El REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS (RNPED) debería de ser, en teoría, una base de datos para localizar, dar seguimiento a las investigaciones y generar acciones de búsqueda de las víctimas del delito de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad; sin embargo, en la práctica, es una base de datos que ofrece información confusa, imprecisa y que no da una continuación a la desaparición forzada de personas en México.
Distorsiona el RNPED la desaparición forzada en Coahuila
La vida de la familia Macías Murguía cambió radicalmente la tarde del lunes ocho de diciembre del 2008, luego de que uno de sus integrantes de tan solo 20 años de edad, se convirtiera en una víctima del delito de desaparición forzada.
Gerardo Israel, es el mayor de cuatro hijos de Dora Ivonne, una madre soltera de la ciudad de Torreón, quien sufrió un infarto cerebro vascular, tras la desaparición de su primogénito, el cual ya había obtenido su ficha para presentar el examen de admisión, para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.
"Mis hijos, al desaparecer Gerardo, se quedaron automáticamente sin escuela, porque el pilar era yo, me fui para abajo. No solo le truncaron la vida a mi hijo, sino a toda mi familia", recuerda Dora Ivonne al mencionar que el resto de su hijos no pudieron continuar sus estudios, y ahora ninguno de ellos cuenta con un trabajo bien remunerado.
Gerardo Israel, desapareció junto con su amigo Edgar López Hernández de 22 años de edad, en el exterior de una tienda de conveniencia de la ciudad de Torreón, en hechos donde se involucró a un ex policía municipal, quien trabajó durante la administración de José Ángel Pérez Hernández.
Horas después de la desaparición forzada de Gerardo Israel, su madre Dora Ivonne intentó poner una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) a cargo en ese tiempo de Jesús Torres Charles; sin embargo, los ministerios públicos de ese entonces se negaron a recibir la querella, argumentando que la madre de Edgar ya había interpuesto una.
"Lo que tiene ahorita la Procuraduría de Justicia, es por las investigaciones que nosotros en lo personal hicimos" afirma Dora Ivonne, quien vendió su casa y sus muebles, para poder tener recursos que le permitieran continuar con la búsqueda de su hijo Gerardo Israel.
Tras salir del hospital y recuperarse de la “embolia cerebral”, Dora Ivonne, regresó en 2010 a la delegación de la PGJE en Torreón, dirigida en ese entonces por Fernando Adrián Olivas Jurado; para conocer los avances de la desaparición forzada de su hijo ocurrida dos años atrás; pero, lo que encontró en ese momento fue tan solo un expediente de quince hojas y todo lo que ella “había investigado también desapareció”.
Luego de que en el caso de Gerardo Israel se citó a declarar a un ex policía municipal de Torreón, el expediente y la investigación fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), que desde el 2014 junto con las procuradurías locales "alimenta y actualiza" el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. (RNPED).
Para Dora Ivonne el RNPED es una “falacia”, ya que, a nueve años de distancia de la desaparición forzada de su hijo, el registro señala que Gerardo Israel Macías Murguía fue visto por última vez en la ciudad de Torreón el 6 de diciembre del 2013, cuando tenía 25 años de edad, mientras que el nombre de su amigo Edgar López Hernández no aparece en la base de datos federal a pesar de que ambos jóvenes desaparecieron en un mismo evento el 8 de diciembre del 2008.
Linea del tiempo de la desaparición forzada en Coahuila
El 80 % de las desapariciones forzadas de Coahuila no están en el RNPED: CDDH
Para el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), el RNPED no es un registro de personas desaparecidas, sino un registro de gestiones y actas de investigación por parte de las procuradurías, lo cual hace muy difícil saber cuáles son las cifras reales.
De acuerdo al colectivo la base de datos no está enfocada en localizar a las personas desaparecidas, sino solamente registrar los procesos jurídicos que están abiertos, afirma Michael Chamberlin, subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", que brinda acompañamiento y asesoría legal a FUUNDEC.
