EL ESCARPADO CAMINO DE LA JUSTICIA CONTRA EL FEMINICIDIO 

Zulema Alanes Bravo

El 11 de julio la fiscal Karina Cuba no estaba presente cuando se pronunció la sentencia absolutoria del acusado por el feminicidio de María Isabel Pillco pero todos apuntaron a ella. Dos años y nueve meses antes acusó a David Viscarra por la muerte de su pareja de 28 años. En un caso de feminicidio el sistema penal no devuelve la vida, pero tiene la obligación de hacer justicia y el primer eslabón para lograrlo es la fiscalía. 

Cuba sabe cómo funciona el sistema. Trabajó como supernumeraria, fue pasante de diligencias, asistente de fiscal y secretaria de tribunal. El caso i4LP1414895 fue el segundo feminicidio a cargo de esta fiscal, pero el primero con sentencia absolutoria y la gota que hizo rebalsar las dudas sobre el debido proceso en el sistema de justicia. Y el primero que será sometido a una auditoria jurídica porque si concurren el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades encargadas de sancionarlo, el feminicidio es un crimen de Estado.

Desde que conoció la resolución de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que instruyó auditar el juicio penal por este feminicidio, la fiscal ha tomado este caso como un asunto personal porque 40 días antes de la sentencia pronosticó un fallo absolutorio y denunció: "hay parcialización de los jueces".

Para bien o para mal, Karina Cuba, es una de las fiscales más visibles del Ministerio Público en la sede de Gobierno. Respetada y odiada. Valorada y cuestionada. Los extremos se aproximan a la hora de destacar su disciplina y su dedicación al trabajo. Como coordinadora de la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Priorizada (FEVAP) debe supervisar el trabajo de un equipo de 10 fiscales y el curso de unas 17 mil demandas penales, pero en medio de las cientos de miles de páginas de los expedientes que saturan las estanterías y se esparcen por los pisos de sus oficinas, 114 son de feminicidio, representan la menor carga procesal pero una de la más importantes porque son el recordatorio de que la desigualdad entre hombres y mujeres mata. 

Cada fiscal debe ejercer la acción penal y dirigir la investigación y actuación policial de todos los delitos tipificados como violencia de género (Ley 348) y de trata y tráfico de personas (Ley 263), de 1.500 a 2.000 expedientes, sobrecarga judicial que limita a lo estrictamente necesario la atención de cada caso, impide cumplir los plazos procesales y asistir a las audiencias, y es también excusa para la retardación de justicia.

Los asesinatos de mujeres en ciudad Juárez, México, dieron origen a la tipificación del feminicidio como toda violencia letal que ocasiona la muerte de una mujer por ser mujer. Marcela Lagarde –mexicana, antropóloga, izquierdista, feminista– decidió transformar la consternación y el dolor en denuncia y exigencia de justicia. Hace una década denunció el genocidio de mujeres y definió el feminicidio como una barbarie asociada a prácticas sociales que permiten atentados violentos contra su integridad, su salud, sus libertades y su vida. En la justificación de la ley que promovió en su país –la primera en Iberoamérica– explicó que estos asesinatos "tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".

En Bolivia el feminicidio se tipificó como delito bajo presión ciudadana, en marzo de 2013, tres semanas después del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de su esposo, el policía Jorge Clavijo, denunciado como agresor ante sus superiores en al menos 14 oportunidades. La Policía, brazo operativo en la lucha contra la violencia machista, no lo amonestó nunca; 15 puñaladas aceleraron la aprobación de la ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).

Aunque ya son 15 los países que en América Latina sancionaron el feminidicio con las penas máximas –en Bolivia 30 años de prisión sin derecho a indulto– aún no lograron dimensionar la magnitud del problema, ni adecuar la institucionalidad para enfrentarlo, ni superar las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia.

En 2016, la abogada de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, participó en el estudio de la Alianza Libres Sin Violencia que revisó 400 expedientes judiciales para medir el desempeño de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia y concluyó que "muchos servicios no están disponibles". La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el organismo especializado de la Policía “sólo tiene 70 oficinas en 65 de los 339 municipios”. Las gobernaciones no le transfieren recursos para equipamiento y funcionamiento, “en Santa Cruz, durante meses la FELCV atendía en penumbras, hasta que una empresa privada pagó el costo del cableado eléctrico”.

