El 18 de agosto de 2015 pobladores de la Tierra Comunitaria de Origen guaraní Takovo Mora bloqueaban la carretera entre Santa Cruz y Argentina. Protestaban porque no se les había hecho una consulta previa sobre las actividades hidrocarburíferas que la estatal YPFB realiza en la zona. La Policía, tras un intento fallido, logró desbloquear la vía. Luego, entró a la comunidad más cercana, Yateirenda, y a las casas buscando a los bloqueadores. El pueblo quedó lleno de gas, las casas y los vehículos fueron violentados y 27 personas, entre ellas dos menores, fueron detenidas.
Un mes después todavía quedan restos de granadas, puertas rotas y los comunarios aseguran que ni les han devuelto sus machetes, que son herramientas de trabajo para ir al monte; ni siquiera sus cuchillos de cocina.
"Las tierras son privadas pero están dentro del territorio", afirma la capitana de la TCO, Wilma Arredondo, primera mujer de la zona que ocupa este cargo. Sobre un mapa de la zona muestra donde está Yateirenda. Dentro del círculo, marcado en verde, está la planta YPFB Chaco. Están separadas por 10 km, aproximadamente.
Los habitantes de Yateirenda han guardado como prueba las granadas y cartuchos que lanzó la Policía.
Wilmer Choque tiene 14 años. Vive en Yateirenda con su hermano menor. Su madre está varios kilómetros más adentro trabajando en el sector avícola y, una vez al mes, llega a la comunidad para traer comida a sus hijos. El padre vive en la ciudad y viene de visita cada fin de semana. Wilmer cocina para él y su hermano y, a veces, va a comer a la pensión de una señora. La tarde del 18 de agosto él estaba en el bloqueo de la carretera. Cuando vino la Policía hizo lo que todos: irse a casa. "Yo me escondí debajo de la cama. Mi hermano estaba en el otro cuarto viendo tele con un amigo. Y me sacaron . Yo estaba llorando por preocupación de mi hermano y por cómo decirle a mi mamá que me habían llevado. Me han pateado, me han golpeado en la espalda, en las nalgas. Me llevaron a La Guardia (a la carceleta). Luego a Cabezas. Me iban a llevar a la Defensoría del Niño pero estaba cerrada y me llevaron a la cárcel". Es uno de los menores que fueron aprehendidos. "Me decían que yo le había lanzado un hondazo a su capitán o a su coronel. Y de eso me han culpado y me han llevado".
Aquella tarde había varias ollas comunes calentando comida alrededor de la cancha. Los vecinos señalan que les quemaron la ollas, que siguen en el mismo lugar, como evidencia de los hechos.
Julia Orellana y Félix Borda son padres de tres hijos: el mayor tiene 12 años y la pequeña, tres. La tarde en que la Policía persiguió a los bloqueadores hasta la comunidad, llenó de gas lacrimógeno sus calles y entró a las casas, ella estaba en su vivienda, en la que funciona una de las dos tiendas que hay en Yateirenda; Félix estaba en casa de su ahijada. "Ése día nosotros ni siquiera estábamos donde han dicho que estábamos", recuerda ella. Se muerde el labio inferior y hace una pausa antes de continuar, intentando que no se le escapen lágrimas al recordar aquel día, pero antes de retomar su relato ya está llorando. “Yo estaba comiendo con mis hijos. Dejamos de comer y me fui corriendo llevando un vinagre". Antes de salir de su casa les dijo a los pequeños que no salieran.
"Vine por allá corriendo cuando ya habían varias personas desmayadas". Como no podía abrir la botella de vinagre una vecina le prestó un pequeño cuchillo. Ella echaba el líquido en un trapo y lo colocaba debajo de la nariz de la gente que estaba tirada en el suelo. Cuando las personas reaccionaban, salían corriendo.
Y en un momento sintió que le pateaban la pierna. Lo siguiente que recuerda (cree que el gas debió afectarla y se desmayó unos instantes) es que la estaban arrastrando por el suelo mientras la pateaban. “Si tanto me quieren matar, ¡mátenme! Yo sólo quiero ver a mis hijos”, gritaba. La cargaron en un vehículo y se la llevaron. También a su esposo. "¡Qué está mirando, perro de mierda!", cuenta Félix que le gritó un policía cuando lo subió a la camioneta. "Este dolor no se va a borrar fácilmente porque con las humillaciones, las barbaridades que nos han dicho…". Félix recuerda cómo fue el traslado a la carceleta de La Guardia, a donde los llevaron en primer lugar: "En lo oscuro se paraban las movilidades y nosotros pensábamos que nos iban a matar".
