CNS desechó cambiar de penal a 'El Chapo' 

MARÍA IDALIA GÓMEZ  | @gosimai

La ficha de Joaquín El Chapo Guzmán en el penal del Altiplano catalogaba su peligrosidad como "autor intelectual de alto riesgo con antecedentes de evasión". La celda número 20 que ocupó desde el primer día que llegó en febrero de 2014 no cumplía con las características de un reo de ese calibre. Fue entonces que en agosto de ese mismo año las autoridades del Órgano de Prevención y Readaptación Social solicitaron su cambio de celda y hasta de prisión. No hubo respuesta. Insistieron dos veces más. La respuesta volvió a quedar en el aire. La cúpula de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se guió por las recomendaciones de la División de Inteligencia de Policía Federal y prefirió dejar todo como estaba. 

El sábado 11 de julio, a las 20.52 horas, la tres propuestas de traslado cobraban razón de ser. El "autor intelectual de alto riesgo con antecedentes de evasión" hizo honor a aquella ficha. Se fue por "el lugar por el que nunca nos imaginamos y no estábamos preparados", según relató una fuente cercana al caso y, por si fuera poco, tuvo dos horas y 10 minutos de ventajas sobre los agentes que fueron tras él cuando se dieron cuenta que lo habían rescatado, de esa celda, la número 20, que ni siquiera tenía una puerta de máxima seguridad. 

Fue tal la sorpresa y confusión que generó su fuga que propició una lenta y dislocada reacción en el despliegue tanto dentro de la cárcel como fuera del perímetro del penal, más aún en el aviso a los aeropuertos, la colocación de retenes y el rastreo fuera del municipio de Almoloya.  

Todos los errores juntos facilitaron su escape. 

Información verificada por EJE CENTRAL, a partir de documentos y testimonios de funcionarios y ex funcionarios vinculados directamente con el sistema penitenciario y de seguridad del gobierno federal, y vecinos de Almoloya, revelan detalles del rescate y operaciones ineficientes dentro del Centro Federal y por parte de la Policía Federal y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (CISEN), que contradicen la versión oficial difundida hasta por las autoridades.

La cadena de responsabilidad por la fuga de El Chapo, comienza en la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF) y en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), instituciones encargadas de toda la inteligencia y contrainteligencia dentro y fuera del penal de máxima seguridad de El Altiplano, incluido el sistema redundante que debía estar conectado a Plataforma México.

Los equipos técnicos de monitoreo de esas áreas, permiten a la Policía Federal y al CISEN la capacidad de grabar video y audio en todas las áreas; así como el rastreo y vigilancia física de la zona perimetral del Centro Federal de donde se escapó Guzmán Loera el pasado 11 de julio.

Inteligencia de PF reportaba directa y diariamente al comisionado Monte Alejandro Rubido García y no compartía la información con los directivos penitenciarios, ni siquiera con el entonces comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADRPD), Juan Ignacio Hernández Mora, salvo que se tratara de asuntos "relevantes" o se identificaran fallas del personal.

El CISEN, por su parte, entregaba un informe diario al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sólo compartía datos catalogados como “relevantes” con Rubido García. El resto de la información, en ocasiones, se presentaba en reuniones de seguridad si estaba vinculada con los temas a tratar. 

Todo ese equipo de vigilancia y monitoreo fue el que tardó unos 24 minutos en reaccionar el sábado en que escapó El Chapo, para emitir la alerta y comenzar a buscarlo dentro y fuera del penal. Los únicos que comenzaron el rastreo, desarmados y sin protección, fueron dos custodios que lograron llegar 75 minutos más tarde a la casa por la que el jefe del Cártel de Sinaloa escapó, dando hasta entonces la ubicación al Ejército y a la PF, quienes arribaron al punto cerca de las 23:00 horas. Para entonces las autoridades, cuando ya habían lanzado la alerta, llevaban un retraso de más de dos horas y 10 minutos, cuando se calcula que Guzmán Loera logró cruzar y salir del túnel en no más de 20 minutos.

