GABRIELA RIVERA | @gAbs_07
Después de dos años y medio de negociaciones, el gobierno federal cerró la puerta a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El golpe final fue la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que le arrebató el control del sistema educativo en la entidad a la disidencia magisterial.
Las negociaciones de esos años incluyeron el reconocimiento de la disidencia magisterial como un grupo distinto al SNTE; la entrega de miles de millones de pesos para infraestructura y material escolar; prestaciones adicionales a los docentes; la autorización de por lo menos 10 mil plazas en distintos estados en lo que va del año, así como la entrega de plazas automáticas para los normalistas; además de interlocución con las dependencias de gobierno.
Los dirigentes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal exigieron la libertad de los presos políticos, la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la democratización del sindicato, la no criminalización de los participantes en el movimiento y la estabilidad laboral de los docentes. En 2013, los líderes de la disidencia participaron también en la construcción de las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa, sobre todo la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las mesas de negociación se conformaron y disolvieron al menos una decena de ocasiones; algunas veces porque los docentes no estaban de acuerdo con lo que ofrecía el gobierno federal, otras porque éste ya no estaba dispuesto a seguir soltando prebendas.
Finalmente, el gobierno federal decidió cerrarle el paso a la Coordinadora con un golpe certero a la sección 22, la más grande, beligerante y que controla la mayor parte del movimiento disidente. En una operación sigilosa —y contando con todo el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto—, el mandatario estatal, Gabino Cué, modificó el decreto de conformación del IEEPO, quitándole el control del sistema y del presupuesto educativo a la sección 22.
DIRIGENTES
NEGOCIARON LA LEY
De las decenas de acuerdos que firmó la Coordinadora, el más importante fue la del 5 de noviembre de 2013, en el que los docentes aceptaron las leyes secundarias de la reforma. Pero no nada más la aceptaron.
Los dirigentes participaron en la construcción de ellas, sobre todo en la Ley General del Servicio Profesional Docente y lograron un adenddum a la legislación, que diluyó su carácter punitivo.
Las reuniones fueron secretas en una casa-oficina propiedad de Osorio Chong. El 1º de septiembre por la madrugada, los líderes abandonaron el inmueble con el addendum en la mano.
El 5 de noviembre de ese año, los líderes de esos y otros estados aceptaron la minuta de Gobernación, donde se estableció —además de lo establecido en el adenddum— la participación de los maestros en el diseño de las evaluaciones, la creación del programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, incentivos para los maestros que tengan un buen desempeño, respeto a los derechos laborales y la contextualización de la evaluación. Es decir, todo lo que se incluyó en la legislación.
SEGOB CEDIÓ DINERO
Y PREBENDAS
La negociación de la Ley General del Servicio Profesional Docente no fue la única que logró el gobierno federal, en un intento por controlar a la Coordinadora.
En dos años, el subsecretario Miranda Nava entregó millones de pesos a los dirigentes y firmó al menos 11 acuerdos, para mantener a raya las movilizaciones.
Por ejemplo, el 9 de julio de 2014, el funcionario firmó una minuta con Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 en Michoacán, donde se comprometían a mejorar la infraestructura de los planteles y las condiciones laborales de los maestros.
La minuta no especifica montos, pero una tarjeta informativa de la Secretaría de Finanzas del estado reportó que se entregaron mil 377 millones de pesos al sindicato.
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Durante 2014 y 2015, Miranda siguió entregando recursos a los miembros de la Comisión Única Negociadora sin saber exactamente para qué o a quién se destinaban. Al mismo tiempo, la CNTE seguía exigiendo más y más cosas, muchas de ellas imposibles de otorgar, como la libertad de los presos políticos entre los que se encuentran cuatro maestros de la sección 22 acusados de secuestrar a los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Así, mientras demandaban absurdos, obtenían prestaciones y prebendas. Sin embargo, el escenario siempre fue así. Durante 2013, los líderes de la Coordinadora sí negociaron con el gobierno federal el tema de la reforma educativa; ese año se sentaron con diputados, senadores, subsecretarios de la SEP y los miembros del Pacto por México, para exigir que tomaran en cuenta sus propuestas en la construcción de las leyes secundarias.
Fue después de la minuta de noviembre de 2013, cuando la dirigencia empezó a insistir en que la reforma era punitiva y no los habían tomado en cuenta. Con esto, consiguieron extender el conflicto y mantener las negociaciones.
Durante 2014, acudieron constantemente con Miranda Nava, quien les seguía entregando dinero. Desde entonces, a la premisa de la abrogación de la reforma se sumaron los derechos laborales, incremento salarial del 100%, fortalecimiento de las normales, la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el reconocimiento de plazas que no existían, el pago en cheque de las quincenas, el rechazo a la evaluación punitiva y cualquier otra cosa que se les ocurriera.
La CNTE conocía a su interlocutor. Una vez que parecían satisfechas las demandas, los dirigentes movilizaban nuevamente a los maestros en bloqueos, tomas de instalaciones de federales, medios de comunicación, centros financieros, edificios gubernamentales, así como el cierre de carreteras para mantener la mesa de negociación. La táctica de movilización-negociación-movilización funcionó todo ese tiempo. Hasta junio pasado, que todo cambió.
EL PRINCIPIO DEL FIN
El golpe final fue la reforma al IEEPO en Oaxaca. Pero Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, comenzó a asfixiar el movimiento en junio pasado, al negarse a restablecer las mesas de negociación.
Los contingentes de la Coordinadora llegaron a la Ciudad de México el 10 de julio para entablar un nuevo dialogo, luego de que rechazaran las respuestas que dio el secretario de Gobernación Osorio Chong al pliego petitorio cuatro días antes.
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En ese documento, la administración federal aceptó la mayor parte de los 11 puntos del pliego y dio respuesta a cada uno de ellos, excepto en la parte donde se exige la abrogación de la reforma educativa.
Ante el rechazo de la Coordinadora a las respuestas y el paro de actividades un mes antes de concluir el ciclo escolar, Miranda Nava anuló la posibilidad de negociar algo: o regresaban a las aulas o no habría diálogo.
Los docentes cumplieron el ultimátum, regresaron a las escuelas y exactamente un mes después volvieron a Segob para seguir discutiendo el pliego petitorio.
En esa ocasión, Alejandro Ozuna, titular de enlace federal, rechazó retomar las mesas argumentando que no había condiciones. Ésta fue la primera y única ocasión en Segob cerró la puerta definitiva y sin posibilidad de volver a abrirla. Con ello se anuló también la posibilidad de cumplir cualquier minuta firmada a lo largo de estos años.
