Este lunes 16 de abril se cumplen nueve años del operativo en el hotel Las Américas. Este hecho daría paso al llamado caso terrorismo, un proceso judicial que investiga la supuesta organización de un grupo subversivo con fines separatistas que hasta la fecha no ha podido ser comprobado. En casi una década pasó de todo, menos el esclarecimiento de los hechos, aquellos que se declararon culpables aseguraron que lo hicieron solo para poder salir libres, están fuera del país al igual que la mayoría de los acusados. Los pocos que se quedaron viven un calvario judicial: los que consiguieron detención domiciliaria o medidas sustitutivas no han recuperado su vida normal, tienen deteriorada la salud y viven bajo la permanente amenaza de retornar a una celda, los que están presos sobreviven en una de las cárceles más peligrosas del país. El fiscal que investigó el caso en un principio huyó hacia Brasil, donde ha conseguido refugio, y ha señalado que todo es un montaje. El gobierno ha ratificado durante los nueve años que lo que pasó fue un intento de dividir el país y por primera vez enfrenta la posibilidad de responder ante la justicia internacional por las muertes de abril de 2009. Todo, mientras avanza lentamente el juicio, que se ha convertido en un símbolo de los peores males de la justicia boliviana.
¿Qué pasó durante estos 9 años? Aquí repasamos estos hechos:
Ataque a la casa del cardenal y el operativo en Las Américas
Poco después de la medianoche del 15 de abril de 2009, una explosión sacudió la calle Seminario, a media cuadra del segundo anillo de la capital cruceña. Desconocidos a bordo de un vehículo lanzaron un artefacto explosivo en la puerta del garaje de la casa del cardenal Julio Terrazas (+) y huyeron del lugar.
Un día después de este hecho, más concretamente en la madrugada del 16 de abril de 2009, un equipo de policías irrumpió en el cuarto piso del hotel Las Américas, acabaron con la vida de Eduardo Rózsa y de otros dos extranjeros Árpad Magyarosy, Michael Dwyer, y detuvieron a Mario Tadic y Elöd Tóásó, únicos sobrevivientes del operativo.
El Gobierno acusó a estas personas y otras más, que huyeron del país, de pertenecer a una célula terrorista, de estar preparando la separación de Santa Cruz a través de enfrentamientos armados y de pretender matar al presidente Evo Morales.
Detenciones y fugas
Después del operativo en Las Américas, se comenzó una cacería de brujas en Santa Cruz. Personalidades cruceñas acusadas de estar vinculadas con el grupo Rózsa fueron perseguidas y detenidas. Los primeros en ser capturados y llevados a La Paz fueron los exunionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Se ordenó su encarcelamiento al ser encontrados sospechosos de haber participado del supuesto alzamiento armado y presunto terrorismo.
El fiscal Marcelo Soza, encabezó la comisión de investigadores. Durante el proceso fue acusado de extorsionar a empresarios, políticos y líderes cívicos para no ser incluidos en el proceso. Tuvo algunos reveses jurídicos por llevarse un proceso que se originó en Santa Cruz a la sede de Gobierno, pero al final el Tribunal de Justicia paceño ordenó que el caso sea sustanciado allí.
18 de los 39 acusados por la Fiscalía, optaron por salir del país y no ser parte del juicio. Dejar familia, trabajo y amigos atrás fue una decisión escalonada, ya que mientras unos eran detenidos en La Paz luego de dar su declaración informativa sobre el caso, otros cruzaban las fronteras del país de manera anónima y se conocía sobre su paradero días después.
Los que eligieron este destino y han sido declarados rebeldes por la justicia, pero insisten en su inocencia desde otras tierras son: Guido Nayar, Mario Antonio Paniagua Alpire, Gelafio Santiesteban Hurtado, Branko Marinkovic, Alejandro Melgar, Hugo Achá, Alejandro Brown, Luis Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Lorgio Balcázar, David Sejas, Alfredo Saucedo, Héctor Laguna, Pablo Humberto Costas, Mario Bruno y Luis Orlando Justiniano.