 El penal de máxima seguridad fue ubicado en el municipio de Almoloya en un terreno de 15 hectáreas, y la obra fue asignada en 1988 a la empresa ICA, que de acuerdo a los planos se comprometió a entregar cimientos de entre tres y seis metros de profundidad, con una estructura prácticamente imposible de penetrar. 

 La entrega de la obra se retrasó cerca de un año y resultó más costosa para el gobierno, porque el terminado de las instalaciones de celdas y áreas de seguridad visibles no cumplían con los estándares de seguridad establecidos para instalaciones y conexiones internas. Formalmente, en mayo de 1991 ICA entregó la obra completa y con ella se supone que todos los planos disponibles, los cuales fueron resguardados en una caja fuerte de la Secretaría de Gobernación. Desde entonces y hasta la fecha, parte de esos planos fueron utilizados para mantenimiento y remodelación de algunas de las áreas del penal. 

La última de esas remodelaciones que se tiene registro, fueron las obras efectuadas en la administración del general Eduardo Gómez García, quien fungió entre 2008 y 2013 como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Por las condiciones del terreno y la exactitud en la construcción del túnel de mil 500 metros, por el que se fugó Guzmán Loera, funcionarios federales y especialistas consultados coincidieron en que además de llevar a cabo estudios de mecánica de suelo y de participar personal especializado en excavaciones profundas, se requirió de los planos del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. 

 La interrogante ahora para los investigadores es dilucidar en qué momento y qué funcionarios o empresas han tenido acceso a esos planos y que pudieran haberlos entregado a los topos del narcotraficante.

Vecinos del lugar entrevistados en la última semana por EJE CENTRAL, confirmaron que dos hombres comenzaron a preguntar entre marzo y abril de 2014 por los terrenos que estarían disponibles para "ponerlos a trabajar con animales y siembra", según decían.

Guzmán Loera llegó a El Altiplano en febrero, lo que significa que el plan para rescatarlo se puso en marcha apenas unas semanas después de su llegada.

Luego de visitar varios de los terrenos disponibles, todos ubicados en la parte sur del penal de máxima seguridad, y de hacer algunas pruebas de la consistencia de la tierra, con algunos aparatos que aseguran los vecinos portaban, “para ver si era buena y servía”, decían a los dueños, compraron por lo menos dos.

El precio exacto no fue revelado por las personas entrevistadas, pero comentaron que fue por “un poco más” del valor comercial. El pago, coincidieron familiares, se consumó en mayo de 2014.

La primera construcción, dijeron los vecinos, comenzó a notarse a finales de mayo del año pasado, y en la colonia Santa Juanita se pensaba que sería un rancho que podría ofrecer trabajo a varios de los pobladores dedicados al cuidado de animales y a la siembra.

“Ocuparon como el año para la construcción y seguían trabajando hasta hace poco. Nada extraño, sólo no era gente de aquí, no se veía raro, ni las camionetas (que usaban y que) tenían placas del estado, vestían normal”, comentó uno de los pobladores.

En noviembre de 1991 llegaron los primero reos al penal de máxima seguridad entonces llamado Almoloya. Los meses anteriores se había entrenado a todo el personal y se llevaron a cabo simulacros de motines y fugas, y también se probó todo el equipo de seguridad y vigilancia.

Desde su arranque, el penal contó con un centro de apoyo a la seguridad externa del penal, entonces único en América Latina, y que le permitía no sólo vigilar el área perimetral con dos círculos físicos de seguridad, sino que se apoyaba con cámaras de un alcance de hasta dos kilómetros de distancia. Además, disponía de un censo actualizado de la población en un radio de tres a cinco kilómetros de la cárcel y la relación con el presidente municipal era muy estrecha para contar información sobre las obras que s llevaban a cabo.

