By Roxana Da Silva | Cátedra Periodismo de Investigación
La violencia: principal razón por la que el venezolano desconoce lo que es vivir sin miedo
Tiende la mano seguido de un saludo. En su cara una máscara que solo permite verle los ojos. Jeans, suéter azul y zapatos deportivos. Su única exigencia: no dar a conocer su nombre. “Esta es mi maldita realidad”, así comienza su testimonio un joven vendedor de la Cota 905.
En Venezuela, el narcomenudeo, es un término poco conocido, según el Ministerio de Justicia y del Derecho colombiano, es la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades, en entornos urbanos. Para entenderlo mejor y entrar en contexto, la Dirección de Inteligencia Policial en Colombia el año 2012 realizó un diagrama con los respectivos eslabones del tráfico de drogas.
De esta manera podemos observar cada uno de los subsistemas que cuentan con organización y modus operandi respectivos.
Empezando por el narcotráfico, según el trabajo La evolución del Narcotráfico en México de Oscar Contreras Velasco, especialista en sociología en investigación, estas actividades se reducen al “tráfico de drogas ilegales que son transportadas clandestinamente de un lugar a otro”. Por su parte en el mismo texto, Jorge Fernández Menéndez, periodista y analista político de origen argentino, concibe el narcotráfico como una actividad de mayor complejidad que se constituye como una estructura de poder que establece relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas, económicas y sociales generando procesos desestabilizadores.
Existen dos términos que son importantes diferenciar: el microtráfico y el narcomenudeo. El primero forma parte del subsistema del tráfico de drogas que provee de cantidades significativas de drogas ilícitas a las organizaciones de las ciudades encargadas del suministro de drogas “en pequeñas cantidades, con embalaje, pureza y periodicidad definidas”, según informe del Ministerio de Justicia Colombia, 2013.
Por otro lado, el narcomenudeo es la organización encargada del suministro de drogas en pequeñas cantidades. Se ocupa específicamente de satisfacer las necesidades de los consumidores de drogas, comercializadas en “puntos de venta”, es decir, territorios urbanos.
El narcomenudeo es un fenómeno cada vez más común en distintas zonas del mundo. Se encuentra en todas las clases sociales y, además, no solo afecta a las personas involucradas sino a cada una de las relaciones sociales de estos individuos.
El mercado de drogas ilícitas cada vez ofrece más puntos de venta en todas las esquinas. Ante estas demandas, la respuesta gubernamental ha sido más planes de seguridad, aún así es evidente la poca eficiencia de la solución del Gobierno a un fenómeno que por común no deja de ser complejo.
Venezuela
¿Cómo se relacionan un joven del barrio Las Brisas en la Cota 905 que muere el fin de semana abaleado por una banda rival, y otro que disfruta montado en un auto lujoso atravesando las vías rápidas de una ciudad europea? Pues, la conexión directa es el dinero con el cual se compró ese auto -entre otros excesos que goza- producto del narcotráfico, del contrabando y del lavado de activos, ganancia del delito organizado que su padre ayuda a legitimar. Las peleas que se libran día a día en nuestros barrios, entre ellas, la que dio muerte al menor de edad, son el resultado de la lucha por un pequeño mercado originado por la actividad delictiva de aquellos que están en la punta de la pirámide del crimen, organizados alrededor de un único objetivo: el lucro.
La producción, el tráfico ilícito de drogas, de armas y municiones, al igual que el secuestro, entre otros delitos, son vivas manifestaciones que señalan la presencia de redes de crimen organizado dentro de un Estado. Esta situación atañe tanto a las autoridades, como a aquellas organizaciones que trabajan en la garantización de los Derechos Humanos. Existe a su vez, una reciprocidad directa entre debilidad institucional y corrupción derivada de la actividad del delito organizado.
Como misión central, el Estado debe impedir la propagación, fortalecimiento o aceptación de redes de delito, consolidando alianzas con todas aquellas instancias creadas para su vigilancia, control y erradicación.
Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo
Caracas, Venezuela. Amaneció hace tres horas. En la Cota 905 ya se ven pasar los motorizados y sus parrilleros, los carros y las personas a pie que los acompañan. Los rincones estrechos, entre rampas y escaleras improvisadas. El camino empinado. La gente que mira, que sale, que baja y sube. Así se llega hasta la primera parte del barrio Las Brisas. Ya las calles son amplias y escoltadas por viviendas en todo su alrededor.