Para el caso de Coahuila el RNPED señala que existen mil 619 personas no localizadas al corte del 30 de abril 2017 en el fuero común, sin embargo las cifras dadas a conocer por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” señalan que la PGJE tiene mil 792 averiguaciones previas y mil 830 personas no localizadas o desaparecidas, sin que se especifique si las víctimas fueron por el delito de desaparición forzada.
A la fecha, los registros de FUUNDEC revelan que en Coahuila, desde el 2001 al 2015, han desaparecido de forma forzada un total de 370 personas de las cuales 312 son hombres y 58 mujeres.
“El peor (caso) es de 24 personas desaparecidas (en Piedras Negras el nueve de abril del 2009) donde (la PGJE) nada mas está buscando a 3 o 4 personas; esto quiere decir que si yo denuncio la desaparición de mi familiar en un evento donde hubo otras cinco desapariciones o más, ellos (la PGJE) solamente va a registrar una”, sostiene Michael Chamberlin respecto al RNPED.
Escucha la opinión de Michael Chamberlin, subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", sobre el RNPED
Así mismo FUUNDEC señala que cuatro hombres y cinco mujeres con registro de desaparición forzada han sido encontrados muertos, cinco hombres y una mujer fueron liberados por sus captores, mientras que otros dos jóvenes estudiantes desaparecidos en mayo del 2011 y otro más en octubre del 2013 fueron encontrados con vida.
Actualmente el RNPED solo hace una referencia a quienes se encuentran no localizados, pero no hay una referencia a quienes sufrieron una desaparición forzada o una desaparición por particulares y que ya fueron localizados, por lo cual para el colectivo FUUNDEC, dicha situación es una muestra de que el sistema no se depura, ni se actualiza en caso de que falten datos que no fueron capturados desde la primera vez o se tenga un avance en la investigación.
"Ellos no contabilizan a todas las personas de las que conocen que hay una desaparición, si no solamente de aquellas por las cuales se está denunciando" agrega Michael.
Al respecto Dora Ivonne recuerda que cuando ocurrió la desaparición forzada de su hijo Gerardo Israel, ella recibió “amenazas y agresiones por parte de los ministerios públicos de ese tiempo” quienes le “advirtieron” no continuar con el procedimiento ya que el resto de sus hijos “también podrían desaparecer”.
Cabe señalar que FUUNDEC además de los desaparecidos en Coahuila, también se encuentra en la búsqueda de 152 personas con reporte de desaparición forzada en los estados de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
la realidad de la DESAPARICIÓN forzada en coahuila
"Es una situación muy difícil, el estar día a día torturándote psicológicamente, de como esta, en donde está, estará vivo, estará muerto, el no saber absolutamente nada, te carcome la vida, yo ha llegado el momento de que ganas de vivir ya no tengo" señala Dora Ivonne quien se mantiene de pie, gracias a sus nietos y a su fe en dios.
De acuerdo al "Informe ejecutivo para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" el centro “Fray Juan de Larios”, hizo el ejercicio de buscar en el RNPED los nombres de las personas desaparecidas en Coahuila (370) de acuerdo a la lista de casos que asesora legalmente. Tan solo encontró un total de 74 casos, los cuales representan un veinte por ciento del total de sus registros de desaparición forzada.
Esos 74 casos documentados por el centro, son apenas un 4.5 por ciento, de los mil 619 desaparecidos incluidos en el RNPED.
Por ello, el centro advierte, que el 80 por ciento (296 casos) de las desapariciones forzadas documentadas y registradas en Coahuila, no se encuentran en dicha base de datos.
Además, el centro encontró que el RNPED, tiene una serie de errores del lugar donde se registró el delito, la fecha de ocurrencia y errores en la posición de los nombres.
“Para efectos de búsqueda, no te sirve un nombre equivocado, un lugar equivocado, hay gente que debería aparecer en la estadística de Coahuila porque desapareció en Matamoros Coahuila, y lo registraron en Matamoros Tamaulipas” señala Michael Chamberlin quien agrega que, por un lado, la base de datos del RNPED del fuero federal si te da nombres, mientras que la del fuero común los omite, lo que hace imposible el cruce de información.