En todo el país, sólo 281 municipios tienen Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la mayoría comparte responsabilidades con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA). La Fiscalía está en todas las ciudades capitales, pero en contados poblados rurales, en la mayoría no existen fiscales ni tribunales, obligando a los litigantes a un ir y venir incesante, del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Para Bayá, “sin acceso a los servicios, el resultado es la impunidad, la 'normalización' de la violencia”.

En una de sus primeras misiones como fiscal de Coroico, Nor Yungas, Karina Cuba comprobó que “es difícil garantizar debida diligencia a 108 Km de la ciudad donde está la estructura del sistema judicial”. Y más al sur, en el municipio de La Asunta, Jhonny Mallea, responsable del SLIM lamentó que la justicia no llegue porque las oficinas de fiscales, jueces y forenses están a 200 Km de las víctimas: “Tres feminicidios y más de 15 procesos penales por violación sin juicio ni sentencia hace más de dos años”. Teresa Caballero viajó cerca de 9.000 Km desde España a Bolivia para reclamar por el feminicidio de su hija. Aracely Aguilera fue asesinada a golpes por su concubino el 30 de octubre de 2016 en Muyupampa, un municipio de Chuquisaca. Ya perdió la cuenta de las veces que recorrió 353 Km hacia Sucre, la capital de la justicia, para evitar que se burle su demanda.

En la ciudad de Santa Cruz la Casa de Acogida ‘Ana Medina’ está bajo llave. Hace un año, la Ley Municipal 304 autorizó su funcionamiento. “Se llama Ana Medina porque no queremos que se repita un feminicidio más en nuestra ciudad”, dijo entonces Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal. Levantaron el nombre de Ana Medina en vano. Las autoridades municipales pusieron un candado a su promesa de “atención oportuna, inmediata, eficiente, eficaz y sin discriminación a todas las mujeres que fueran víctimas de violencia de género”. Contando a Ana Medina, la joven afroboliviana de 23 años que murió dos semanas después que su marido le rociara gasolina y le prendiera fuego, el 2016 Santa Cruz enterró a 21 mujeres víctimas de feminicidio. El último reporte de prensa, asegura que en lo que va de este año ya son 24 víctimas. La presidenta del Concejo Municipal no se dio por enterada que en su municipio se sigue matando a las mujeres. Y la Casa de Acogida ‘Ana Medina’ está bajo llave.

En la avenida Hernando Sanabria, Tercer Anillo de esa ciudad de más de un millón 600 mil habitantes, no hay tiempo para la demagogia. Un equipo de 11 mujeres brinda atención integral a sus pares en situación de violencia. Desde hace más de dos décadas la Casa de la Mujer habilitó un refugio transitorio para quienes “huyen de los golpes y temen por sus vidas”. Es literalmente un refugio, un espacio pequeño, abierto las 24 horas del día y los 365 días del año, con ocho catres con colchón doble, “para improvisar cuando su capacidad es sobrepasada. Una vez albergamos a 4 mujeres con sus 17 hijos”, recordó Paola García, una de las abogadas del equipo jurídico. “La violencia no da tregua, y cualquier signo de agresión debe ser considerado potencial riesgo de feminicidio”. El 2016 la FELCV registró 11.900 denuncias de mujeres que sufrieron diferentes formas de violencia en Santa Cruz.

La legislación por sí sola no garantiza que las instituciones públicas como los municipios, las fuerzas policiales, las fiscalías y los tribunales sean responsables de la seguridad y la justicia para las mujeres, es necesario que los recursos para su protección y los instrumentos para la investigación y enjuiciamiento de los delitos estén disponibles.