El Centro Federal incluso contaba con un área médica de atención de segundo nivel, en donde se realizaban cirugías. La idea era que los presos no tuvieran que salir y así evitar cualquier riesgo de fuga o rescates en los traslados.

El personal técnico y de seguridad se entrenaba constantemente en el Centro de capacitación instalado a un lado de la cárcel. Uno de los manuales de procedimientos establecía que por lo menos un custodio y hasta dos deben ser colocados en cada pasillo de los módulos, y relevarlos cada tres horas, no pueden hablar con los presos pero sí observar constantemente qué hacen en sus celdas.

Incluso en casos extremos se permitía colocar a custodios en una "vigilancia de vista", los cuales se quedan de manera permanente afuera de una celda, no puede interactuar con el preso y es relevado cada tres horas. En estos casos se colocaba si el interno es de alto riesgo por su peligrosidad o porque existiera la posibilidad de que intentara suicidarse.

También el personal de la prisión manejaba un Centro de monitoreo dividido por módulos. Desde el principio, en el CISEN se implementó un área de contrainteligencia para vigilar a presos considerados blancos de alto riesgo e identificar amenazas a la seguridad de El Altiplano. El Ejército tenía a su cargo la vigilancia perimetral y se construyó, a menos de un kilometro, un destacamento militar para apoyo y tener la capacidad de reacción.

A pesar de todas estas medidas, con el paso de los años la seguridad de El Altiplano logró vulnerarse, en 2004 Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, logró controlar a las autoridades y presos durante varios meses.

Incluso el propio Guzmán Loera intentó fugarse en 1995 de El Altiplano, poco después de un año de haber llegado, pero el CISEN descifró los códigos que utilizaba al hablar con sus abogados y familia, lo que permitió desactivar su plan y eso provocó su cambio al penal de máxima seguridad de Puente Grande, de donde se fugaría cinco años después.

En 2004, el Centro Federal cambió de directivos, hizo una limpieza de personal y reforzó sus esquemas de seguridad, después de la toma de Osiel Cárdenas y de su intento de fuga; así como por el asesinato de Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa.

Ocho años más tarde, a partir de 2012, todavía bajo la administración del general Gómez García, comisionado del OADRPD, El Altiplano comenzó a presentar problemas.

En 2012 despuntaba un relajamiento de los estándares de calidad del penal de El Altiplano: el número de personal técnico y de seguridad se redujo, registrando un déficit de poco más del 20%, lo que impactó no sólo en la vigilancia sino en la actualización de estudios psicológicos de los internos.

También los recursos económicos decrecieron y eso afectó varias áreas de la prisión, como la de peluquería que disminuyó, lo que desde entonces retrasa el corte de cabello de los mil 148 presos, que por reglamento deben usarlo tipo brush. Afectó gravemente la parte médica, porque el equipo para atención de primer y segundo nivel ya no recibió mantenimiento, por lo que se dejaron de hacer cirugías, desde entonces sólo se atienden consultas menores y casos de emergencia, y ahora los internos que requieren atención mayor son trasladados a hospitales del sector salud.

Además dejaron de cumplirse los estándares y las reglas para la distribución en celdas y módulos de los presos, en relación a su perfil clínico criminológico, lo que vulneró el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que ordena clasificar y distribuir a los presos de acuerdo a esos estudios, los cuales deben mantenerse actualizados.

Ante la disminución de personal, tampoco fue posible mantener a uno o dos custodios en los pasillos de los módulos, para tener una vigilancia directa, no sólo a través de los cámaras.

 Para enero de 2013, con la llegada a la CNS de Manuel Mondragón y Kalb, y aunque continuó por varios meses el general Gómez García como comisionado del OADRPD, se reorganizaron las medidas de vigilancia y protección en El Altiplano.

Ante la carencia de personal y bajo el argumento de compartimentar la información para garantizar la seguridad interna, el Centro de monitoreo interno que daba seguimiento a las cámaras dejó de ser operador por el personal del penal y se puso bajo la supervisión de la Policía Federal.

