¿De qué estamos hablando?
El tráfico ilegal de fauna silvestre es la comercialización ilícita que se hace de especies salvajes que son arrancados de sus ambientes naturales. Esta acción llega a tener graves consecuencias para los ecosistemas de los países y a la vez atenta contra su patrimonio natural.
Todos los animales silvestres que son víctimas de este delito tienen distintos destinos, las mascotas a domicilios particulares, a circos u otros espacios los animales de entretenimiento, a museos como trofeos de caza, a centros de medicina tradicional o como ingredientes de platillos exóticos.
El sufrimiento de la especie comienza con su persecución y caza, porque para sus captores son simple mercancía para la compra y venta.
Durante este proceso, los animales pueden ser malheridos o sus cuerpos pueden ser mutilados durante su captura. Por ejemplo, en el caso de los primates se recurre al asesinato de una hembra para poseer a su cría.
Posteriormente se procede con el traslado y la tenencia provisional, etapa en la que no se cubren las necesidades del animal, además debe sufrir un estrés profundo debido a su encierro y, muchas veces, junto a otros especímenes desconocidos.
Nadie asegura la supervivencia de los cautivos en estas condiciones tan inapropiadas.
Pero el comercio de animales no es un negocio netamente ilícito, ya que se trata de una actividad que está sujeta a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este es un acuerdo que busca que este comercio no amenace la supervivencia de la flora y fauna silvestre en el mundo.
Bajo su protección se hallan 5.000 especies de animales y 28.000 plantas que deben ser preservadas de la sobreexplotación y el comercio ilegal. Además, estas especies se agrupan en Apéndices según el nivel de amenaza y cualquier transgresión a la CITES es considerado como tráfico de fauna y flora silvestre.
Dentro de este acuerdo se halla Bolivia, país que se suscribió el año 1979 con el objetivo de luchar contra este mal.
La danza de las cifras
Según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF siglas para World Wildlife Fund), el comercio ilegal de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito que mueve un gran capital económico —entre 10 y 20 mil millones de dólares anuales―, en el mundo. Solo está por debajo de la venta de drogas, armas y del tráfico de personas.
En 2016, el presidente de la CITES John Scalon explicó que el tráfico ilegal de vida silvestre había alcanzado un repunte en los últimos cinco años y que de continuar así el futuro de más de 7.000 especies del mundo estaba en serio riesgo.
En este negocio ilegal considerado una mina de oro para sus impulsores, no todos ganan lo mismo. Cabe resaltar que se trata de una organización que no tiene una estructura definida y que no necesariamente necesita de jefes y trabajadores.
Los que generan buenas ganancias con este delito no necesariamente son los que cazan a los animales silvestres, sino es gente pobre, indígenas que habitan las áreas selváticas que recurren a la captura de especies para ganar dinero.
Una vez que logran su objetivo los indígenas recurren al traficante que paga un porcentaje de la ganancia total que obtendrán de la reventa del animal, su piel, los colmillos u otras partes del cuerpo.
¿QUÉ PASA EN BOLIVIA?
Bolivia un país megadiverso
Según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Bolivia es considerado como uno de los 17 países que ostentan el título de "megadiversos" por poseer en su territorio un gran índice de biodiversidad del planeta.
Poseer esta riqueza natural no sirvió de mucho para reflexionar sobre la conservación de los ecosistemas que existen en el país, cuyo deterioro afecta directamente a la flora y fauna boliviana.
¿Qué dicen las normas?
La Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia expone la prohibición del tráfico ilegal, tenencia o manejo de fauna silvestre.
Asimismo y tras su inclusión en la CITES, Bolivia buscó la manera legal y específica de combatir el tráfico de fauna silvestre. Para ello se promulgó la Ley 1333 del Medio Ambiente de 1992.
A través de la Ley 1580 de 1994, el Estado boliviano ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en 1992 en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En el gobierno de Evo Morales, se promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley 300 del 15 de octubre de 2012, la cual resalta un "principio precautorio" que obliga al Estado y a la ciudadanía de proteger a la fauna silvestre.
Pese a todo ese "arsenal normativo", las cosas en el país no han mejorado mucho, ya que varias especies nativas de Bolivia han sido objeto de tráfico y están en serio peligro de extinguirse.
LAS VÍCTIMAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Debido a que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no otorgó la información solicitada a ANF, no se tienen cifras actuales sobre las especies silvestres que sufren más por el tráfico ilícito en Bolivia.
Sin embargo, se tienen datos en una publicación de 2013: "Tráfico ilegal de vida silvestre: Bases técnicas para su prevención, información, detección y control". Donde se registra entre el 2008 y 2011 un número de 120 especies traficadas.
Los operativos desarrollados por la DGBAP en esos años señalan que el 24% del total de las especies rescatadas, dado que es esta especie de ave las que generalmente es adquirida como mascota en las familias.