Inicio del juicio
Tres años y seis meses después del operativo en Las Américas, en octubre de 2012, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz ordenó iniciar el juicio oral en contra de 39 acusados de haber cometido los delitos de alzamiento armado y terrorismo en el país. Las audiencias comenzaron con 21 sindicados presentes y 18 con refugio político en otros países, principalmente Brasil.
Debido a los problemas de salud de muchos de los procesados, la sede de las audiencias, que en principio se planteó sea La Paz, fue cambiada e hizo que los procesados pasen por ciudades como Cochabamba y Tarija, donde Ronald Castedo sufrió un infarto.
El tribunal está conformado por Sixto Fernández y Elena Gemio, ambos jueces de carrera, y por las ciudadanas Anastasia Calizaya y Sonia Mamani.
Marcelo Soza huye a Brasil y hace revelaciones
El fiscal Marcelo Soza, que no participó en el operativo en el hotel Las Américas, se mantuvo firme en sus funciones pese a que en los dos primeros años del juicio se filtraron audios en los que supuestamente se lo escuchaba decir que el caso terrorismo fue un montaje político y que el Gobierno estaba involucrado en el proceso para anular la oposición política que surgía en el oriente del país.
Se presentaron denuncias e intentaron hacer pericias para conocer la verdad sobre estos audios, pero ninguna autoridad siguió la causa. A la par Soza era azuzado por familias como la del procesado Zvonko Matkovic, que lo acusaban de haberlos extorsionado. Los testimonios de los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, presos por otro caso, aseveraban que las denuncias eran ciertas y que el caso terrorismo fue armado.
La presión terminó haciendo que Soza salga del país el 11 de marzo de 2014, asegurando que su vida estaba en peligro. Desde su nuevo destino, Brasil, donde goza de refugio político, envió una carta a Bolivia y tuvo contacto con varios medios de comunicación, explicando que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno.
Seis se declaran culpables y validan la acusación fiscal
La salida de Marcelo Soza y del policía que era su custodia personal, el exteniente de la Policía José Juan Laguna, mantuvieron un año de constantes dudas sobre el caso. 2014 fue una gestión en la que los procesados en este caso vieron validadas sus versiones por aquellos que en principio los acusaban y en las audiencias del juicio, que ya habían sido traídas a Santa Cruz, se respiraba un cierto aire de victoria. Sin embargo, entre 2015 y 2016 todo cambió y los procesos abreviados de los dos sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas, Elöd Tóásó y Mario Tadic, además de la aceptación de culpa de Juan Kudelka, supuesto encargado del manejo de los aportes financieros de Branko Marinkovic; de Ignacio Villa Vargas, testigo clave de la Fiscalía y que conoció al grupo de Eduardo Rózsa; el coronel retirado de Ejército, Zoilo Salces, contacto en Beni del supuesto grupo irregular y Gelafio Santiesteban, uno de los primeros detenidos por el caso, fueron una válvula de oxígeno para el caso a favor de los acusadores.
Sus testimonios terminaron sirviendo para que los delitos de alzamiento armado y terrorismo, aunque sea en grado de complicidad, tengan a sus primeros condenados.
Estas seis personas, que durante el juicio dieron otra versión de lo ocurrido, al poco tiempo de haber sido sentenciados y sin mayor valor legal, volvieron a decir que los presionaron para cambiar sus verdaderas a favor del Gobierno. Tóásó y Tadic se marcharon del país en un operativo montado desde Europa.
El juicio avanza lento y suman las dudas
En octubre el juicio por el caso de supuesto terrorismo cumplirá seis años, convirtiéndose en uno de los más largos de la historia reciente de Bolivia. El proceso, en el que se han presentado decenas de recursos judiciales, sigue estancado en la presentación de pruebas documentales, un procedimiento lento que puede durar meses.