Este cambio implicó que el personal bajo las órdenes del director de El Altiplano sólo podía observar el 30% de todo el Centro Federal, lo que significaba, por ejemplo, que en el caso de El Chapo tenían únicamente bajo sus ojos la cámara del pasillo, la que estaba dentro de la celda sólo la podía observar el personal de la PF.
La División de Inteligencia de la PF tenía así, bajo su responsabilidad todas las cámaras del penal, incluso aquellas adicionales instaladas dentro de las celdas de los presos más peligrosos o identificados como blancos por su perfil o poder económico, como el caso de Guzmán Loera.

La Policía Federal también quedó a cargo del llamado sistema redundante, creado para las tareas de contrainteligencia y que permitiera detectar irregularidades o anomalías en el comportamiento de los presos, los custodios o personal técnico y administrativo de la prisión; aunque el entonces comisionado Manuel Mondragón y Kalb desconectó este sistema.

El CISEN tiene en el Centro Federal la misma capacidad que la PF, con personal que monitorea los movimientos de los presos más importantes o lleva a cabo tareas de contrainteligencia para detectar fallas o riesgos de seguridad.

En 1995, para impedir la fuga de El Chapo y de otros reos de El Altiplano, la tarea del CISEN fue determinante, porque sus agentes descubrieron sus planes, a partir de escuchar sus conversaciones telefónicas, las pláticas que sostenía con sus abogados o visitas familiares, con los que había desarrollado claves y códigos para referirse al tema y que lograron ser descifrados.

Esta vez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado Monte Alejandro Rubido, han dicho públicamente que por respeto a los derechos del líder del Cártel de Sinaloa y al carecer de autorización judicial, no se habría llevado a cabo el monitoreo de las conversaciones que Guzmán Loera sostenía con sus tres abogados, quienes lo visitaban entre tres y cuatro veces por semana, o durante la visita familiar que recibía cada nueve días, o la colocación de micrófonos en la propia celda, lugares en los que debió planificar y coordinar su escape.

A pesar de que la seguridad perimetral de la prisión federal era catalogada como vital, porque se consideraba que un intento de fuga se daría a partir de un ataque a la muralla, también se abandonó. Se permitió la construcción de viviendas en las inmediaciones del Centro y se dejó de actualizar, desde 2013, el censo de habitantes en los alrededores hasta una distancia de 5 kilómetros.

Por si fuera poco, algunas de las cámaras de vigilancia exteriores y que tenían capacidad de visión hasta de dos kilómetros de distancia y algunas de ellas con visión nocturna, podrían haber dejado de funcionar, por lo que ahora esto también se revisa.

De haber estado en operación, a toda su capacidad, esta seguridad perimetral, la construcción de la casa y la bodega, a partir de donde se construyó el túnel que serviría para rescatar a El Chapo, podrían haber sido detectada a tiempo. Todas estas tareas eran responsabilidad de la Policía Federal y el CISEN.

En una entrevista televisiva el comisionado Rubido García comentó que las grabaciones en video sólo se almacenan unos meses. Sin embargo, de acuerdo a los manuales internos de Centros Federales, en el caso de tratarse de un reo de alta peligrosidad y o de alto riesgo, como era considerado Guzmán Loera, podría ordenarse el almacenamiento de toda la información de audio o video, para su revisión y control. De existir estos videos, podría reconstruirse el momento y la forma en que el capo comenzó a planificar su escape, podrían revisarse las imágenes y ser auditados los sistemas para determinar si existió negligencia, manipulación o fuga de información.

Desde mayo de 2013, el responsable de la División de Inteligencia de la PF era Ramón Pequeño García, un hombre que inició como analista en el CISEN, donde se hizo amigo desde entonces de Rubido García. En el Centro se desempeñó como delegado y jefe de estación, y a partir de 2007 llegó a la Policía Federal, primero como parte de la oficina del comisionado, luego como jefe en investigaciones de inteligencia y para 2011 se convirtió en titular de la División Antidrogas.