Ciudad de La Paz, 5:30 a.m, 21 de abril del 2017. Jorge Calisaya Nina, imputado por intento de feminicidio, está prófugo. Tres posibles escondites fueron detectados por efectivos de la FELCV en la Estación Policial Integral (EPI) de San Antonio, un macrodistrito con más de 120 mil habitantes. Karina Cuba, con lentes y pelo recogido, pantalones abrigados, botines sin taco y una chamarra con el distintivo oficial del Ministerio Público dirigió el operativo.

El padre de la víctima guarda silencio. La Ley 348 establece que quienes coadyuvan en la búsqueda de justicia deben abstenerse de realizar comentarios y apreciaciones personales que mellen la dignidad de la víctima, que pongan en duda la palabra de los familiares o que los desalienten a continuar con el proceso.

El operativo siguió su curso. Un sargento cuarentón, un oficial de civil, dos mujeres policías, una fiscal, un padre ansioso y una periodista que solo puede observar. El policía que conducía la patrulla policial advirtió al padre: "Usted de lejitos. Que no lo vean, pueden tomar represalias". La primera casa era una madriguera. Habitaciones irregularmente distribuidas, una por cada familia, seis en total. Diez adultos y ocho niños. Un baño común al frente de la puerta de ingreso. Mucha resistencia y una advertencia: “Se entenderán con nuestro abogado”. La segunda vivienda, totalmente vacía. Ahí fue la golpiza que 18 días antes por poco mata a Shirley Limachi, ahí fue donde su pareja le arrancó el cuero cabelludo, una habitación ahora cerrada con candado, en un terreno que se cuelga del cerro. La casa que la madrastra abrió de par en par fue la tercera vivienda sin rastros del sospechoso.

Don Agustín Limachi, el padre que demanda justicia, un artesano que fabrica soldaditos de plomo en miniatura para la feria de Alasitas, se encogió frustrado en el asiento trasero del auto policial. Contó que un año atrás fue la primera golpiza, pero la jueza Cynthia Delgadillo dejó libre al agresor, según sospecha, en colusión con “El Diablo”, un tristemente célebre abogado de golpeadores y feminicidas. Para entonces, la jueza ya estaba procesada a demanda de varios litigantes por graves faltas disciplinarias. Hoy sigue ejerciendo sus funciones. Shirley huyó a Cochabamba, pero volvió a los seis meses. No pasaron muchos días y la violencia se interpuso nuevamente en su camino, esta vez con agravantes. Jorge Calisaya Nina sigue burlando a la policía. La detención de su madre no logró que se entregara. Shirley fue dada de alta. La primera semana de julio su familia denunció que está desaparecida. Muchas veces la acción de la policía es insuficiente, o tardía.

Para la fiscal Cuba este fue un operativo de rutina que le recordó que en todas las etapas del proceso hay obstáculos, que muchos actuados se demoran, que “no todos los investigadores son diligentes, hay quienes se excusan incluso con conminatorias, los más probos y especializados son cambiados de destino, no siempre hay una adecuada valoración del riesgo ni se brinda el auxilio inmediato”.

El sábado 8 de julio la Virgen de los Deseos, la casa del movimiento feminista Mujeres Creando, volvió a abrir sus puertas para una Venta de Garaje. Una vez más convocó al amplio tejido de solidaridad y compromiso que ha logrado consolidar en más de dos décadas de activismo, esta vez, "En busca de Justicia para Andrea". Lleno total para adquirir productos –nuevos, seminuevos o simplemente utilizables– pero sobre todo para ayudar a recaudar fondos para costear el largo proceso penal que la justicia ha instaurado contra William Kushner tras la muerte de Andrea Aramayo.

“Las dos grandes mentiras de la 348 son la gratuidad y la celeridad”, dijo Helen Alvarez, la madre de Andrea Amarayo que desde el 19 de agosto de 2015 no cesó en su búsqueda de justicia y “eso cuesta tiempo y dinero”. Desde gastos menores –llamadas, memoriales, fotocopias, transporte– hasta costos onerosos –abogados, peritos, pruebas periciales– a los que se suman “los descuentos por días no trabajados, porque nadie te paga mientras estás en audiencia, testificando o buscando a los testigos, esperando en los juzgados (…) claro, si tienes la suerte de no estar desempleada”.

