Sobreviviendo al hacinamiento
Esta historia describe la crisis actual del sistema carcelario en Colombia.
Jesús Vega salió en libertad de la cárcel Las Mercedes de Montería hace dos años. Ahora camina tranquilo por las calles de San Antero, un pueblo costero ubicado cerca a la bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba. Allí vive junto a su madre, la cual ayuda con lo que pesca a diario en el puerto. Desde entonces no ha cometido ningún delito.
De las cosas que menos extraña es estar encerrado en una habitación minúscula en compañía de otros hombres. La convivencia supuso para él una situación dramática, porque todos estaban muy cerca del otro, dispuestos a juzgarse. En ocasiones, la celda por la que pagaba era el lugar más tranquilo y limpio de la cárcel: su refugio. El patio y los pasillos eran intransitables.
El panorama en ese centro penitenciario sigue generando angustia. Aunque se ha logrado reducir la cifra de hacinamiento del 151% en mayo del 2016 al 111% a mayo del 2018, los familiares de los internos aún elevan sus quejas al personero del municipio: Jorge Mario Garofe. Dentro de la lista las condiciones inhumanas en las que conviven y el acceso a servicios de salud son las más destacadas.
Frente a este tema el director del centro penitenciario Las Mercedes de Montería, Luis José Vergara Farak, afirma que a pesar del hacinamiento, siempre se respetan los derechos fundamentales de los internos. Desde que él ha asumido el cargo, ha ejecutado diferentes estrategias para solucionar la problemática: Se trasladó un patio de justicia y paz para Barranquilla y otros internos hacia Tierralta, uno de los centros donde no existe hacinamiento.
Aunque el hacinamiento es bastante alto en la capital cordobesa, la situación a nivel nacional no es alentadora. De los 135 establecimientos de reclusión a nivel nacional, sólo 14 se encuentran con disponibilidad de cupo. Los tres departamentos con los indices más altos de hacinamiento son La Guajira( 374%), Magdalena (334.5%) y Cesar (202%).
La población reclusa a cargo del Inpec a marzo del 2018 (179.227), se encuentra bajo las siguientes modalidades de custodia:
- En Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional –ERON (intramuros), 64,5% (115.488).
- En detención y prisión domiciliaria, 32,6% (58.459 - incluye 211 Gestores de Paz).
- Con vigilancia electrónica, 2,9% (5.205).
En Colombia, esta población reclusa ha crecido en mayor proporción que su indice demográfico. Lo que en 1993 eran 80 personas por cada 100 mil habitantes, hoy son aproximadamente 232. De acuerdo al Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, esta tasa convierte a Colombia en el séptimo país sudamericano con mayor población carcelaria, teniendo a Brasil en primer lugar con 325 por cada 100 mil habitantes.
Por otro lado, Colombia es el 13° país en el mundo con mayor población carcelaria total. Esta posición ubica al país colombiano no muy por debajo de Estados Unidos, China y Brasil, quienes ocupan los tres primeros puestos en la lista, y cuyas poblaciones generales son entre seis y veinte veces superiores a la de Colombia.
En 2014 hubo una considerable caída en el número de internos en Colombia (6409), como resultado de la aplicación de la Ley 1709 de 2014, sin embargo en 2015, una vez menguado el alcance de la ley mencionada, la población carcelaria vuelve a su tendencia creciente. La cifra bajó ligeramente los dos siguientes años hasta que en 2018 volvió a crecer. Las personas privadas de la libertad con respecto a la población total del país se mantiene en 0.2%.
Al aumento de esta población privada de la libertad no se ha correspondido con mejoras a las condiciones de reclusión ni con aumento en la capacidad para albergar los internos que crecen cada año. Esto ha generado como consecuencia la agudización del hacinamiento carcelario.
