizar campañas de concientización de la población sobre la tenencia responsable de perros y gatos.

Norka Alcalá, representante de Sava, contó que con el paso del tiempo decidieron dedicarse al rescate de animales en condición de calle.  

Esta agrupación cuenta con un hogar transitorio en la zona de Callapa de La Paz, lugar donde actualmente se refugian al menos 18 canes, entre cachorros y adultos, todos ellos rehabilitados y listos para la adopción.

¿Quién debe hacerse cargo de los animales en condición de calle?

Para Norka la municipalidad es la directa responsable, aunque reconoció que esta instancia no es suficiente para hacerle frente a este fenómeno, por lo que dijo que el Gobierno debería coadyuvar con el trabajo de la esterilización de las mascotas para de ese modo controlar la sobrepoblación de canes y gatos.

“El gobierno y la municipalidad tienen la obligación de proteger a los animalitos, registrarlos y esterilizados. Obviamente no pueden recoger a todos los perros de la ciudad porque son muchos, pero pueden esterilizarlos para que no sigan procreándose. Eso debería ser lo básico para que de aquí a algunos años podemos controlar la sobrepoblación de canes", refirió.

Critica a la Ley 700 y a la 239

La representante de Sava cuestionó la Ley 700 y la Ley Municipal 239 debido a que, desde su opinión, no se cumple en cuanto tema de sanciones contra las personas que maltratan a los animales.

"la gente cree que nuestro trabajo es obligatorio..."

Norka contó que muchas personas creen que su trabajo es obligatorio, y hasta a veces remunerado económicamente. "Nada más falso", dijo ella y afirmó que  "sería interesante que nos paguen un sueldo por hacer el trabajo de la autoridades municipales". 

"En la Casa de la Mascota se lavan las manos porque hay asociaciones que trabajan de modo voluntario en el rescate de animales y lo hacen porque quieren ayudar, pero el trabajo y la responsabilidad recae en ellos, las autoridades", indicó.

"En nuestra sociedad creen que las organizaciones que existen tienen la responsabilidad sobre estos animales. Nos llaman y nos dicen que vayamos a recoger un perro herido. Nosotros a veces no disponemos de un vehículo para ir, pero hacemos los esfuerzos tomando en cuenta que nuestra ayuda es voluntaria", aseguró Norka.

sobre la legalidad de las organizaciones 

La representante de Sava explicó que la legalidad de una agrupación inicia con la obtención de un personería jurídica. Sin embargo, ella reconocía que son pocas las que cuentan con este requisito y que el factor económico muchas veces evita que puedan conseguirlo. 

"No todos lo tenemos, porque para sacar ello tienen que tener un monto de dinero. Entonces todas las demás están en proceso de sacar, y a nosotros nos esta tomando tiempo por el tema económico. Se está ingresando los papales con un abogado que nos apoya , pero todavía no tenemos", refirió.

adopciones garantizadas

Sava aseguró que es muy riguroso a la hora de poner en a adopción los canes y gatos que rescatan y rehabilitan. De acuerdo a la norma ponen en observación al animal para luego someterlo a una serie de tratamientos para curarlo en caso que estén maltratados. Para ello recurren a una médica veterinaria a la que admiran por su amor y desprendimiento hacia los animales abandonados.  

Para Norka es necesario regular a los grupos para no poner el riesgo la vida de las personas que sin tomar previsiones o sin saber, agarran un perro de la calle y poco después los ofrecen en adopción por las redes sociales porque no pueden conservarlo en sus casas. 

"Tiene que haber una regulación eso es cierto, parámetros para entregar animales en adopción porque también pasa que cuando una familia adopta y se le muere el perro, acumulan una mala experiencia y ya no quiere adoptar, prefiere comprarse un perro", dijo. 

El hogar transitorio de Callapa es un espacio prestado por una familia de buen corazón. Así como la mayor parte de las asociaciones, Sava vive por los aportes y ayudas voluntarias de personas que sienten un compromiso con  los animales en condición de calle que no pierden la esperanza de tener una nueva oportunidad y conseguir un hogar que los acoja con mucho cariño.