Pequeño García era el responsable de la inteligencia y contrainteligencia del penal de El Altiplano, dirigía el equipo que monitorea todo el penal y que decidía, tras consultar con sus superiores comisionado de la Policía, Enrique Galindo, y el titular de la CNS, Rubido García, si por seguridad se colocaba un mayor número de cámaras, micrófonos o se iniciaba alguna investigación dentro y fuera del penal. La semana pasada se dio a conocer su salida del área e inteligencia, para ser designado responsable de la Policía Científica de la misma PF.

Sólo había pasado unos meses en el penal de máxima seguridad y Joaquín Guzmán Loera echó a andar su plan de fuga. Igual que en 1995 y el año 2000, a través de sus abogados y familia implementó un código para enviar mensajes a sus operadores de confianza que le permitió dirigir y conocer la operación, claves que las áreas de inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad y del CISEN fueron incapaces de identificar en 14 meses, hasta que huyó.

Parte de su plan, incluyó anunciar una huelga de hambre en agosto del año pasado, reunir 137 firmas para interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algo muy extraño que las autoridades aún no descifran: comenzó a acumular algunas tortillas de su comida y después de pasar un largo rato en aplanarlas con las manos para hacerlas más delgadas, las hacía rollito y las colocaba en la ventana de su celda, la única que le muestra si es de día o de noche y le permitía tener aire natural, y fue por esa ventana que siempre tenía abierta, que un pájaro llegaba cada día a visitarlo.

Cuando en agosto los abogados de Guzmán Loera hicieron pública una carta en la que denunciaba malos tratos dentro de El Altiplano, para las autoridades penitenciarias fue una señal de alerta y solicitaron su cambio de prisión.

La evaluación que hicieron el director del penal, la coordinadora y el comisionado de OADRPD fue a partir de sus antecedentes de fuga, su poder económico, inteligencia criminal y alto grado de peligrosidad, por lo que sugirieron enviarlo al Centro Federal de Readaptación Social número 12, llamado CPS Guanajuato, porque tiene celdas equipadas con mayor seguridad y aislamiento.

La petición fue entregada por escrito y discutida en una reunión en la que participaron los comisionados Rubido García, Hernández Mora y Pequeño García. No se rechazó abiertamente la propuesta, pero tampoco se autorizó, para los asistentes pesó más la opinión de la División de Inteligencia de PF, que consideró que no era necesario el traslado.

Ante la negativa del cambio, a finales del año pasado y los primeros meses de 2015 (después de que El Chapo lograra que 137 presos firmaran la carta de queja para la CNDH) se recomendó que el líder del Cártel de Sinaloa fuera movido de celda, para apartarlo aún más de la población, llevándolo a una ubicada en un primer piso, al centro del edificio y en la que contaría con muy pocos vecinos.

De nuevo se entregó por escrito la propuesta y de nuevo en la cúpula de la CNS ni se aprobó ni se negó el traslado, simplemente se dejó sin resolver porque el área de Inteligencia no tenía datos que demandaran la urgencia del cambio.

Aunque por reglamento las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tienen la capacidad y hasta la responsabilidad legal de decidir y autorizar, con apoyo del Consejo Técnico Interdisciplinario, de trasladar o mover internamente a reos, en casos considerados como sensibles, como lo era el de Guzmán Loera, tenía que someterse a discusión y contar con la autorización del titular de la CNS y hacerlo del conocimiento del secretario de Gobernación.

Paralelamente, al interior de la dirección del OADRPD se discutió la necesidad de cambiar al director del Centro Federal de El Altiplano, Valentín Cárdenas, porque el cargo, al ser tan demandante, requiere que se permanezca no más de dos años, por el nivel de exigencia que incluso le obliga vivir en las instalaciones del Centro Federal y sólo contar con un descanso al mes fuera de las instalaciones.

