Las desapariciones atribuidas a los cuerpos de seguridad
"Mauricio estaba llenando sus garrafones de agua, llegaron unos estatales y se lo llevaron" así de tajante es la respuesta de Silvia Viesca respecto a la participación de agentes del estado en las desapariciones forzadas de Coahuila.
Silvia es fundadora del Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) que trabaja en la búsqueda y localización de personas levantadas y desaparecidas entre los años 2004 y 2013 en la Comarca Lagunera de esta entidad.
Luis Mauricio Arrambide Contreras, es un taxista de 49 años, quien desapareció el 25 de mayo de este año a las 7 de la tarde en la colonia Jacarandas en Torreón.
" ¿Por qué sabemos que eran estatales?, porque el taxi que traía el señor Arrambide, se lo llevan junto con él, y el taxi estuvo dos horas y media en la estatal, la última llamada de su celular salió de las instalaciones de los estatales" asegura este madre de familia.
Pero el caso de Mauricio Arrambide, no es el único donde se presume la participación de agentes del estado en la desaparición forzada.
De acuerdo al primer informe del Grupo de Trabajo de Coahuila (GT) para el seguimiento de las recomendaciones de la Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas; de los 258 casos de desaparición registrados por FUNDEC hasta julio del 2012, en 162 se documentó la participación de la Delincuencia Organizada, mientras que en 29 casos se registró intervención de agentes del Estado.
Así mismo, el documento precisa la participación de nueve agentes de la Policía Municipal de Francisco I Madero, en dos eventos de desaparición en la misma gasolinera de la ciudad en fechas distintas.
El GT determinó además que pocos casos en los que hay avances, apuntan a colusiones entre la delincuencia organizada y autoridades, por lo cual señaló que existe información de los contextos de desaparición, pero esta no trasciende en las averiguaciones previas.
El Grupo VIDA por su parte tiene documentados un total de 5 casos de desaparición forzada donde existe la participación directa de autoridades del estado.
Así mismo el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas que visitó Coahuila en marzo del 2011, precisa en su informe haber recibido "documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían sido perpetrados por elementos militares en el estado de Coahuila, donde además personal militar habría interrogado a personas detenidas utilizando la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Jorge Verástegui González asesor jurídico del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios afirma que FUUNDEC ha logrado reunir los elementos suficientes que pide el tipo penal de desaparición forzada para presumir que hubo una participación de agentes del estado en 22 de sus casos.
"En 22 casos se tiene la prueba real de que fueron policías, en seis municipios, en los otros casos no hay una prueba fehaciente de que lo hubieran hecho, pero en las investigaciones se observa que hubo aquiescencia de las fuerzas de seguridad pública" sostiene Diana Iris García integrante de FUUNDEC.
La desaparición forzada, la CDHEC y los grupos de seguridad de "élite"
El pasado 19 de Junio del 2013, Juan Carlos Moreno Zavala de 24 años, fue privado de su libertad entre las 11:00 y 11:45 horas, en la ciudad de Monclova, Coahuila por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), por la presunta comisión de un delito.
Abusando de sus funciones los GATES golpearon y lesionaron a Morreno Zavala, quien por un mes fue ocultado de forma dolosa a sus familiares. El 19 de Julio del 2013 el cuerpo del joven fue encontrado sin vida, en un paraje del municipio de Monclova con huellas de tortura. Estos hechos son narrados en la recomendación 06/2015 que el pasado 24 de Febrero del 2015 emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila a la Comisión Estatal de Seguridad.
De acuerdo con la revista PROCESO quien obtuvo una copia del expediente CDHEC/085/2013/MON/AOE que consta de 57 hojas, los efectivos del cuerpo de élite "golpearon y colocaron bolsas de plástico en la cabeza a Moreno Zavala, quien también sufrió descargas eléctricas en los testículos".
Su cuerpo habría sido encontrado tres horas después de que su esposa llamó a una cadena de noticias de Saltillo para contar el caso y al final de la entrevista la afligida mujer señaló “Rubén Moreira diles a tus sicarios de los Gates que me regresen el cuerpo de mi marido para darle cristiana sepultura”, revela el artículo.
