Dentro de unos días se cumplirá el primer mes de haberse producido uno de los hechos más trágicos en Oruro y en el país. 12 personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas tras las explosiones ocurridas durante los días de Carnaval
(10 y 13 de febrero) en la que es considerada la capital folclórica de Bolivia. Las investigaciones avanzan de manera lenta y aún no se ha dado con los responsables de este suceso.
La Fiscalía informó a los medios de que se han tomado declaraciones testificales a 80 personas y que se analiza con peritos, las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la calle Bakovic y avenida del Ejército, que captaron a unas 150 personas transitando en esa zona en los momentos en que se produjeron las explosiones.
De manera inicial, la Policía Boliviana atribuyó la primera detonación a una fuga de gas en una garrafa de un puesto ambulante de comida instalado en la calle, pero esto luego fue descartado al comprobarse de que en la segunda, hubo acciones intencionadas con explosivos como dinamita y anfo (mezcla de nitrato de amonio con un combustible).
Ninguna hipótesis ha sido descartada, aunque la que más cobra fuerza y es además la que más se comenta en los medios, es la que se refiere a que habría un lío familiar económico si se toma en cuenta que una de las ocho víctimas de la primera explosión, Ana Fernández (71 años), era la dueña de 135 hectáreas de tierra y estaba involucrada en la compra de un ingenio minero.
En el desarrollo de las investigaciones la Policía presentó el 21 de febrero, el identikit del 'principal sospechoso' pero un día después, y luego de que la persona señalada se presentara de manera voluntaria a declarar el supuesto autor pasó a ser 'testigo clave' del suceso.
"Es una persona que puede aportar a las investigaciones porque estaba en el escenario en la segunda explosión y la información que puede aportar será significativa para poder sustentar algunas hipótesis o descartarlas" dijo Carlos Romero, ministro de Gobierno en la conferencia de prensa que se brindó en aquel momento.
Marcelo Beltrán, que aparece en el identikit y que presentó la Policía como responsable de las explosiones en Oruro, se presentó ante autoridades policiales y de la Fiscalía y exigió que no difundan su imagen porque él no es autor de la explosión, pero el ministro Romero insistió que "sus actitudes" llevaron a sospechar de él.
Una recompensa de
150.000 bolivianos
El presidente Evo Morales fue uno de los que se pronunció sobre estos terribles hechos y hasta ofreció una recompensa de 150.000 bolivianos a quien aporte datos que permitan capturar al, o los responsables, de las explosiones.
"Muy consternado y preocupado porque nuevamente la tragedia y muerte de inocentes enluta al país con nueva explosión en Oruro. Toda nuestra solidaridad a los heridos y familias de las víctimas fatales. He instruido una investigación rápida y exhaustiva hasta encontrar las causas", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, declaró a los medios que las investigaciones son las más "complejas" desde la fundación de la institución verde olivo. "Tenemos varias hipótesis, lastimosamente no es inoperancia de la institución policial, más bien es el primer caso que se ha presentado desde la fundación de la institución, es un caso complejo, pero aclarar que se está trabajando de forma seria, profesional", dijo a los periodistas.
Mendoza explicó que se pediría la necropsia de las víctimas de ambos sucesos ocurridos en el Carnaval para encontrar mayores elementos que coadyuven a llegar a la verdad histórica de los hechos.
"Se está tratando de establecer (mediante la necropsia) algunos otros pormenores que son sujetos de investigación, sin embargo, eso se va a establecer de acuerdo a la coordinación de los investigadores conjuntamente los fiscales", precisó.
