El caso Auditorio acabó a nivel mediático cuando Pedro Antonio Sánchez dimitió perseguido por la imputación del caso Auditorio y tras la petición, por parte del juez Eloy Velasco, de que fuera también investigado por la trama Púnica. A 48 horas de que su puesto fuera sometido a una moción de censura, Sánchez decidió dimitir para, según él, salvar a la Región del posible tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos en el que se alzaría como presidente Rafael González Tobar, representante del PSOE en Murcia. El revuelo mediático paró tras esta dimisión pero, ¿qué ha pasado desde entonces?
Los avances judiciales del caso
Tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, poco se ha hablado en los medios sobre el caso Auditorio, pero aún es un proceso abierto que dista mucho de estar terminado . Tres días después de dimitir, el 7 de abril, Sánchez fue acusado de fraude en subvención, por lo que este delito se añadía así a los cuatro que ya tenía anteriormente por este caso: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público.
Como ya se sabe, Pedro Antonio Sánchez tuvo que dimitir no sólo por la presión por el caso Auditorio, sino también tras la petición de su investigación en la trama Púnica. En relación a este caso, el juez que instruye la causa, Eloy Velasco, envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) las diligencias previas y la exposición de los delitos de los que se le acusa: cohecho, fraude y revelación de información. El TSJM ha registrado la entrada de estos documentos, por lo que Pedro Antonio Sánchez será investigado por estos delitos, lo que podrá llevarle, o no, a ser encausado (imputado) por otro caso.
Actualización 26/05/2017 Pedro Antonio Sánchez ha sido imputado por su participación en la trama Púnica. El juez Enrique Quiñonero ha abierto diligencias previas contra Sánchez por los delitos de fraude al ente público, cohecho y revelación de información privilegiada. El martes 6 de junio deberá declarar en calidad de investigado en el Tribunal Superior de Justicia al ser Sánchez aforado. Esta imputación, no es, sin embargo definitiva. Sánchez tendrá tres dias para recurrir esta imputación.
Actualización 20/06/2017 Pedro Antonio Sánchez tuvo que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia como imputado en la trama Púnica el día 6 de junio. Pocas horas después de la declaración, el magistrado Enrique Quiñonero, encargado de la causa, procesa a Pedro Antonio Sánchez al argumentar que Sánchez y un miembro de su gabinete mantuvieron relaciones e intercambios de llamadas con los principales cabecillas de la trama y las empresas relacionadas con Púnica.
Tras este procesamiento, el expresidente de la Región de Murcia ha presentado un recurso de apelación en el que niega todas las acusaciones y que se resolverá en los próximos días.
Un nuevo presidente para la Región de Murcia
El PP de Murcia presentó, el día 18 de abril, la candidatura de Fernando López de Miras en el registro de la Asamblea Regional. López de Miras, diputado regional hasta 2015, deberá, antes de ser investido como presidente, llegar a un acuerdo con Ciudadanos, pues, tras las elecciones de 2015, el PP solo puede gobernar en Murcia con ayuda de la formación naranja.
Para que este acuerdo se lleve a cabo, Ciudadanos exige que sean eliminados los aforamientos, elemento que precisamente salvó a Pedro Antonio Sánchez de ser ya investigado por el caso Auditorio en 2015, cuando era el candidato a la presidencia de la Región.
Por otro lado, la formación naranja exige que Sánchez no solo dimita, sino que abandone su acta de diputado y deje así todos los cargos públicos que ostentaba antes de dimitir.
Las negociaciones entre ambos partidos han continuado desde la dimisión, pero aún están lejos de llegar a un acuerdo. El día 21 de abril, Cadena Ser Murcia presentó una noticia en al que enseñaba el nuevo acuerdo que el PP había propuesto a Ciudadanos y que, según la misma noticia, la formación naranja aseguraba "se negaba a firmar"
De la primera hoja de este pacto hay algo muy destacable. En la parte de transparencia, el punto número dos habla de facilitar la gobernabilidad del partido más votado, lo que deja dudas sobre qué postura debería tomar Ciudadanos ante una posible moción de censura, y si este punto limitaría su apoyo a ella.
Por otro lado, el tercer punto, que habla sobre la dimisión de cargos implicados en cualquier caso judicial, es muy complejo y con muchos matices, a diferencia del redactado en 2015, que directamente indicaba, mediante dos simples líneas, que se debía " separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial." El nuevo párrafo redactado es complejo de entender, tiene muchos matices y podría ser interpretado de varias formas llegado el caso de una nueva imputación de cualquier cargo.
Tras la negativa de Ciudadanos a este pacto, el PP deberá redactar otro para conseguir convencer a la formación naranja y, terminar, al menos a nivel político y mediático, con el escándalo que ha supuesto para el partido el caso Auditorio.