Se consideraba que Cárdenas estaba físicamente agotado y había transcurrido el tiempo recomendado para su seguridad personal y evitar fisuras en la seguridad del penal.

Esta propuesta se hizo también al comisionado Rubido García, quien la aprobó y se consumaría en diciembre de 2014, pero no fue así, y se pospuso por tiempo indefinido. Hace una semana, Valentín Cárdenas fue cesado de su cargo, fue interrogado por la PGR, está bajo investigación y se revisan todos sus vínculos y operaciones financieras y de su familia, las cuales no han arrojando, hasta ahora, movimientos inusuales salvo la compra de un departamento a su hijo, el cual reportó a sus superiores.

En esa misma reunión con Rubido García también se discutió la urgencia de contar con el personal suficiente en las áreas técnicas y de custodia de El Altiplano, que permitiera retomar los más altos niveles de seguridad en pasillos y desplazamientos, además de las áreas técnicas, lo que fue aprobado por el mismo titular de la CNS en diciembre, pero poco se avanzó desde entonces, porque el proceso de selección el área de Control de Confianza, donde se aplican los cinco exámenes para definir su ingreso, es muy lento.

Se calcula que la suma de personal que se hace falta en todos los penales, entre personal técnico y de seguridad, en total alcanzan unas cinco mil plazas.

CONTÓ CON 130 MINUTOS DE VENTAJA

La cena en El Altiplano se sirve entre 6 y 7 de la noche, en el caso del módulo de Tratamientos Especiales los reos deben consumir sus alimentos en la celda y, como siempre, así lo hizo Guzmán Loera.

Entre las 20:00 y 20:30 horas se le entregó su medicamento, la enfermera verificó que se lo tomara, y se hizo el último pase de lista. Esas fueron las últimas actividades del sábado para El Chapo, ya sólo le quedaba sentarse o recostarse en la cama para ver la televisión con audífonos, la cual colocaba a un lado de su cama, en un improvisado buró que diseñó con sus expedientes judiciales sobre los que colocó una cobija y allí el pequeño aparato. 

Minutos antes de las nueve de la noche las cámaras muestran a un Guzmán Loera impaciente y que se acerca constantemente al área de la regadera y se agacha.

El comisionado Rubido García declaró que era un movimiento habitual, porque en ocasiones lavaba en ese lugar su ropa interior, pero esto es imposible, de acuerdo a las reglas internas el agua de la regadera no es un servicio que se ofrezca todo el día, solamente durante una hora, de seis a siete de la mañana.

Los presos tampoco lavan su ropa, cada mañana un empleado del área de Servicios Generales del penal visita cada celda y recoge la ropa que deberá lavar y entrega la limpia. 

Tampoco el capo se pudo agachar para lavar "algunos enceres", como también mencionaron al principio las autoridades, porque no cuenta con trastes o cubiertos en su celda que deba limpiar, todos los alimentos se le entregan y recogen por parte de la misma área de servicios.

Caminar nervioso por la celda, más que un comportamiento habitual, como lo definió el titular de la CNS, era una señal de alerta, que sumado a que El Chapo se puso sus tenis, debió obligar a los que lo vigilaban a través de las cámaras a solicitar por radio que un custodio acudiera a la celda para verificar que todo estuviera bien. Pero eso no ocurrió.

A pesar de que desapareció de las cámaras y ser un preso de alta prioridad, pasaron los minutos y los agentes de inteligencia no notificaron a la dirección del Centro Federal que en pantalla ya no se veía el líder del Cártel de Sinaloa. 

Ese fin de semana era el descanso de Valentín Cárdenas, por lo que en su lugar se encontraba Marissa Quintanilla, del área jurídica del Centro, quien se dio cuenta que el personal pasaron rápido y agitados cerca de su oficina, por lo que les preguntó de inmediato qué ocurría:

“No encontramos a uno en la celda”, respondió uno de los agentes de forma cortante y con mucha premura.
“¿Qué reo?, insistió Quintanilla.
“El de la 20”, respondió el mismo agente.

