En los últimos meses la iglesia católica venezolana, de frente se ha enfocado en tomar partido en la situación política del país, haciéndose eco en sus declaraciones de sectores contrarios al Gobierno. Sin embargo esta transparencia no es la misma que aplican los ministros de Dios cuando algún miembro de su institución se ve involucrado en hechos delictivos o en faltas a los votos canónicos, como ha pasado públicamente varias veces en los últimos años.
El poder de la iglesia sacó al cura de la cárcel
El 25 de octubre de 1961 en Ciudad Bolívar, estado Bolívar el asesinato de la hermana de un sacerdote conmocionó al país. Lesbia Biaggi, hermana del padre Luis Ramón Biaggi apareció muerta en extrañas circunstancias. Las investigaciones y pruebas identificaron al sacerdote como el presunto culpable y el Tribunal de Primera Instancia en lo penal de Ciudad Bolívar a cargo del Juez Álvaro Natera Febres dictó auto de detención en su contra, enviándolo a la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros ese mismo año. Tres años después el cura quedó en libertad condicional. No se pudo comprobar su culpabilidad. Pese a los indicios que lo acusaban, varias de las evidencias recabadas no eran categóricas y se determinó falta de pruebas concluyentes.
Una representación del clero comenzó a hacer visitas, ese mismo mes a las autoridades civiles y declararon a la prensa regional que la Iglesia se sentía "profundamente indignada y que los investigadores que llevaban el caso serían excomulgados de acuerdo al artículo 2543 del Derecho Canónico". En 1978 el Comisario de la policía de investigaciones de Venezuela, Fermín Mármol León relata en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes que ese caso fue manejado por el poder de la Iglesia quien presionó al gobierno de turno logrando la libertad del cura.
El templo mal habido
En 1988 José Luis Gil Fernández, un sacerdote de origen español residenciado en Venezuela que fue detenido Maiquetia con 21 kilos de cocaína en su maletas cuando se disponía a viajar a Madrid y que ante la acusación se justificaba: "Con esa plata pagué Bs. 70 mil de la capilla nueva de la Paz en San Mateo, 50 mil costaron los bancos". Las investigaciones determinaron que el cura formaba parte de una organización de narcotraficantes que transportaban cocaína desde Colombia a España vía Venezuela. En el primer viaje cargó 9 kilos de cocaína, y recibió 9.000 dólares. El segundo transporte fue de 14 kilos con una paga de 32.000 dólares, y ahora iba a recibir 50.000 res por los 21 kilos.
La flaqueza católica
El 24 de abril de 2006 el monseñor Jorge Piñango, subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), fue hallado muerto en la habitación del hotel Bruno en Sabana Grande donde se le vio entrar acompañado de una personas de sexo masculino según reseñó la prensa. Después de las investigaciones el entonces Fiscal General Isaías Rodríguez declaró a los medio que había sido "un crimen pasional", lo que se deducía a la luz de sus declaraciones, que se trataba de una relación homosexual y una violación del voto de celibato por parte de un integrante de la alta jerarquía de la CEV. El 24 de abril de 2006 la CEV emitió un comunicado y se refirió a las declaraciones del fiscal en referencia a la ley venezolana y no a las infracciones del sacerdote. “Ha violado la reserva legal del caso”.
Abuso y justicia
El presbítero diocesano Isaías Albarrán Villasmil de 35 años de edad fue aprehendido por funcionarios de la Policía Científica y puesto a la orden de las fiscalías 6 y 16 del Ministerio Público las cuales solicitaron medida privativa de libertar por estar acusado de dos delitos, actos lascivos y amenaza de muerte. Luego de cuatro meses, el 16 de diciembre de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número SP21-S-2013-006178 sobre el caso para rechazar la petición de la defensa de Villasmil de que fuera pasado del internado judicial a una institución psiquiátrica para evaluar un posible trastorno de bipolaridad. Hasta ahora no se conoce sentencia firme de este proceso. Según la información reseñada por la Fiscalía las víctimas declararon cómo eran obligadas por el sacerdote a subir a su vehículo y las fechas, lugares y circunstancias distintas, en las que el párroco cometió los abusos sexuales amenazándolas de muerte y armado con un cuchillo de 40 centímetros. La noticia fue difundida por las autoridades como el primer juicio en Venezuela en el que se acusa de abuso sexual a un representante de la Iglesia Católica, pero los voceros de la Iglesia guardaron silencio hasta el 1° de septiembre, un mes después de que comenzara el proceso de Albarrán, cuando se envió un comunicado del Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta.
