El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff mediante intentos de enjuiciar a la Jefa de Estado.
A la mandataria la acusan de cometer crímenes de responsabilidad y de violar normas fiscales, pese a que la defensa ha señalado que no hay ningún ilícito ni pruebas en su contra.
ANTECEDENTES DEL GOLPE
Esta arremetida inicia en julio de 2013, cuando, en una acción judicial y policial, se da inicio a una operación contra la corrupción que involucra a cerca de 100 políticos, empresarios y administradores: la operación Lava Jato, que dejó al descubierto una red de sobornos y corrupción y desató una cruzada que rápidamente fue aprovechada por las élites de la derecha brasilera para desestabilizar el gobierno de Rousseff y bloquear la postulación de Lula da Silva en 2018.
Gradualmente, las investigaciones tomaron un tinte político y la independencia de los jueces se puso en cuestión. Algunos tribunales inferiores, especialmente el juez Sergio Moro, parecen más abocados a tomar venganza contra Dilma y Lula antes que imponer justicia. El juez Moro, cuyos métodos implican un retorcimiento polémico de los códigos y los usos legales, ya ha sido amonestado por el Tribunal Supremo Federal, después de que filtró a la prensa el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas entre Rousseff y Lula.
Si antes en el continente las iniciativas golpistas provenían de las Fuerzas Armadas, las élites políticas ahora han encontrado en un sistema de justicia desordenado y politizado el mejor instrumento para frenar los procesos democráticos. Así, según Boaventura de Sousa Santos, ha surgido un nuevo tipo de activismo judicial que se conoce como "judicialización de la política", y que inevitablemente conduce a la politización de la justicia. Para este analista del caso brasileño, “con el orden jurídico transformado en desorden jurídico, con la democracia secuestrada por el órgano soberano que no es elegido, la vida política y social se convierte en un potencial campo de despojos a merced de aventureros y buitres políticos”.
¿Quiénes están detrás del impeachment?
Mientras la mandataria ostenta una honradez personal intachable, el político opositor que presidió la sesión legislativa, Eduardo Cunha (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), enfrenta varios procesos por corrupción y movimientos financieros ilícitos. Cunha, por lo demás, no sólo tiene fama pública de corrupto, sino también de corruptor y de aceitar las alianzas políticas –con sus compañeros legisladores, para empezar– con negocios opacos. Por añadidura, el parlamentario opositor logró sumar al frente antigubernamental a su correligionario, el vicepresidente Michel Temer, quien hace unos días no tuvo empacho en filtrar en las redes sociales el audio de su propio discurso de aceptación de la presidencia.
36 de los 38 diputados de la comisión especial de la cámara de diputados que votó a favor de la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff son procesados por delitos de corrupción. La única persona en este proceso que no posee ninguna acusación por corrupción y que no está vinculada al caso Lava Jato, es la presidenta.
Es claro, pues, que el proceso de destitución de Rousseff obedece a intereses de impunidad, encubrimiento y ambición de poder que han sabido capitalizar a su favor con la participación protagónica de los medios informativos, casi todos en manos de la vieja oligarquía de Brasil
'Impeachment' por temor al fracaso en las elecciones del 2018
Los expertos proponen su visión de la situación política en Brasil, buscando a sus posibles beneficiarios. Así, en opinión del analista político, Joaquim Ernesto Palhares, la oposición ha aprovechado el momento para apartar del cargo a Dilma Rousseff porque saben que no podrán ganar en las próximas elecciones.
"Es una cuestión de oportunidad. Tuvieron esta oportunidad y como para ellos es muy difícil enfrentar en 2018 a Lula necesitan aplastar a la presidenta, asumir el poder ahora mismo por poco tiempo para organizar un grupo de interés que pueda dirigir el país con sus propuestas que todavía no existen", ha comentado Palhares. El experto ha añadido que es poco probable que los opositores de la mandataria "consigan construir este grupo de propuestas viables para sacar al país de esta situación".
A favor de las multinacionales petroleras norteamericanas
En conversación con el medio internacional RT, el analista político Carlos Alberto Almeida, ha afirmado que en su opinión, quienes apoyan el 'impeachment' quieren favorecer a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, que ya organizaron agresiones contra Libia, Irak y otros países.
"Eso se está intentando hacer en Brasil, pero sin necesidad de un bombardeo, como hicieron en Libia. Acá lo están haciendo por un golpe parlamentario, con cobertura de un proceso golpista mediático y también una participación de sectores judiciales", señala el experto. "Es evidentemente la transferencia de riquezas que pertenecen al pueblo brasileño para empresas transnacionales con el apoyo de estos que quieren el 'impeachment' de Dilma", añadió.