 Por radio se pidió a los custodios, ubicados en el diamante de seguridad que está a la entrada del pasillo 2 del módulo de Tratamiento Especiales, a unos 70 metros de la celda número 20 que ocupaba Guzmán Loera, que revisaran. Para cuando llegaron habían transcurrido 18 minutos y aún tardaron unos 10 minutos más en descubrir el agujero de la regadera y emitir la alerta de fuga. 

Al toparse con el hoyo de la bañera, de unos 50 por 50 centímetros, los celadores decidieron bajar, pero los que rescataron a El Chapo tuvieron el cuidado de romper la mayoría de los focos que alumbraban parte del túnel, por lo que no podía verse ni siquiera en dónde podían pisar.

“Está en el túnel, está en el túnel”, gritaba alguno de los custodios, mientras otros pedían linternas a sus compañeros para poder descender.

La confusión y adrenalina dificultó aún más la coordinación y encontrar una linterna se hizo más tardado, entre 15 a 20 minutos calculan que pasaron antes de iniciar el recorrido subterráneo. 

Para entonces, desde que bajó El Chapo por el agujero, habían pasado, en total, entre 35 y 45 minutos.

Dos fueron los custodios que bajaron primero, no tenían chaleco antibalas, tampoco alguna arma, sólo dos linternas, su gorra, chamarra y pantalón oscuros. Bajaron el primer metro y medio casi de un salto, luego los ocho metros por la escalera que dejaron instalada los constructores del túnel.

Estaba muy oscuro, olía a humedad y se sentía circular poco aire, la falta de condición física y el espacio reducido, provocó que uno de los celadores pasara por momentos de verdadera asfixia, por lo que su compañero tuvo que auxiliarlo, ayudarle a caminar y tranquilizarlo en por lo menos cinco ocasiones en que estaba a punto de desfallecer.

Portaban sus radios y por segundos lograban escuchar a sus compañeros que les preguntaban si estaban bien y por dónde se ubicaban, pero era imposible responderles por la falta de señal.

Mientras tanto fue informado Rubido García, quien estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México a 15 minutos de abordar su avión rumbo a Francia para alcanzar al presidente Enrique Peña Nieto, quien realizó una visita de Estado. Al comisionado le había informado Ramón Pequeño y él, a su vez, se había enterado por Omar García Harfuch, coordinador de Inteligencia de la PF -hijo de Javier García Paniagua, quien fuera líder del PRI, secretario de estado y titular de la Dirección Federal de Seguridad-.

Para entonces ya habían concentrado, a las afueras del penal, a elementos de la Policía del Estado de México. Les ordenaron que permanecieran alertas, porque existía la amenaza de que un comando intentaría liberar a un reo, por lo que armados y apostados en la puerta principal de Centro Federal aguardaban con la adrenalina hasta el tope esperando identificar cualquier movimiento sospechoso.

Como parte de la alerta máxima, el Ejército ya había sido informado de la fuga, pero sus elementos no sabían que se trataba de Guzmán Loera, sólo les reportaron que era un reo peligroso. Los elementos comenzaron a distribuirse en un cerco perimetral para tratar de identificar la ruta de escape e interceptarlo, porque todos suponían que El Chapo estaba cerca. 

Los custodios que recorrieron por primera vez el túnel persiguiendo al capo y pensando que se lo toparían, tardaron una hora con 15 minutos en llegar a la salida, hasta la casa construida en la Colonia Santa Juanita, en Almoloya, apenas a menos de 1.5 kilómetros del penal.