LA TRISTE REALIDAD DEL JAGUAR
Una de las especies que más ha cobrado popularidad en este último tiempo en el país es el jaguar (Panthera Onca), felino que tiene como hogar la amazonía. Ojalá fuera por su belleza o por las políticas a su favor para su preservación, pero nada de eso. Y es que el jaguar ha comenzado a reducir su población en el país y en Sudamérica debido a su caza indiscriminada.
Basta señalar que entre 2013 y 2016 las autoridades nacionales incautaron al menos 380 colmillos de este felino, piezas que junto a sus garras, piel, entre otros, son considerados de gran valía en el mercado negro y cuyo destino principal es China. En este país asiático pueden llegar a pagar hasta 10 veces más que su precio de origen.
Dentro de estos casos de tráfico se han visto implicados ciudadanos chinos. En febrero pasado dos personas de esta nacionalidad fueron aprehendidos en Santa Cruz tras que se descubrieran colmillos, garras, pieles, además de otras cosas, al interior de su negocio de comidas. Según las indagaciones de la Policía, los acusados se dedicaban al acopio de aquellas piezas para su posterior comercialización.
¿Cómo proceden los traficantes de animales silvestres?
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la extracción de los animales silvestres de sus hábitats es realizada por gente local que tras capturarlos los comercializan a intermediarios.
Estos últimos se encargan de trasladarlos a distintas ciudades para ofrecerlos. Las especies tampoco quedan allí porque luego podrían ser llevados al exterior en condiciones terribles.
Como se había hablado antes, existen redes de tráfico ilegal que se aprovechan de las necesidades de las comunidades indígenas para utilizarlas en la caza ilegal de las especies silvestres bajo promesa de una compensación monetaria.
De este modo, los habitantes locales se habitúan a esta práctica ilícita y la convierten en una forma de generar recursos.
Las autoridades gubernamentales y policiales han efectuado operativos para el decomiso o rescate de estos animales en distintos puntos del país, en especial en el eje central de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), donde se encuentran localizados los puntos de mayor comercio ilegal de especies silvestres.
En la capital cruceña muchos de estos animales pueden ser encontrados en el mercado Los Pozos, mientras que en Cochabamba La Pampa y La Cancha han sido blanco de constates operativos; en La Paz estas especies pueden encontrarse en venta en el mercado 16 de Julio y algunas provincias.
¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD QUE DEBEN ASUMIR LAS AUTORIDADES?
Según la legislación boliviana, las competencias institucionales sobre el tema ambiental, flora y fauna están clasificadas en competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas.
En todas estas competencias se encuentra el Estado como el máximo garante de la conservación y protección de la fauna y flora silvestre, también están involucradas las gobernaciones, municipios y los pueblos indígenas originarios campesinos, instancias que a partir de la Ley Marco de Autonomías asumen responsabilidades.
LAS COMPETENCIAS
Estado
Como la gestión principal de vida silvestre a nivel nacional recae en el Estado. Este delega la responsabilidad al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que al mismo tiempo cuenta con distintas instancias para cumplir esta labor. Entre estas se encuentra el Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCYDGDF).
GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS
En un nivel más abajo, las gobernaciones y los municipios del país también conforman direcciones con personal dedicado a la preservación del medio ambiente, la flora y la fauna.
PUEBLOS INDÍGENAS
A estas autoridades se suman las instituciones que tienen obligaciones administrativas y legales para combatir el tráfico ilegal de las especies salvajes. Entre las principales están la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) dependiente de la VMABCCYDGDF, la Físcalía, la Procuradoría General del Estado, el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma) y las Fuerzas Armadas.
¿Cómo trabajan?
Pongamos un ejemplo. En un operativo desarrollado por Pofoma en La Paz, un traficante es descubierto comercializando un animal silvestre. La institución del orden procede a decomisar a la especie y a detener al infractor quien debería ser juzgado por haber cometido un delito.
Según normativa, Pofoma debe entregar a la especie decomisada a la gobernación de La Paz, ya que el animal fue encontrado en su jurisdicción. Esta instancia deberá hacerse cargo del bienestar del animal silvestre en su Centro de Atención y Derivación (CAD), mientras hace las gestiones necesarias para derivarlo a un refugio permanente.
Si bien la Gobernación tiene la autonomía para proceder como mejor le parezca, la DGBAP debe hacer un seguimiento a este caso y otorgar el permiso si es que se decide que el animal decomisado sea enviado a otro departamento por distintos factores. Finalmente, el animal ingresa al refugio donde tendrá las condiciones para rehabilitarse y quizá, según la evaluación de las autoridades, ser liberado.
Ese es un ejemplo del trabajo coordinado que normalmente se debería cumplir entre las instituciones, sin embargo, la realidad es otra en la actualidad dado que no existe tal coordinación, ni tampoco las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo.
Refugios con hacinamiento en La Paz, animales silvestres conviviendo con humanos en las oficinas de Pofoma, incumplimiento de competencias, bajo presupuesto de la gobernación de La Paz para atender esta competencia, entre otros, son algunos de los problemas que están invisibilizados en desmedro de la fauna silvestre.