“Uno canta la zona, el otro va y atraca, ellos tienen todo un trabajo”, comentó Rosa, habitante del sector. El principal problema es la violencia y, sobre todo, que esta sea algo normal, ejercida desde los mismos cuerpos de seguridad y por ciudadanos.
Un rostro que refleja la resignación de quien ha vivido desde hace 20 años en un barrio en el que las balas son el despertador de cada mañana.
“Hay demasiada inseguridad. Es que los cuerpos de seguridad están todos corruptos, pero de ellos el más asqueroso es la Guardia Nacional”, dijo la señora.
Paradójicamente lo que comenta un vecino involucrado en uno de los grupos de delito organizado señala a los mismos personajes como los culpables del vandalismo.
Rey -así lo llamaremos para proteger su identidad-, vendedor de la Cota 905, sector Las Brisas, aseguró que “en todo este mundo (refiriéndose a lo delictivo) siempre hay corrupción”.
“La misma policía, yo tenía un vecino que era policía y el tipo nos vendía las armas que le tumbaban a otras bandas”, comentó Rey y agregó que un arma se puede conseguir por 5 millones de bolívares.
Ambos testimonios concuerdan en que, quienes deberían proteger a los ciudadanos, son quienes atacan a través de su participación en negocios sucios. Dejando de lado la ética que bien, para ellos, pesa menos que el dinero.
Si eres asesino y tienes plata, te condecoran
La principal estrategia de un narcomenudista es conocer y seleccionar el punto de venta donde él, su banda y sus clientes se sientan en confianza. Conquistar estos puntos de venta, mejor conocidos como “plazas”, es producto de bastantes balas de por medio. “Uno se tiene que pelear el terreno. Las armas siempre están para defenderse, para ganar respeto”, dijo Rey.
Los vendedores saben que la mayoría de sus clientes presentan problemas económicos, sobre todo en la situación que atraviesa Venezuela con una moneda devaluada más de 60 %. De ahí que muchos narcomenudistas, como Rey, llegan a aceptar cosas a cambio, “siempre hay quienes llegan y te dicen: ‘te dejo este celular’. Antes uno aceptaba aparatos, pero ahora de todo”. Sí, actualmente no es excepción aceptar algo a cambio de mercancía “desde baterías de carros, hasta los paquetes de harina pan”.
“Yo tengo unos panas que trabajan en el gobierno y me compran, entonces aprovecho pues, ellos son los que me traen la comida (…) Todos los alimentos son de las marcas que traen los CLAP”. En Venezuela, existen las bolsas alimenticias de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creadas por el gobierno para ser repartidas a las comunidades del país. Estos alimentos no llegan a todos los ciudadanos, lo que ha generado gran descontento.
Las plazas deben ser de fácil acceso y salida. La preferencia por un punto se debe en gran parte a la ganancia, esta varía de acuerdo con la cantidad de posibles clientes y del tiempo útil de venta. Fines de semana y los días de quincena, se distribuye más mercancía.
“A través del miedo nos imponemos. La droga controla el barrio”. Toda persona tiene una historia, aunque Rey asegura no tener alma, ama a sus hijos y piensa que si no hubiera nacido en una zona marginada, igual estaría en este negocio porque da mucho dinero. “Hay muchos que terminan metidos aquí porque no les queda de otra, yo me mantengo y si no vendo, mis hijos no comen”.
Entre la una y las tres de la tarde, Enrique se acerca a comprar droga. Vive a cuadras del barrio, por eso prefiere comprar allí, pues no tiene que caminar mucho. Tiene 53 años, consume desde los 16. No trabaja, y su familia es quien le da dinero semanalmente. Vive con su madre y confiesa haber sacado de la casa desde comida hasta cuadros, para cambiarlos por perico.
El consumidor de drogas se considera un enfermo, comienza a ser un delincuente cuando el dinero no le alcanza para saciar su vicio y, por ende, debe transgredir. Desde casos con menor impacto, como robar en su propia casa, hasta asesinar a quien sea para poder consumir.
“Hay gente más enculebrada (inmersa en problemas) que yo, pero es que uno se va metiendo sin saber lo que le espera”, cuenta Rey. Se llega al punto en que la única prioridad es consumir y seguir vendiendo, no importa lo que haya que hacer.
“Están los sicarios, sí. Hay sicarios de diferentes niveles, los sicarios normales matan porque tienen que mantenerse los vicios de la droga”, aclaró el joven delincuente del barrio.
Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien pidió no ser identificado, aseveró que “entre los delitos más frecuentes están los robos, sicariatos y secuestros. Pero el dominio de la zona es la venta de drogas”.
La bandas son las responsables de cometer todos estos crímenes. Se identifican como la unidad operativa del delito organizado y controlan un territorio específico. Buscan asemejar la gran estructura que poseen organizaciones criminales conocidas como BaCrim colombianas. Mientras mayores sean las relaciones con cuerpos de seguridad, mayores serán sus actividades delictivas y grado de impunidad.
Si se corrompe la seguridad, ¡qué queda para la sociedad!
“Aquí lo que hacen es amenazar para que nadie diga nada: vea y calle. Hay un montón de planes de seguridad que no han funcionado, acá todo es corrupción (...); aunque nos digan que no hay violencia o inseguridad todos sabemos lo que estamos viviendo no hace falta que alguien nos lo diga (...); aquí matan policías no solo por el arma sino porque están metidos en la corrupción”, comentó Dayana Díaz, nuera de Rosa y también habitante del barrio.
Conforme a los datos que maneja el Ministerio Público (MP), 86,6% de los homicidios intencionales en el 2016, fueron cometidos con armas de fuego, por lo que “resulta impostergable el abordaje inmediato de esta realidad a través de políticas efectivas”, así lo reseña el MP en su último informe anual.
Desde hace poco más de tres años el Gobierno ha venido creando planes para acabar con las bandas delictivas. Dos son los que destacan: Unidades de Patrullaje Inteligente (UPI) parte del Plan Patria Segura y Operación y Liberación del Pueblo (OLP).
Las UPI, reactivadas a inicios del presente año 2017, se encargan de la protección del pueblo. En la parroquia El Paraíso, según el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJ), el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fabio Zavarse Pabón, informó que en la zona se desplegaron más de 300 efectivos junto a vehículos y motos para reforzar la seguridad. La Cota 905 tiene seis puntos de control, en los que se realiza vigilancia y patrullaje, control de microtráfico, alcohol y Plan Desarme.
Susana De Abreu, habitante de la parroquia El Paraíso, asegura que “es una gran mentira. Hace como un mes, en la avenida se veía pasar el carro de patrullaje después de las 10 de la noche, pero más nada”. Añade que salir a caminar por El Paraíso es un riesgo, “no veo seguridad en las calles; al contrario, hay más delincuencia”.
En un recorrido por la avenida Páez desde la Madariaga hasta Las Fuentes a las 6 de la tarde, solo se encontraron 3 módulos de la GNB. El primero en la entrada de la Madariaga es un punto fijo pues se encuentra allí el Comando Nacional Guardia del Pueblo; el segundo, a la altura del Instituto Pedagógico de Caracas y el tercero, en la bajada de la Cota 905. ¿Dónde se encontraban el resto de los efectivos?
Daniel López, funcionario de la GNB desde hace 5 años, aclara: “El gobierno elabora planes y planes. Entonces los cuerpos recibimos indicaciones y no tenemos éxito, porque cada vez somos menos, además no se trabaja en conjunto con funcionarios del más alto nivel ni con el MPPRIJ”. Las bandas delictivas están identificadas, pero mientras no se realice una inteligencia y un programa contundente, la violencia seguirá incrementándose.
La OLP fue activada por el Ejecutivo Nacional el 13 de julio de 2015. Su objetivo es enfrentar de manera preventiva todas las bandas criminales que están en el territorio nacional y desarticularlas. Desde su creación se generó un debate, pues los ciudadanos acusan que los funcionarios no realizan correctamente su trabajo.
“Nos tiraron a la calle para que nos matara la OLP”, dijo Rey a modo de reclamo. Por otra parte, Dayana comentó que “no hay actuación de los cuerpos de seguridad a favor de nosotros los ciudadanos sino en apoyo a los malandros”.
“Unos se han politizado y olvidan su función ante las comunidades”, Comentó el PNB con respecto a los cuerpos de seguridad que no realizan realmente su trabajo.
Según datos del informe realizado por el MP durante el desarrollo de la OLP, en el año 2016 murieron 241 personas. Esta Institución recibió diversas denuncias asociadas a esos procedimientos, por lo que se iniciaron 182 investigaciones. Cabe destacar que la cifra más alta de muertes por presuntas violaciones de DDHH en la ejecución de las OLP fue en el Distrito Capital (78). Del total nacional, el MP imputó a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad; y acusó a 17, de los cuales 6 son de la PNB, 5 del Sebin, 1 del Ejército Bolivariano, 3 de policías regionales y 2 del Cicpc.