En su camino los custodios no encontraron ningún foco encendido, los cuales son idénticos a los que se utilizan en el penal –de espiral y ahorradores-, porque apagaron la planta generadora, la cual descubrieron al salir del túnel. El comando que rescató a El Chapo también apagó la bomba que por los tubos de PVC permitían la circulación de aire, por lo que los tramos más profundos eran más difíciles de transitar.

Los custodios se encontraron al salir con una pistola nueve milímetros que habían dejado en el piso los subalternos de Guzmán Loera, muy cerca de la boca del túnel. Ya entonces habían pasado 75 minutos más, es decir el líder del Cártel de Sinaloa contaba ya con una ventaja de una hora con 45 minutos. Pasaban de las 22:30 horas.

Afuera del túnel los custodios pudieron comunicarse por radio con sus superiores y trataron de ubicarlos para que supieran donde estaban, porque todo estaba oscuro y su punto de referencia era el propio penal y algunas luces de casas que veían a lo lejos.

Los elementos del Ejército y la Policía Federal llegaron unos 15 minutos después y comenzaron a buscar en los alrededores. Se dieron cuenta que había una casa con algunas camas, comida descompuesta y allí había abandonado El Chapo su uniforme color beige y sus tenis. Se había puesto ropa y zapatos nuevos, que le habían comprado, incluso en varios modelos y colores para que eligiera.

En la última fogata que los custodios de Guzmán Loera encendieron, dos elementos no alcanzaron a quemarse, probablemente por la urgencia. Un sobre utilizado para el tinte de cabello, de la marca Koleston, y un jabón dentro de su paquete con el nombre de un hotel cercano.

Cuando no encontraron algún rastro del líder del Cártel de Sinaloa en la casa y en los alrededores, enviaron a los agentes estatales a establecer un perímetro de seguridad para preservar el lugar.

Entonces pasaban de las 11 de la noche. El capo tenía 130 minutos de ventaja, no había dejado algún rastro y para entonces tenían que comenzar a imaginar cuál podría ser su ruta de escape.

Uno de los primeros en llegar fue el director del penal Valentín Cárdenas, quien informó al comisionado del OADRPD, ordenó que nadie tocara la celda y que fuera la PGR quien se hiciera cargo.

Sólo existe el reporte de la llegada de un helicóptero blackhawk con el jefe de las fuerzas directivos de la CNS, algunos funcionarios sostienen que llegó apenas 20 minutos después de emitida la alerta, cerca de las 10 de la noche, pero otros reportes también oficiales, establecen que en realidad el aterrizaje se llevó a cabo más tarde, pasadas las 23 horas.

La descoordinación de las instituciones de seguridad provocó un retraso en el inicio de la búsqueda del capo fuera del municipio de Almoloya. La colocación de retenes sólo se implementó en la autopista hacia el Distrito Federal, pero no así en la carretera federal de Atlacomulco.

El primer aeropuerto en el que se prohibieron vuelos que no fueran revisados previamente fue el de Toluca, pero los aeródromos de Valle de Bravo y de Atizapán, junto con la terminal aérea de la Ciudad de México fueron notificados hasta el domingo en la madrugada, y hasta entonces se reforzó la seguridad para identificar vuelos privados irregulares, es decir, cuatro horas después de la fuga.

Algo similar sucedió en los estados vecinos, informándoles a los gobernadores después de las 12 de la noche, para que apoyaran en la búsqueda y colocación de retenes para la posible identificación de Guzmán Loera.

Cuando la búsqueda se había extendido a los estados del centro del país, el Bajío y hasta Sinaloa; así como algunas carreteras y aeropuertos, El Chapo tenía prácticamente 260 minutos de ventaja.

Los agentes investigadores de la PGR arribaron al penal después de las 12 de la noche y trabajaron durante varias horas, hasta que se fueron a dormir por turnos, mientras que a unos 25 funcionarios del penal directa e indirectamente vinculados esa noche a la seguridad y vigilancia de El Chapo, fueron colocados todos juntos en un área restringida, en tanto eran trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y comenzar apenas los interrogatorios.