La escasez de alimentos producto de la guerra económica
dio paso a la proliferación de las mafias contrabandistas,
los bachaqueros y los vendedores ambulantes que compran productos subsidiados por el Gobierno para revenderlos
en un mercado negro omnipresente.
Estas redes mutan y perfeccionan
sus modus operandi ante los diversos mecanismos implementados por el Gobierno para contrarrestar
este delito.
Ofrecen la venta indiscriminada, tanto de artículos de primera necesidad como de equipos electrónicos o electrodomésticos (con precios subsidiados por el Estado), acaparan y comercializan dichos productos hasta 50 veces más de su valor legal.
Imponen la violencia como mecanismo
de control social para someter a comerciantes
y consumidores. Los primeros son obligados a venderles
la mercancía, al precio que el comprador establezca,
para evitar represalias. Los segundos reciben una oferta
de compra que triplica el costo del producto subsidiado.
Reclutan personas para vender y comprar
los artículos ofreciéndoles un porcentaje
pre fijado de la ganancia por venta realizada (30%).
En caso de no vender nada reciben un porcentaje de 5 % solo por estar en el lugar.
La red opera en los centros de abastecimientos.
Se organizan por grupos, cada uno no mayor a cinco personas,
y cumplen un turno de 7:00 a 12:00 am.
Al finalizar la tanda son reemplazados por el segundo grupo, con el mismo número de personas
y que cubre el horario de 1:00 a 3:00 pm.
Las mafias venden al detal y al mayor. Por bultos,
las "ganancias" alcanzan entre 20 y 50 mil bolívares dependiendo del rubro.
La Ley Orgánica de Precios Justos establece severas sanciones
para aquellas personas que se dedican al delito de la reventa
de productos subsidiados. Desde encarcelamiento con pena
de cinco años, hasta multas que van de 10 a 200 unidades tributarias.
El Gobierno Nacional a través de los diversos cuerpos
de seguridad ha desmantelado a bandas dedicadas
al bachaqueo y ha detenido a personas
que se dedican a esta actividad delictiva.