Debido a ello la CDHEC exigió al gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, detener y procesar al menos a ocho efectivos del cuerpo de seguridad de élite denominado GATE, por el delito desaparición forzada, tortura y homicidio.
Sin embargo un documento de transparencia folio 0077841 señala que desde la creación en 2013 de la Comisión Estatal de Seguridad a la fecha, un total de 11 elementos del grupo GATE han estado sujetos a un procedimiento administrativo en la Dirección General de Responsabilidades por quejas atendidas de la CDHEC, sin que ninguno de ellos haya derivado en alguna sanción.
Así mismo se informa que un total de 20 elementos de la policía acreditable y operativa han estado sujetos a procedimientos administrativos de los cuales dos derivaron en suspensión y tres en amonestaciones.
2013 2014 2015 Sanción
GATE 1 5 5
ACREDITABLE 0 7 7 1 suspensión
OPERATIVO 1 5 0 1 suspensión 3 amonestaciones
"El gobierno mexicano tiene como estrategia de control de las personas la violencia, eso es un hecho, esa es una manera de tener a la gente, mientras hacen todo sus trafiques, mientras hacen todas sus transformaciones estructurales, mientras realizan toda clase de tropelías"señala Raúl Vera López Defensor de los Derechos Humanos al ser cuestionado sobre los casos de desaparición forzada que ocurren en Coahuila.
Otro caso de desaparición forzada que involucra a los GATES fue documentado el 13 de Septiembre de este año en el periódico La Jornada donde se destaca que la Asociación Civil Familias Unidas tiene un registro de 150 casos de desapariciones forzadas en un año y medio en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, de las cuales por lo menos aseguran en 60 se tiene evidencia de la participación de este grupo de seguridad de élite.
Tanto la revista Proceso como La Jornada dan cuenta de que la CDHEC acumula más de cien expedientes en contra de los GATES por graves violaciones a los derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
"El dejarlos trabajar y que no se les haga nada y que no se les pueda hacer nada es una burla es el colmo" señala Silvia Ortiz madre de una víctima de desaparición forzada quien considera que existe una infiltración de la delincuencia organizada en las policías estatales y municipales.
Por su parte la CDHEC de 2012 a 2015 registra un total de 1,005 quejas contra los GATES, el Grupo Operativo de Reacción Metropolitana (GROM) y la Policía Operativa, Investigadora y Acreditable, pertenecientes a la PGJE y la Comisión Estatal de Seguridad.
“Es interesante ver la respuesta del actual gobernador, quien se molesta cuando alguien critica a este grupo especial a pesar de las pruebas y refleja realmente el discurso de esta persona en materia de derechos humanos” precisa Jorge Verástegui a la vez que recuerda que algunos reporteros de Coahuila fueron “amenazados” por el secretario de gobierno Víctor Zamora por publicar notas en contra de los GATES.
Y es que los abusos de autoridad de los GATES no se limitan solo a los ciudadanos, el pasado 11 de Marzo del 2014, este grupo de seguridad hostigó, amenazó y golpeó a personal de la CDHEC, en la ciudad de Monclova, hechos que fueron condenados por el propio presidente del organismo Xavier Diez de Urdanivia Fernández, quien ha puesto el dedo en la llaga al señalar los abusos de autoridad, las detenciones ilegales, las torturas y desapariciones forzadas que llevan a cabo los elementos de este grupo.
Recomendaciones de la CDHEC a los cuerpos de seguridad de Coahuila
La búsqueda en fosas y el ADN
"Lo único que sé que quiero, es encontrarla, a veces me sorprendo de las cosas que hago, porque ya estoy cansada, pero también no puedo dormir por ver a mi familia fracturada, a mis hijos batallando, porque no les pude dar estudios, perder mi casa, muebles, joyas, todo, por dedicarme a la búsqueda" es así como resume Silvia Ortiz el cambio que sufrió su vida luego de ver por última vez a su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca que en 2004 acababa de cumplir 16 años de edad.
