¿Quién busca a los desaparecidos en Coahuila?

Familiares de las víctimas traspasan las fronteras de México para capacitarse en la búsqueda de sus seres queridos

La desaparición forzada y la administración de la violencia  

(Foto: Cortesía)

En el  reporte de Amnistía Internacional llamado " Enfrentarse a una pesadilla; las desapariciones forzadas en México" se destaca a Coahuila como uno de los estados del país, donde existe un mayor número de desapariciones forzadas y se establece como un factor, la negativa de las autoridades e instituciones de aceptar los casos que las familias les presentaban. 

Los familiares de una de las víctimas contaron a Amnistía Internacional que "en una reunión con funcionarios de alto rango de la PGJE de Coahuila un jefe regional les advirtió sobre el riesgo de estar reunidos porque alguien de los ahí presentes podría ser miembro del Cártel de los Zetas". 

Los casos documentados por el organismo internacional, sucedieron durante la administración de Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila del 2005-2010, quien designó como fiscal general de estado a Jesús Torres Charles, y este a su vez encargó al teniente coronel Aurelio Macías, llevar a cabo las investigaciones de las desapariciones forzadas. 

"Fue inútil, fuimos víctimas de estigmatización, él (Jesús Torres Charles) nos recibe al papá de mi hijo y a mí diciendo que si Daniel no tenía una conducta rara, que si no llevaba dinero extra, a lo que respondimos, encuéntrelo primero" señala Diana Iris madre de un desaparecido, quien al integrarse al colectivo FUUNDEC descubrió que todos habían sido tratados con el mismo estigma por el fiscal; tal y como lo precisa el reporte de Amnistía Internacional.

Además de la estigmatización de la que fueron objeto por parte de las autoridades de Coahuila, los padres de Daniel Cantú Iris joven desaparecido en 2007, también se convirtieron en víctimas de un delito de omisión. 

"Confiamos plenamente en él (Aurelio Macias) hasta que vimos que las investigaciones no avanzaban,  y en el 2011 este señor fallece y la documentación y los operativos que nos decía que hacía, nunca estuvieron bien documentados, porque toda la información al morir él, desaparece junto con él" revela Diana Iris García. 

"Cuando vives la realidad y ves el día al día te das cuenta cómo estos grupos del crimen organizado se apoyan en las estructuras del estado en procuración de justicia, entonces ahí hay un tema de colaboración" señala Jorge Verástegui González, defensor de los derechos humanos.

“De pronto veías cómo la policía investigadora simplemente no reaccionaba ante llamadas de emergencia por acciones del crimen organizado y toleraban que esto simplemente ocurriera” agrega Jorge sobre la situación que se vivía en Parras, Coahuila, cuando desaparecieron su hermano y su sobrino en 2009.


La búsqueda simulada del estado y la negación del delito 

(Foto: Cortesía)

En el año del 2012 el gobernador Rubén Moreira promulgó el decreto de reforma al artículo 212 del Código Penal, para castigar y sancionar el delito de la desaparición forzada, sin embargo no se incluyó la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno, con su apoyo directo o indirecto, o con su autorización.

Con fecha del 23 de Febrero del mismo año se creó además la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No localizadas que en ese momento se encargaría de buscar a un estimado de 1, 680 personas desaparecidas, 80 más de las que en 2009 reportaba la desaparecida Fiscalía de Coahuila.

El nombre de la nueva dependencia fue para las familias del colectivo FUUNDEC una revelación sobre el hecho de que el estado, se negaría  desde ese momento a perseguir el delito con todas sus letras.

"Es un poco el no aceptar lo que está pasando en su estado, si tú te fijas el nombre de la Subprocuraduría es la no aceptación del flagelo, llamarlos ausentes, no localizados, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y el negarlas no significa que no existan", dice Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007.


Y es que de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas para hablar de dicha problemática social debemos partir del concepto de que la desaparición forzada es "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

De ahí que el la entidad, los grupos de la sociedad civil de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) con sede en Saltillo, El Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) con sede en Torreón y la Asociación Civil  Familias Unidas con sede en Piedras Negras, son los que están enfocados al cien por ciento a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios que dirige la Diócesis de Saltillo, presidida por el Obispo Raúl Vera López, apoya directamente al colectivo de FUUNDEC.