En no pocos casos, a los costos procesales su suman las cuentas hospitalarias. Benito Peñaranda, ha pasado más de un mes en el hospital con un diagnóstico de pancreatitis aguda (dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre), es trabajador por cuenta propia y cada día inactivo es un día sin ingresos, un día sin recursos para pagar el transporte del investigador, para imprimir fotografías, para las fotocopias que debe reproducir cada vez que cambian al fiscal o al investigador, para ir y venir de La Paz a El Alto, al menos dos o tres veces por semana "porque si uno no va, todo se detiene". Debe encarar dos procesos simultáneos, uno por feminicidio y otro por trata y tráfico, porque el día que mataron a su hija Evelyn, el 6 de octubre de 2015, se llevaron también a su nieta, la pequeña Keyla, y no pierde la esperanza de encontrarla viva. “Nada es gratis” dijo y se lamentó porque cada vez aporta menos para el sostenimiento de la familia y porque “la justicia no es para los pobres”.

"La justicia no es para los pobres"

Es imposible costear un juicio, salvo que haya una chequera millonaria, sin una red de ayuda solidaria que empieza en la familia, se extiende a los amigos, vecinos, conocidos. Porque adicionalmente, “existen también otros cobros irregulares, que pueden calificarse como corrupción, que condicionan la realización de determinados actos procesales” dijo Mónica Bayá, la abogada que revisó 400 expedientes, “es un secreto a voces” que permanece muy bien guardado porque “las víctimas tienen temor a las represalias y a que la denuncia de la extorsión perjudique su proceso”. La fiscal Karina Cuba también admitió que “la corrupción existe, pero no deja huella, si lo hiciera la mayoría de los servidores públicos ya no estarían en sus puestos”.

Reynaldo Ramírez fue condenado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió. La noticia conocida el 2 de julio puso en el ojo de la tormenta a jueces, fiscales y policías. Se aceleraron los trámites para liberarlo y el Ministerio de Justicia le aseguró un puesto de trabajo para compensarlo. El 11 de julio, la historia de esta injusticia se filtró en la audiencia conclusiva del juicio por el feminicidio de María Isabel Pillco. Y el acusado fue declarado inocente. Los siguientes días, los operadores de justicia fueron puestos bajo sospecha. Y sobre llovido mojado, un frustrado atraco que dejó un saldo de cinco muertos, develó consorcios y contubernios entre jueces, fiscales, abogados y pistoleros.

El nombre de Iván Perales, uno de los jueces que dictó la sentencia absolutoria de David Viscarra, apareció en medio de esas oscuras componendas. No es la primera vez que se duda de la justicia, pero estas historias cruzadas de ilegalidad y colusión han acentuado la desconfianza en todo el sistema y en todos los procesos, pero particularmente en la forma como se juzgan los crímenes contra las mujeres.

Hay muy pocos expedientes de feminicidio sin tacha y muchas voces aseguran que el sistema judicial no ha asumido los retos que le ha impuesto el nuevo ordenamiento jurídico para la lucha contra la violencia de género. En el juicio bajo acusación de feminicidio de María Isabel Pillco los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales amenazaron con detener a la madre de la víctima por supuesta obstrucción del proceso porque sus abogados no se presentaron a una audiencia, instruyeron reprimir –"con gases lacrimógenos si es necesario"– a activistas que se sumaron al reclamo de justicia, declararon no habido al testigo clave y nunca decretaron la conminatoria para que se presente, impusieron un abogado de oficio a la acusación aunque éste les advirtió que desconocía el caso; revictimizaron a los padres de la víctima y permitieron la revictimización de la víctima, suspendieron sin previo aviso la última inspección técnica ocular y la convirtieron en audiencia conclusiva; consintieron la ausencia de los abogados de la acusación en los alegatos finales.

