En el año 1958, los venezolanos derrocaron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, iniciando nuevamente el camino hacia la democracia, que 10 años antes se había interrumpido.
Para evitar el peligro de una nueva perturbación, la clase política de aquella época, de la mano de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba plantearon un acuerdo que sustentaba las bases de un proyecto nacional, de un nuevo modelo de país, cuyo ideal transcendiera las posturas ideológicas de cada uno.
Estos dirigentes recibieron un país endeudado, donde la sociedad no gozaba de libertades políticas y la dramática migración del campo a las ciudades mermaba los servicios públicos. Sin embargo, se pudo lograr un acuerdo mínimo de gestión, conocido como el Pacto de Punto Fijo, para levantar al país de la crisis y encaminarla hacia esa modernidad, que desde los tiempos de la publicación de Doña Bárbara se exigía.
Hoy 58 años después de ese acontecimiento, Venezuela atraviesa una grave crisis institucional con repercusiones políticas, económicas y sociales. El modelo presentado por Hugo Chávez, que intentó sustituir al proyecto del Pacto de Punto Fijo, se agotó. Pero, los opositores del Socialismo del Siglo XXI, no presentan un plan alternativo. Salvando las diferencias socio-históricas, la sociedad venezolana se encuentra nuevamente ante una encrucijada, ante una falta de dirección que hace peligrar la estabilidad de la nación.
A pesar de la crisis, no se evidencian manifestaciones claras, que indiquen el ofrecimiento de un nuevo modelo, cuyo alcance vaya más allá de los intereses particulares de cada partido político, ese sentido de trascendencia de épocas anteriores, no está dentro del discurso político actual.
Existe la necesidad imperante de crear un proyecto de país, que pueda elevarse por encima de los actores políticos, se necesita un plan que pueda representar a todos los sectores de la sociedad venezolana.
Mientras estas necesidades de dirección se van materializando en el debate público, la mejor respuesta por parte de la sociedad, sigue siendo la misma que planteó Rómulo Gallegos hace casi nueve décadas y que la clase dirigente de hace 58 años reafirmó; que la educación y sus instituciones sean las herramientas para la transformación del país, que la política pueda ser pedagógica.
Un ejemplo de eso, se puede evidenciar en los documentos publicados el año pasado por la Universidad Católica Andrés Bello: De la UCAB al país que queremos. Propuestas 2015, que sugiere ciertas directrices para un nuevo proyecto nacional.
Pero la tarea no solo es de la academia, sino de cada venezolano que a través de su trabajo y constancia, puede aportar soluciones útiles para el país.
Por su parte, los dirigentes políticos deben empezar a observar el inmenso trabajo que realizan asociaciones civiles, fundaciones e iniciativas privadas, que ante la decidía del Estado, se plantean todos los días nuevos modelos de gestión para ayudar a la gente.
La solución ante la crisis está en manos de los venezolanos, para empezar un nuevo camino, se debe responder una simple, pero transcendental pregunta: ¿Qué clase de país queremos ser?