Cabe destacar que para el procurador Homero Ramos Gloria y el Subprocurador Juan José Yañez Arreola, la mayoría de los casos no son considerados como desapariciones forzadas, si no como secuestros y acciones de grupos armados sin relación con agentes del estado, así lo precisa uno de los informes del Grupo de Trabajo Independiente.



 

Lo que se ha dejado de hacer....
Dilación en las investigaciones

(Foto: Gobierno de Coahuila)

De acuerdo al informe de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC), tan solo en el 2014 en el tema de desapariciones se emitieron un total de 30 recomendaciones.

De ellas tres a la Subprocuraduría Ministerial de la PGJE y 27 a Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, respecto a expedientes de los años 2011, 2012 y 2013 que no habían sido concluidos con ninguna resolución.

De las 27 recomendaciones que recibió la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas tres fueron por motivos de una irregular integración de la averiguación previa y 24 por dilación en la procuración de justicia.

Es por ello que las familias de FUUNDEC han cuestionado continuamente el trabajo del subprocurador de Coahuila Juan José Yañez Arreola.

"Es un control de las personas, no es que lo ponen ahí para que haga las cosas bien, precisamente por cómo hizo las cosas aquí, lo ponen allá para que siga haciendo lo que necesita este gobierno, necesita tener controlada a la gente" opina el Obispo Raúl Vera López respecto al trabajo de dicho funcionario.

Y es que a decir de Jorge Verástegui y Diana Iris García, ambos defensores de derechos humanos, la realidad de las desapariciones forzadas en Coahuila puede afectar de tal manera la imagen del gobierno en la percepción que la ciudadanía tiene de la seguridad del estado e influir en la decisión del voto hacia el PRI-Gobierno.

Al analizar algunos casos mediáticos en los registros nacionales y estatales se puede entender el "juego de las cifras" y evidenciar el trabajo de las autoridades respecto a las desapariciones forzadas. 

Y es que mientras en el RNPED se registra la desaparición de 12 personas originarias del Municipio de Allende, en el caso de la PGJE sólo se tiene el registro de Dora Elba Solís Parrilla de 40 años, quien se afirma desapareció en el municipio de Allende el 5 de Marzo del 2010,  de acuerdo a la ficha técnica de búsqueda.

Sin embargo al buscar el nombre de Dora Elba Solis Parrilla en el RNPED se establece que desapareció en el municipio de Morelos, y no en el de Allende como lo señala la ficha de la PGJE de Coahuila.

Allende es el municipio de Coahuila donde medios nacionales e internacionales documentaron la desaparición de más de 300 personas registradas en el 2011. La información sobre los hechos ocurridos en esta ciudad trascendió a nivel federal hasta Noviembre del 2014.


La noticia trascendió meses antes de que iniciaran las campañas para diputados federales, siendo uno de los candidatos del PRI, Armando Luna Canales, el dos veces ex secretario de gobierno de Coahuila y ex presidente de la CDHEC. 

De inmediato el Procurador Homero Ramos Gloria ofreció una rueda de prensa donde minimizó las cifras dadas a conocer por los medios de comunicación y aseguró  que solo 17 personas se encontraban desaparecidas por los hechos de la mencionada masacre, pero en las estadísticas del portal no figuran y en el RNPED solo se establece la desaparición de 9 hombres y 3 mujeres.


Una de las desapariciones que destacan en la PGJE es la del periodista Rafael Ortiz Martínez, quien no aparece en los registros de ni del fuero común ni del federal de la RNPED a pesar de que se encuentra desaparecido desde el 8 de julio del 2006.

Otro nombre que también destaca por la cobertura mediática que obtuvo en el momento de su desaparición es el de Félix Isidore Batista, cuyos familiares y amigos crearon la página de Facebook "Bring Félix Batista Back Home" Regresa a Casa Félix Batista cuya última actualización fue el mes de diciembre del 2014.

Para las familias de los desaparecidos, los anteriores casos mediáticos son una evidencia de que en Coahuila no existe un mecanismo de búsqueda urgente de las víctimas de desaparición forzada. 

En muchos de los casos las familias son quienes entregan a los investigadores información detallada; como el número de teléfono celular de las víctimas, el número de la matrícula, datos bancarios, localización de cámaras importantes de seguridad o datos de posibles testigos, creyendo que se usarán para agilizar la búsqueda y que ayudarán a encontrar vivo a su ser querido.

Sin embargo, gran parte de esta información no llega a incorporarse nunca a los expedientes, señalan los trabajos de los organismos en Coahuila como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de la ONU.