En 2016, cuando el proceso judicial ya llevaba cuatro años, los acusados por el caso terrorismo evaluaban así el largo y penoso juicio:
A lo largo de estos años, en los diferentes salones de audiencia del caso se escucharon versiones contradictorias de lo ocurrido. Se vio llorar implicados por las supuestas torturas a las que fueron sometidos y escuchar a exfuncionarios del Gobierno sobre un supuesto montaje; sin embargo, nada ha hecho cambiar la tesis del Ministerio Público, apoyada por el Ministerio de Gobierno, ya que pese a todas las dudas planteadas el caso se mantiene en pie dirigido por los jueces Sixto Fernández, Elena Gemio, Anastasia Calizaya y Sonia Mamani.
Las argucias jurídicas siguen haciendo que el caso tienda a extenderse. Si hasta hace un par de años algunos de los abogados, fiscales e implicados se animaban a poner fecha al cierre de este caso, ahora nadie se atreve a colocarle un epitafio al juicio, que en este última etapa comenzó a sufrir la suspensión permanente de sus audiencias por problemas de los miembros del mismo tribunal.
Zvonko Matkovic, que se negó a reconocer su culpabilidad por un delito que asegura que no cometió, a pesar que esto le significaría la libertad, logró en marzo pasado que su prisión preventiva sea cambiada por detención domiciliaria. Una decisión judicial que el Gobierno ha decidido apelar. Ha logrado retornar a su hogar pero tiene problemas de espalda y en la rodilla, que surgieron durante su encierro. Es vigilado por una escolta policial permanente en su casa.
Además de Matkovic, también tiene detención domiciliaria Marco Antonio Monasterio, mientras que los que tienen detención domiciliaria son: Carlos Eduardo Pereyra, Alberto Melgar Villarroel, Juan Adalberto Tórrez, Roberto Justiniano, Mario Herrera, Juan Carlos Velarde, Hugo Paz y Hugo Melquiades Vásquez.
Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes son los únicos que permanecen en la cárcel de Palmasola y completan la lista de los 12 acusados que son los únicos que siguen asistiendo al juicio.
Este reportaje de EL DEBER, publicado en 2014, muestra detalles no conocidos sobre el operativo en el hotel Las Américas:
La CIDH entra en escena
El caso ha recibido fuertes críticas por las inconsistencias jurídicas de casi una década, lo que ha provocado denuncias que pueden complicar al Gobierno de Evo Morales, como la que motivó una investigación del Parlamento Húngaro o como la que recientemente se confirmó con la admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH admitió la denuncia contra el Estado boliviano presentada por Mario Tadic Astorga, uno de los dos sobrevivientes de la supuesta célula terrorista capturados y procesados en el llamado caso Terrorismo. El otro es Elöd Tóásó. Tanto Tadic como Toaso se acogieron a un juicio abreviado en 2015, recibieron una pena mínima y salieron del país tras ser puestos en libertad.
La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Evo Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad. No obstante, el ministro Carlos Romero aseguró que equivale a "pretender juzgar al presidente porque salvó la unidad de la patria, porque se enfrentó a peligrosos separatistas", según la agencia ANF.
Tras conocerse la aceptación de la CIDH, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el Estado boliviano se defenderá “ante quien sea” y aseguró que hay pruebas suficientes del intento de separatismo, teniendo a mano las declaraciones en las que Tadic y Tóásó se inculparon en el proceso abreviado.
El “derecho de petición” que aceptó la corte de la OEA es un pedido de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”. Se presentó el 21 de septiembre de 2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Tadic y otros. El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2011, según el informe de la red Erbol, pero la admisión de la causa se dio a conocer el 3 de abril pasado.
De los 39 sindicados inicialmente, 12 son enjuiciados, de los cuales dos todavía están detenidos; hay seis autoinculpados y sentenciados; tres apartados del caso por enfermedad; y 17 prófugos; es lo que tiene la justicia boliviana a nueve años de la intervención policial en el hotel Las Américas.
Texto: Christian Peña Y Lillo, Ruy D' Alencar y Christopher André
Fotos y videos: Archivo EL DEBER
Composición: Christopher André