En cuanto a la intervención del MP en la persecución penal de quienes se encuentran incursos en delitos vinculados con drogas ilícitas, en el 2016 se imputaron a 19 mil 761 personas y acusaron a 10 mil 521.
Se incautaron 40 mil 139 kilogramos 926 gramos 125 miligramos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (marihuana, cocaína, heroína, entre otras) a nivel nacional. Asimismo, se decomisaron 137 mil 681 kilogramos 205 gramos 630 miligramos de sustancias químicas (controladas y no controladas), las cuales son utilizadas en las distintas fases de producción de drogas.
En relación con la destrucción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se realizaron 325 procesos de incineración, para un total de 42 mil 341 kilogramos 399 gramos 318 miligramos.
Dentro de las acciones que se realizaron contra el tráfico de drogas el MP acusó a 16 personas, entre estas un gerente de la aerolínea Aeroméxico y cuatro funcionarios de la GNB, quienes fueron detenidos tras la incautación de 600 kilos de cocaína el 16 de junio de 2016 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Venezuela.
El 24 de marzo de ese año también fueron incautadas 349 panelas de cocaína en el Aeropuerto Internacional La Romana, en República Dominicana, investigación que acabó en la detención de 11 personas, un funcionario de la Policía Internacional, cinco efectivos de la GNB, dos trabajadores aeroportuarios y otros tres hombres, quienes están actualmente acusados.
En suma, es evidente el vínculo entre los cuerpos de seguridad, la corrupción y el tráfico de drogas. Pero, ¿queda solo en cuerpos de seguridad? ¿Hasta qué punto ha invadido el narcotráfico nuestro país?
Los de cuello blanco son los peores
El encargado de la justicia en Venezuela, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, fue acusado por los Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico. El 18 de mayo de 2015, el diario norteamericano The Wall Street Journal publicó una nota donde aseguraba que la Fiscalía Federal de Estados Unidos lo estaría investigando por brindar protección a envíos regulares de cientos de kilos de cocaína.
En el año 2010, en una entrevista concedida al periodista Juan Carlos Giraldo, el narcotraficante venezolano Walid Makled (actualmente privado de libertad), aseguró que el General Reverol manejó sus empresas durante 23 meses y no le entregó los dividendos de las mismas, monto que ascendería a 140 millones de dólares. Mientras que en 2012, el periodista Jairo Lozano, director de investigación de una red privada de emisoras de radio en Colombia, reveló que en documentos incautados al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, alias “Chupeta” (encarcelado en Norteamérica), aparecía el nombre del comandante de la GN como una contacto de la red delictiva.
Ascendiendo en los cargos se encuentra Tareck El Aissami, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. A inicios de este 2017 el Gobierno de
Estados Unidos le impuso sanciones económicas por “jugar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.
El Aissami está involucrado en narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo a un reportaje realizado por el diario Wall Street Journal, la información fue revelada por el exgobernador de Aragua, Rafael Isea (colaborar de la DEA), quien aseguró que “Makled pagó a El Aissami para pasar cargamentos de droga a través de Venezuela”.
Por su parte, Walid Makled aseguró en el 2010 al canal NTN24, que hacía negocios constantemente con el hermano del vicepresidente. En la entrevista dijo que “él siempre me hablaba, me decía que tenía que comunicárselos personalmente al hermano -los favores pagados-”.
Finalmente, ligados directamente a la presidencia, están los sobrinos de la “primera combatiente”, Cilia Flores: Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas.
El 18 de noviembre del 2016 se conoció que el jurado encontró culpables a ambos, después de casi un año de detención. De acuerdo con la información publicada, la decisión unánime de los 16 integrantes del jurado fue declararlos culpables por conspirar e intentar importar cocaína a Estados Unidos o manufacturar y distribuir cocaína, conociendo y entendiendo que sería importada a Estados Unidos.
Al respecto, el gobierno parece mantener un "silencio oficial". La pareja presidencial no ha emitido palabra alguna. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, manifestó: "Nosotros no vamos a hacer ningún pronunciamiento sobre ese tema, porque deben respetarse las competencias de la Defensoría".
Por su parte, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se refirió el 4 de julio de este año al caso de los sobrinos de la primera dama: “Según el Tribunal Supremo de Justicia, cualquier ciudadano puede pedir antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, así sea por el caso de los narcosobrinos o vínculos con Odebrecht”. Siendo esta la única ocasión en la que una figura del gobierno ha mencionado y aceptado el caso.