Once años después de la desaparición de la joven “Fanny” quien ahora tiene 27 años de edad, sus padres Oscar Viesca y Silvia Ortiz, continúan con su búsqueda mediante el Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) que está integrado por familias de 50 personas que fueron levantadas o desaparecidas en el área de la Comarca Lagunera de Coahuila entre los años 2004 y 2013.
"Se empieza a hacer una investigación de casos, se le indica a la gente que de manera anónima nos hable y nos diga si saben algo y es como empezamos este trabajo de búsqueda terrestre o de rastreo" comenta Silvia respecto los trabajos del grupo que surge ante la necesidad de “exigir justicia, al no ver avances en las investigaciones y querer saber algo más” de lo que realmente había sucedido con sus familiares.
Sin precisar el punto exacto de búsqueda en el que previamente se reportan indicios de fosas clandestinas, Grupo VIDA, trabaja en conjunto con los ministerios públicos y peritos de la PGJE en la recolección de material óseo, el cual después de su clasificación se envía a la policía científica federal.
"Nosotros constantemente estamos monitoreando (los hallazgos), entendemos que es muy difícil sacar ADN, porque la mayoría de los restos que hemos encontrado son calcinados, en un grado bastante severo" afirma Silvia.
Dos osamentas y dos cráneos son hasta el momento los hallazgos más significativos del grupo VIDA, que a decir de la policía científica, tampoco es posible obtener muestras de ADN debido a que dichos restos “estuvieron mucho tiempo expuestos al sol”.
Los ejidos de Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, Estación Claudio, En Viesca, en Coahuila son dos de los sitios donde Grupo VIDA ha encontrado miles de fragmentos de hueso que en conjunto dieron un peso de 500 gramos.
Mientras que para las familias del Grupo VIDA el tema de la búsqueda en fosas y pruebas de ADN, es parte de su trabajo diario, para las familias de FUUNDEC, hasta hace un año, dichos temas seguían siendo un tabú.
Por otro lado en su primer informe de trabajo el GT señala que para julio del 2012 la PGJE informó que como resultados de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas se habían realizado 108 operativos de investigación en:
· 78 brechas, caminos rurales y ejidos
· 16 bares y tables dance
· 2 en la zona urbana de Saltillo
Dando como resultado la localización de 6 fosas clandestinas, sin que se especificara el número de restos hallados, y solo se hace público que se tiene una base de datos de cadáveres no identificados y 286 dictámenes de perfiles genéticos.
Después de entender que el ADN es también importante para la búsqueda en vida, las familias de FUUNDEC decidieron formar una mesa de trabajo con el asesoramiento del comité internacional de la Cruz Roja para someterse voluntariamente a las pruebas de sangre y compatibilidad.
"Tiene que ser algo para un cruce tanto para ceferesos, hospitales y casas de seguridad, y no solo en una búsqueda de muertos. Hasta el día de hoy solo la PGR confronta con los hallazgos de Cadereyta y San Fernando" sostiene Diana Iris García activista de FUUNDEC.
Respecto al panteón genético con el que afirma contar la PGJE Diana Iris señala: “Nos preocupa los cuerpos de los no identificados, porque al igual que nosotros, tienen madres y familias que no saben de ellos, toda esa gente, todos esos restos que se han encontrado merecen ser identificados”.
Recientemente en Coahuila se anunció una nueva unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas lo cual no fue aceptada por las familias de FUUNDEC, luego de que no contempla los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo donde participa la oficina del alto comisionado de la ONU.
Para Silvia Ortiz es necesario que en Coahuila las autoridades reconozcan y elaboren un mapa delictivo de las regiones donde operan los cárteles de la droga y su zona de influencia a fin de poder establecer mecanismos de búsqueda.
“Mientras ellos se hagan tontos y no quieran reconocer estos mapas, no van a saber para donde correr” afirma.