¿Dónde están las personas desaparecidas en Coahuila?
Los confusos casos que muestra el RNPED en Coahuila
De acuerdo a la base de datos del RNPED, en el fuero federal existen 36 averiguaciones previas, en las cuales se identifica el sexo de 29 hombres y siete mujeres.
Un total de 32 personas no localizadas son de nacionalidad mexicana, cinco mujeres y 27 hombres, tres de origen hondureño, dos hombres y una mujer, y una salvadoreña; en ninguno de los casos se especifica el delito de desaparición forzada.
Del total de desapariciones dos ocurrieron en el Municipio de Allende, dos en Francisco I. Madero, dos en Frontera, nueve en Piedras Negras, una en Saltillo, una en San Buena Ventura, dos en San Pedro, y 17 en Torreón, siendo este último municipio en donde desapareció de forma forzada Gerardo Israel.
Los resultados se desprenden de un análisis que, sobre dicha base de datos, realizó este periodista.
Así mismo, El RNPED señala que los centroamericanos Isabel Ávila Salinas de 51 años, Jessica Cabrera Arredondo de edad desconocida, y Jorge Yobany Hernández Mejía de 30 años, desaparecieron en la ciudad de Piedras Negras en tres distintos eventos; mientras que Guilber Josué Álvarez de 14 años fue visto por última vez en la ciudad de Frontera, Coahuila.
Para el colectivo FUUNDEC el RNPED "es un modo" en que las autoridades tratan de “negar la verdad y negarles a las familias el reconocimiento de una situación de victimización”.
Por otro lado, en la base de datos del RNPED del fuero común, se señala que seis personas de nacionalidad estadounidense, siete hondureños, una salvadoreña, mil 602 mexicanos y tres de origen desconocido fueron vistas por última vez en Coahuila, donde en total se tiene un registro de mil 619 personas desaparecidas o extraviadas hasta el corte del 30 de abril del 2017.
“Las desapariciones del 2006 al 2012, fueron demasiadas, hubo mucha gente que no denunció por miedo, la inseguridad rebasó a las autoridades aquí en Coahuila” afirma Dora Ivonne quien añade que “la desaparición forzada no para, en vez de que aparezcan, desaparecen más”.
En dicha base de datos destacan los municipios de Torreón (480), Saltillo (316), Piedras Negras (290), Monclova (132), Acuña (107), San Juan de Sabinas (39) y San Pedro (36), con el mayor número de personas no localizadas.
"Sostenemos la hipótesis que entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pretenden ocultar las cifras reales de desaparecidos para manipular la percepción de gravedad y evadir su responsabilidad de detener y atender el fenómeno" señala el informe ejecutivo para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento agrega que “tras una solicitud de información realizada a la PGJE para conocer el número de personas desaparecidas en Coahuila” la dependencia dio a conocer que no tiene una clasificación al respecto, ya que “todos los casos tienen el carácter de persona no localizada”.
En la base de datos del fuero común el número de hombres desaparecidos en Coahuila asciende a mil 316, mientras que el número de mujeres que se vieron por última vez en la entidad suman un total de 303.
En contexto a los datos por año se puede advertir que durante el periodo de administración de Humberto Moreira Valdés, del 2006 al 2010 en Coahuila se registraron un total de 684 desapariciones ( de ellas 16 registradas en el fuero federal y 668 en el fuero común), mientras que en el año en que se desempeñó como gobernador interino en 2011 Jorge Torres López se registraron un total de 341 ( cuatro de ellas registradas en el fuero federal y 337 en el fuero común).
Fue precisamente el año de 2011 cuando se registró la llamada “Masacre de Allende”, donde se estima que en un solo día desaparecieron alrededor de 300 personas de acuerdo a información proporcionada por los colectivos de búsqueda; sin embargo en la base de datos del RNPED solo se muestra una persona desaparecida en dicho municipio en el mes de marzo, fecha en que ocurrieron los hechos.