Estos son los principales. En Venezuela, la lista de funcionarios corruptos se incrementa año tras año. La complicidad del gobierno en el alarmante aumento de la criminalidad es imposible de disfrazar.
La abogada de la UCV, Ana Rodríguez, analizó las consecuencias de un narcorégimen “los funcionarios públicos utilizan las instituciones del Estado para realizar negocios involucrados con el tráfico de drogas”. Agregó que en Venezuela la delincuencia organizada está establecida e “influyen más los factores para su permanencia que los planteamientos para combatirla”.
Laboratorio de Ciencias Sociales, (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) realizaron una análisis acerca del delito organizado. Su nexo con el Estado los llevó a realizar un esquema de la vinculación del Delito Organizado con la inseguridad y la democracia.
Con esto se ve que, los delitos organizados, en conjunto con la corrupción, no deben permitirse en el Estado, para así garantizar la democracia.
Mientras el delito organizado y la corrupción no sean aprobados por el gobierno, se combatirán más delitos y habrá menos impunidad.
En Venezuela esto no se cumple. Por ende, mientras el delito organizado esté en compañía de la corrupción y el consentimiento del gobierno, habrá más inseguridad, mercados ilegales y justicia por mano propia.
El hampa es la ley
“Uno tiene que tomar la justicia por las manos. Te encuentras con un paco (policía) de esos, y tambien lo revientas. ¿Me entiendes?”, la seguridad con la que habla Rey demuestra el poder que tiene el crimen sobre la justicia.
Ya se acostumbró a vivir así, es lo que ha visto desde pequeño. “Yo gano como 50 millones de bolívares a la semana y ni siquiera soy dueño del negocio”, aclara el victimario.
“Con el dinero se mueve todo”, sentenció Rey. Nunca ha estado preso, porque puede comprar a las autoridades. Agrega que los cuerpos de seguridad no son tolerados en los barrios, pues solo buscan “negociar y quitarle la plata” a quienes se dedican a los delitos. Las bandas son las que “imponen respeto”.
Se escuchan varios golpes seguidos a la puerta, esto indica que es momento de acabar con la conversación, probablemente ya era peligroso continuar ahí. El recorrido de vuelta vendrá cargado de un pensamiento distinto. Cada paso sobre el asfalto recuerda el gran valor que tiene la vida en la ciudad más peligrosa del mundo.
En Venezuela, estás vivo hasta que así lo decida un delincuente. López, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, refiriéndose a las bandas: “Han hecho sus propias leyes y arremeten contra la población impunemente”. Al igual que civiles, durante los últimos años se han encontrado funcionarios quemados, descuartizados y tiroteados.
“La falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad que existen en el país, ha llevado a esta crisis”, agrega el GNB.
En muchos casos, se les ordena no actuar en contra de los victimarios. “Nunca ha existido una planificación directa para combatir realmente la delincuencia”, aseguró.
El más lucrativo negocio que se conoce, como lo es el narcotráfico, se ha asentado en Venezuela y, gradualmente, se apoderó del Estado que no responde satisfactoriamente ante los reclamos de los ciudadanos. Se deben sentar las bases que fortalezcan la democracia en el país y favorezcan a la clase media y baja de la sociedad.
Una violencia desbordada por grupos que controlan el tráfico de drogas. Un poder político públicamente cuestionado por casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Los cuerpos policiales y Fuerzas Armadas poco efectivas para enfrentar bandas, pues están enfocadas en ser parte de negocios ilícitos. Una industria de sicarios que asesina con frialdad. Territorios convertidos en rutas directas para el paso de drogas.
Los grupos seguirán actuando libremente porque saben que poseen suficiente poder para exigir. La pérdida de legitimidad del sistema político ante las acusaciones en negocios de droga y la incapacidad del Estado para ejercer la ley frente al delito han generado una crisis de gobernabilidad.
Mientras no exista un buen enlace entre el poder público judicial y policial la respuesta para la sociedad seguirá siendo negativa y continuará sin atacarse el flagelo del hampa.
Esto es un reflejo de la sociedad actual en la que el poder, representado por el dinero, se encuentra en manos de quienes son capaces de corromper instituciones y autoridades, quedándose estas sin opción entre hacer justicia o velar por sus vidas; afectando únicamente a un grupo al que se le ha impuesto un realidad trágica: al pueblo
