La implementación de la reforma energética dejó a Pemex sin recursos propios y en manos de los inversionistas privados, a pesar de que hace 78 años, el Presidente Lázaro Cárdenas decidió tomar el control de los bienes para explotar sus propios recursos.
El problema, a decir de los especialistas, no es que la inversión extranjera inyectara capital a la empresa paraestatal, sino que —a dos años de la promulgación de dicha reforma, la empresa atraviesa la peor crisis económica en su historia, con un pasivo laboral de 1.54 billones de pesos, y una deuda de 127 mil millones de pesos, aunado a la baja producción petróleo y la caída del precio en el mercado.
Todo esto dejó a Pemex vulnerable y a la deriva, por lo que hoy, la opción más viable que tiene el gobierno es atraer recursos de la iniciativa privada para intentar revivir a la dependencia que alguna vez fue el sostén de la economía mexicana.
En 2014, que comenzó la implementación de esta reforma, se abrió la puerta para que los inversionistas privados comenzaran a inyectar capital a la empresa paraestatal a través de contratos y licitaciones.
"La apertura a la inversión privada impulsa el desarrollo de la industria nacional, al establecer en la legislación, porcentajes de contenido nacional en la proveeduría, a través de asignaciones y contratos que se otorguen a las empresas públicas y privadas", justifica un documento elaborado por Pemex en ese año.
El gobierno federal reiteró una y otra vez que la necesidad de contar con más recursos que no fueran entregados por estado, argumentando que no existía dinero suficiente para atender todas las necesidades de inversión, sobre todo en materia de investigación y perforación de aguas profundas.
A partir de ese momento, comenzaron las rondas de licitaciones y la firma de contratos con las empresas trasnacionales interesadas en explotar el petróleo mexicano.
Apenas este jueves 17 de marzo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell anunció que ya se adjudicaron 30 contratos de extracción y exploración, de los cuales 20 son compañías mexicanas, las cuales invertirán siete mil millones de dólares en los próximos años.
Estos recursos se utilizaron para realizar un mapeo de información sísmica tridimensional en el Golfo de México, con lo cual se podrán ubicar los lechos donde se pueden perforar los pozos de extracción y que permitirá atraer una inversión adicional de 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años, dijo el funcionario.
La reforma energética, promulgada precisamente el 18 de marzo de 2013, abrió la puerta a que las empresas Exxon, Shell, Petrobras, British Petroleum, Stat Oil y otras tantas participen en el tema del petróleo, luego de que por más de siete décadas en las que Pemex lo hiciera de manera autónoma, tal como lo establecía el decreto de la expropiación petrolera y sus leyes reglamentarias.
LOS BIENES SON DE LA NACIÓN
Eran las diez de la noche del viernes 18 de marzo de 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas se dirigió a la nación para informar el decreto por el cual se nacionalizaba la industria petrolera de México.
La justificación fue la negativa de los monopolios norteamericano Standard Oil Company y el inglés Royal Dutch Shell, y sus 13 compañías subsidiarias, a pagarle al Sindicato de Trabajadores Petroleros 26 millones, tras haber perdido un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la imposición del laudo (sentencia laboral).
Ante esto, Cárdenas expropió los bienes de esas empresas extranjeras, luego de que éstas amagaron con paralizar la industria petrolera, perjudicando así a la economía de México.
De esta manera, la nación tuvo que indemnizar a estos consorcios no por el petróleo, ya que este por naturaleza es de la nación, sino por los bienes materiales de los cuales eran dueños. El dinero se juntó con la cooperación del pueblo, donaciones que se hicieron en especie —y que incluyó animales de granja— y hasta con los ahorros de la gente.
La raíz del conflicto está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que establece en el artículo 27 que "corresponde a la nación el dominio directo de […] los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos".
Esto orilló a las compañías a explotar el subsuelo y a los trabajadores para sacar el mayor provecho posible antes de que se efectuara el decreto.
Al asumir la presidencia de México en 1934, Lázaro Cárdenas promovió la creación de sindicatos que protegieran a los trabajadores. Tres años después arrancó una huelga en la industria energética a la que se sumaron distintos sectores de la industria nacional.
El motivo era que los petroleros no contaban con ningún tipo de prestación, siendo empresas extranjeras quienes controlaban los grandes yacimientos y plataformas. Los trabajadores exigían la firma de un contrato colectivo, jornada laboral de 40 horas semanales, un aumento de sueldo del 90%, asistencia en salud e incapacidad pagada. Los consorcios se negaron argumentando que no tenían dinero.
Cárdenas se vio obligado a intervenir debido a que nadie podía comprar gasolina debido a huelga y nombró una comisión investigadora, la cual que dictaminó que, entre 1934 y 1938, las petroleras habían incurrido en innumerables fraudes fiscales y que habían obtenido ganancias que alcanzaron los 150 millones de pesos, por lo que se propuso un aumento de 26 millones de pesos en salarios; las empresas volvieron a negarse.
Sobre la negativa, el presidente refirió que:
“Impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso”.
Además, Lázaro Cárdenas también pidió en su discurso, examinar la obra social de las petroleras en los poblados donde se explotaba el energético.
“¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?”, cuestionó
El viernes 18 de marzo de 1938, las petroleras trataron de negociar el pago de las prestaciones a los trabajadores, pero ya era tarde y la propuesta fue rechazada por el Presidente, quien esa misma noche emitió su histórico mensaje mediante la radio nacional.
En su discurso de 2,911 estableció las razones del conflicto, los retos, consecuencias y en el que pide a la “nación entera” su respaldo “moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”.
INVERSIÓN PRIVADA SÍ, PRIVATIZACIÓN NO
Si bien Lázaro Cárdenas expropió los bienes que tenían los grandes consorcios petroleros para explotar el recurso nacional, el mandatario no cerró las puertas para que en un futuro, estas mismas empresas volvieran a invertir en este rubro.
"El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión", señalaba la iniciativa de la Ley Reglamentaria al artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.
Una vez que reconoció la participación de la iniciativa privada, el mandatario estableció la necesidad de establecer líneas generales para firmar los contratos, de manera tal que las empresas invirtieran, pero asegurando que México seguía siendo dueño de sus recursos naturales.
La legislación fue promulgada por Lázaro Cárdenas en 1940. Sin embargo su discurso sobre la recuperación del control de los bienes por parte del Estado dejó huella entre los mexicanos, quienes aseguraban que el mandatario ya no permitiría la inversión extranjera en Pemex.
Este discurso se mantuvo a lo largo de los años y funcionó muy bien durante las siguientes épocas de bonanza de la paraestatal, la cual podía asumir los costos de exploración y explotación, así como de refinamiento y comercialización de sus productos.
Incluso, en la administración de José López Portillo, Pemex y el petróleo mexicano eran la promesa de la bonanza económica del país. La empresa era la responsable de generar la mayoría de los ingresos, que después se destinaban al gasto público.
Sin embargo, señalan los especialistas, la corrupción y el saqueo de los recursos que por años permeo en Pemex, aunado a la crisis económica mundial, llevaron a Pemex a una situación insostenible.
Con la implementación de la reforma energética, la sociedad estuvo de acuerdo en la participación de la inversión privada. “Inversión sí, privatización no”, fue lo que al menos siete de cada 10 mexicanos opinó en las distintas encuestas realizadas ese año.
Sin embargo, con la crisis que enfrenta habrá que ver cuánto dinero necesitará antes naufragar en las aguas del Golfo de México o de tener que aceptar que la inversión privada debe ser mayor a lo estipulado en las proyecciones de la reforma.