En la fase de investigación por la muerte de Fabiola Cáceres, ocurrido el 31 de julio de 2016, la abogada de la acusación cuestionó la actuación de la fiscal Karina Cuba y del forense Edgar Gisbert, y obligó a la fiscalía a revocar el sobreseimiento y ratificar la acusación contra uno de los imputados. La jueza Cynthia Delgadillo fue imputada a denuncia de Juana Quispe Poma por favorecer con la libertad provisional pura y simple al feminicida de su hija Lourdes Tarquino asesinada el 2 de agosto de 2014. La justicia aún no actúa contra la madre del acusado por el feminicidio de Aracely Aguilera, la funcionaria de la Gobernación de Chuquisaca que involucró en vida a la difunta en un negocio de Bs239.568, su madre, Doña Teresa Caballero, denunció: "A mi hija la mató su concubino y su suegra la usó como palo blanco" y, a nueve meses de la tragedia, sigue reclamando que le entreguen a sus nietas pero la Defensoría de la Niñez no hace cumplir el Artículo 36 de la Ley 348 que confiere la custodia de los huérfanos a los parientes por línea materna.

En marzo de 2016 el expolicía Franklin Tola Mamani fue sentenciado por el feminicidio de Noelia Muriel Escobar en Cochabamba. Se defendió en libertad pues luego de su imputación sólo permaneció dos semanas en la cárcel, un juez lo favoreció con medidas sustitutivas. Fugó el día de la lectura de su sentencia. El 23 de marzo de 2016 la justicia instruyó a la Interpol su captura internacional. Todo hace ver que su excamaradas no tienen la intención de encontrarlo, en la web de la Interpol no figura ni entre los prófugos ni entre los más buscados.

El sistema penal “es un juego de estrategias, no la búsqueda de la verdad y la justicia” afirmó Helen Alvarez que reportó 48 audiencias, de una hora a hora y media, una vez por semana, durante el primer año del juicio Kushner-Aramayo. Y añadió que en ese juego de estrategias “se dan cosas que ya son delincuenciales, como comprar testigos, alterar las pesquisas de los investigadores, activar las influencias y los contactos, ganar prestigio para cotizarse en el mercado de la injusticia, donde víctimas y acusados no somos más que clientes de un sistema corrompido”, por eso, desde hace un año, reclamó junto a Mujeres Creando la auditoria jurídica de todos los feminicidios. Y desde la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá coincidió en que no hay justicia confiable con “irregularidades en las investigaciones, demora y lentitud en las pericias, inactividad en los expedientes, negligencia en la recolección de pruebas, extravío de información y desaliento de los testigos”.

Las mujeres asesinadas en Bolivia tenían distintas edades, eran mujeres adolescentes, jóvenes, y mayores; de todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres, algunas mujeres tenían buenos ingresos; algunas eran analfabetas, otras eran modelos, estudiantes, técnicas, universitarias, posgraduadas y con excelencia académica; eran cónyuges, ex esposas, concubinas, novias, ex novias; eran hijas, hijastras, madres, hermanas, nueras, primas, suegras, vecinas, empleadas, jefas, estudiantes, desempleadas, campesinas, obreras; a la mayoría las asesinaron en sus casas; todas fueron maltratadas, atemorizadas y vivieron con miedo y humilladas; a unas las mataron a golpes, a otras estranguladas, decapitadas, acuchilladas, baleadas; algunas fueron mutiladas, atadas, descuartizadas, quemadas; todas estaban desprotegidas y aterradas; todas fueron agredidas y violentadas hasta la muerte. La mayoría de sus crímenes están impunes.

Con el feminicidio el cuerpo femenino se convierte en un número de expediente, un nombre sin historia, sin valía, sin derechos ni justicia, un subregistro en las estadísticas oficiales. "Los hechos de violencia son reservados" respondió por escrito la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado y se negó a proporcionar información desagregada por edad, hijos, estado civil, ocupación, procedencia, etcétera. Pero ya es un dato oficial que cada tres días el feminicidio cobra la vida de una mujer en Bolivia. Y es también oficial que los crímenes de odio contra las mujeres aumentan año tras año, de 2013 a junio de 2017, la violencia machista mató a 350 mujeres (26, 77, 93, 104, 49) … Por eso tan cierto el reclamo de Elena Apilanez, la activista de Ni Una Menos Bolivia: ¡Paren esta barbarie patriarcal!

"¡Paren esta barbarie!"