Sus hijos, haciendo caso omiso de la recomendación de su madre, se escaparon al monte. Se internaron 5 km y cuando algunos vecinos fueron a llamarlos, les costó encontrarlos porque los pequeños no querían salir de su escondite. Ahora, cuando ven policías pasar por la comunidad, se asustan, asegura su madre.
Julia y Félix quisieran que vinieran psicólogos a visitar a sus hijos ya ellos mismos. Y, si no es mucho pedir, ellos dos quisieran ir a revisión médica para comprobar que los golpes que les dieron no han provocado ningún daño interno.
No pueden ir a reuniones, ni a bloqueos ni usar armas punzantes fueron las medidas sustitutivas determinadas por el juez de la audiencia cautelar. "Nosotros en el campo siempre estamos con nuestro machetes, nuestros cuchillos...", dice el hombre, quien señala que no le han devuelto las armas que ese día se llevaron de su casa para, asegura, presentarlas como prueba en su contra.
Petronela Vázquez está troceando un pollo y cortando verduras en la puerta de su casa. "Se llevaron hasta los cuchillos", cuenta, y muestra el que está usando, que se ve nuevo. Las tres puertas de su vivienda tienen rotas las cerraduras; las ventanas tampoco se libraron de la violencia de los efectivos policiales que entraron desde la carretera, y eso que vive lejos de la vía asfaltada. Hasta una parte del techo se cayó.
Ella logró escapar al monte. Cuando regresó, a las 11 de la noche, vio que toda su casa, como las del resto del pueblo, había sido saqueada. Denuncia que a algunas personas incluso les abrieron sus billeteras y les sacaron sus carnets de identidad.
En Yateirenda hay 51 viviendas nuevas que fueron entregadas a los comunarios como compensación por las que perdieron en el terremoto del 15 de octubre de 2013. La entrega oficial iba a ser realizada por el presidente del Gobierno, Evo Morales, este mes. Pero las viviendas ya no parecen nuevas y la visita del mandatario no sería bien recibida.
La capitana y otros comunarios dicen que en la comunidad se siente, a veces, que la tierra tiembla, y señalan a la actividad petrolífera en la zona como la causante.
Félix Borda sigue viviendo en la misma casa de siempre. Le entregaron una nueva pero dice que es muy pequeña porque sólo tiene dos cuartos y una cocina, y en su casa son cinco personas. Muestra una de las grietas que provocó "el sismo", como se refieren al temblor del año 2013 en el pueblo
"Primera vez que nos sucede esto. Parece que la misma ley nos la están cambiando, ya no no están reconociendo. Si se hubiera cumplido la ley no nos habrían reprimido sino escuchado", sostiene Wilma. “Ya no queremos hablar. Se hizo (el ministro de Gobierno, Carlos Romero) la burla de nosotros. Nos vamos a la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...). “No tenemos que rendir cuentas a nadie porque con las migajas que nos dan no da para todo lo que necesitamos”, dice sobre la supuesta malversación que han hecho los dirigentes de la TCO, según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Guillermo Achá.
"En El Chaco no hay agua de agosto a diciembre", explica el comunicador de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Leandro Candapey, que fue de las personas aprehendidas el 18 de agosto. El camión cisterna de la TCO con el que llevaban agua a las comunidades más alejadas lleva un mes parado. La capitana asegura que las fuerzas de seguridad le echaron tierra al tanque de combustible.
"Somos de este lugar pero la comunidad se armó en el 90. Esto era tierra fiscal y entró un propietario, un cura, así nomás a agarrarla. Entonces nosotros nos entramos y el cura tuvo que ceder. Nosotros vivíamos lejos, donde no había agua. La carretera estaba al otro lado entonces. Tuvimos la suerte que pasó por acá", recuerda la capitana.
"Han entrado a la comunidad y han reprimido a todos. Han saqueado. Hasta el punto de bloqueo sería su competencia, pero no entrar en las casas", Franz Alcoba. Es uno de los más afectados por la represión policial. Es agricultor pero durante seis meses no podrá trabajar, por recomendación médica: sus dos costillas rotas tienen que sanarse.