El sistema penitenciario a abril del 2018 alberga 116.468 internos, lo que con una capacidad para 79.723 personas refleja un hacinamiento del 46,9 %. Es decir, hay 36.745 personas más de las que el sistema está en la capacidad de asumir, lo equivalente a llenar el estadio El Campín de Bogotá.
Frente a este tema, se ha planteado como solución la construcción de nuevos centros carcelarios que mitiguen el problema de subrecupo y mejorar las condiciones físicas de los centros existentes. De acuerdo al USPEC del total de establecimientos carcelarios 120 tienen más de 21 años de construcción; incluso 20 establecimientos tienen más de 100 años.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sustenta que el fenómeno de hacinamiento es una consecuencia derivada de:
- La implementación de políticas represivas de control que plantean la privación de la libertad como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad ciudadana.
- El favorecimiento de la detención preventiva.
- Obstáculos para dar respuesta adecuada a incidencias propias del proceso penal y permitir la salida de las personas privadas de la libertad.
El incremento de la severidad punitiva y el uso de la pena privativa de la libertad tiene sus escollos en el sistema penitenciario colombiano. Evidencia de ello es el número de sindicados, personas que están esperando condena dentro de los centros de reclusión. Si se dejarán en libertad al día de hoy a todos los sindicados, la sobre población carcelaria sería sólo de 1285 personas.
Hacia 1998 la Corte Constitucional declaró estado de cosas institucionales, en la sentencia T-153, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad no sólo se centraba en el hacinamiento. También se extendía a temas como la educación, la salud, el trabajo, la recreación, que resultaban escasos para cubrir a toda la población.
En 2013 mediante la sentencia T-388, la Corte Constitucional nuevamente se pronunció aludiendo que existían indicios y evidencias del recurso excesivo al castigo penal y al encierro, lo cual genera una demanda de cupos para la privación de la libertad y de condiciones de encierro constitucionalmente razonables, que es insostenible para el Estado"
Es importante resaltar que durante el 2004 al 2010 se ejecutó un plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria, plasmado en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2010 que tuvo un costo aproximado de $1.5 billones y creó 22.703 nuevos cupos carcelarios. Del 2012 al 2016, el Ministerio de Hacienda invirtió alrededor de $1 billon, lo equivalente a la construcción de 5 hospitales en Bogotá.
Conforme a lo establecido por el Ministerio de Hacienda se ejecutaría una inversión de $200.000 millones de pesos anuales para el año 2017 y 2018. Por su parte, en el Plan de Desarrollo 2014 -2018 se plantea incrementar la capacidad carcelaria a 93.610 para el 2018, pero no se expone ninguna acción concreta para mejorar dicha infraestructura.
Sin embargo, los problemas del sistema penitenciario colombiano no pueden ser reducidos a la falta de cupos en los establecimientos reclusorios a nivel nacional (ERON). Sino que deben ser abordados de manera integral, articulando la política carcelaria y criminal, y así impedir que mediante la privación de la libertad se cumplan los fines de la pena.
De acuerdo al abogado penalista Guillermo Álvarez Machacón, las iniciativas legales de Colombia son una fiel evidencia de que la política criminal está más enfocada en castigar que en prevenir. Adicional a eso siempre tienen la tendencia a usar la privación de la libertad como respuesta a las necesidades de la seguridad ciudadana. Para él, es casi como si la Fiscalia padeciera una epidemia, donde le tienen miedo a los acuerdos, a las victimas, a la justicia mediática.
En materia de prisión preventiva, la CIDH argumenta que el uso excesivo de la misma representa uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia. Provocando un cuestionamiento a la sociedad democrática que debe garantizar el derecho de toda persona a la presunción de inocencia.
Por eso, establecen unas medidas para superar el uso de la prisión preventiva y apuestan a estrategias que inviertan a la resocialización de las personas privadas de la libertad, como la mejor arma para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Datos y limpieza: https://drive.google.com/drive/folders/1DG64pJ5xYgmNpCqpTuCxWoCVtG-eIR-m