Finalmente en los últimos cinco años de gobierno de Rubén Moreira Valdés del 2012 al 2016, el RNPED establece que se han registrado 573 desapariciones (de ellas 16 son investigadas por la PGR y 557 por la PGJE). Para Coahuila el registro también establece en el fuero común que no existen datos de la fecha de desaparición de cuarenta personas.
"Me da tristeza, coraje, impotencia de no poderle gritar y decirle al gobierno de todo lo que está pasando y ellos cierran los ojos, me altero, me entra la angustia, la desesperación, quiero salir corriendo, explotó ante la impunidad" señala Dora Ivonne al hablar de la desaparición forzada en Coahuila.
El contexto de la desaparición forzada en Coahuila
Un alto nivel de corrupción e impunidad en los gobiernos estatales y municipales, la conformación del cartel de los zetas como un grupo auto independiente, y la presencia del ejército mexicano y la marina en las calles; fueron los factores que se combinaron para configurar un contexto de ejecuciones y violencia exacerbada en el Estado de Coahuila, donde a finales del 2009 un grupo de familias hoy conocidas como el colectivo FUUNDEC comenzaron a denunciar una serie de desapariciones forzadas generalizadas.
Escucha a Dora Ivonne madre de una víctima de desaparición forzada en Coahuila
De acuerdo a información que tiene documentada el Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" (CDDH) que depende de la diócesis de Saltillo, en Coahuila (de los 370 casos) han desaparecido de forma forzada un total de 170 hombres y 29 mujeres en edades que oscilan entre los 18 y 40 años.
Del total de casos (522) documentados entre Coahuila y otros estados del 2001 al 2015 el número de personas por desaparición forzada que oscila entre los 18 y 40 años suman un total de 281 de los cuales 240 son hombres y el resto mujeres.
En el informe para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se destaca que la ola de violencia que se vivió en la región y los casos de desapariciones, detallan una imagen de la desaparición masiva de hombres.
Los registros del centro señalan que en Coahuila los grupos de la delincuencia organizada han sido el principal perpetrador en 161 casos, seguido de personas no identificadas (157), fuerzas de seguridad pública y crimen organizado (28) y fuerzas municipales de seguridad (10).
Por lo anterior se establece que "dichas personas han sido víctimas de la comisión de un delito, y no de ausencias voluntarias, y que en muchos casos por la información contextual se pueden tipificar como desaparición forzada, un delito que es cometido de forma clandestina y que se caracteriza por no dejar huellas o evidencias de la desaparición".
Los datos del centro advierten que 2011 fue el año donde se registraron 123 desapariciones forzadas en la entidad y 164 en conjunto con otros estados donde se tienen el registro de algún caso.
El mayor número de desapariciones oscila entre los años 2009 y 2012, que se ha identificado como el periodo en el que el grupo criminal de los zetas, consolidó su presencia en el noreste del país como un grupo autónomo.
Finalmente el documento también señala que Saltillo es el municipio con el mayor número de desapariciones forzadas con un total de 156, seguido de Torreón con 62, Piedras Negras con 59, Monclova con 27, Ramos Arizpe con 15, Matamoros con 13, Francisco I. Madero con 12, Villa Unión con 7 y Acuña con 5.
La documentación de los casos realizada por el CDDH ha permitido la identificación de los perfiles de las víctimas de desaparición forzada en Coahuila, donde desde su creación FUUNDEC y otros colectivos siempre han realizado una búsqueda en vida; sin embargo después de años de incertidumbre, ahora familias como la de Gerardo Israel Macías Murguía, se someterán a una prueba de ADN, para conocer si existe una compatibilidad con la de alguna de los 483 cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de la PGJE.
Michael Chamberlin señala que sus registros les han permitido contar con 52 hipótesis de identificación de los cadáveres, de las cuales tienen ya una base de datos con 21 huellas dactilares, por lo cual se espera que en breve se comience a crear un banco de sangre con el apoyo de la cruz roja internacional.
