Caso PGOU: cuando el poder se corrompe

La corrupción ha sido, en los últimos años, el personaje más conocido de España. Sus actuaciones en multitud de localidades le han llevado muchas veces a mecer en la cuerda floja a políticos y empresarios, que se debatían entre la calle y la cárcel. Su nombre, corrupción, es uno de los más escuchados en informativos y tertulias, en periódicos en papel y digital y aún hoy sigue produciendo tanta sorpresa como indignación. La Comunidad Valencia ha sido, y es, uno de los principales escenarios donde la corrupción ha actuado. Gürtel, Brugal, Aparcamientos, Cooperación o Emarsa son solo alguno de los nombres en los que el levante español se ha visto inmerso, sin contar las ramificaciones que cada caso ha implicado. 

El caso PGOU es una de esas ramas. PGOU es, en concreto, una rama separada del caso Brugal. Las múltiples investigaciones sobre este primer caso dieron como resultado ciertos indicios de corrupción en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, por lo que el juzgado de Orihuela, encargado del caso Brugal, decidió derivar esos indicios hacía el tribunal de Alicante, considerando ya el PGOU como una rama de investigación anexa, pero independiente, de Brugal. 

Un PGOU, o Plan General de Ordenación Urbana es un documento, aprobado por un ayuntamiento, que regula el crecimiento de una ciudad. En este documento queda determinado cómo la ciudad va creciendo y en qué zonas y determina qué clase de suelo corresponde a cada zona. Los PGOU establecen, generalmente, tres tipos de suelo:

Urbano: se considera suelo urbano aquel que ya ha sido edificado y sobre el que se asienta la ciudad, o bien aquel que cuenta con las infraestructuras y los abastecimientos necesarios para que la ciudad se extienda por esa zona.

Urbanizable: es aquel suelo susceptible de ser urbanizado a través de los distintos PGOU, por lo que es el tipo de suelo que determina el crecimiento de la ciudad. En los planos estas zonas suelen estar pintadas de azul.

Rústico: en este tipo de suelo no está permitida la edificación, por lo que es el de menor valor monetario.

La simple definición de un Plan General de Ordenación Urbana pone en evidencia lo rentable que puede llegar a ser conocer cómo va a crecer la ciudad. Tener información previa de este documento antes de que se publique de manera oficial permite comprar terrenos inicialmente rústicos a un precio muy bajo para, después, cuando se hayan convertido en urbanizables, revenderlos a un precio muy superior. A grandes rasgos, esto es lo que ocurrió en Alicante.

La historia del PGOU de Alicante comienza en 1987 cuando entró en vigor el primer documento que establecía cómo iba a crecer la ciudad de Alicante y dividía la ciudad en esos tres tipos de suelo. 

 A pesar de sus modificaciones posteriores, la Concejalía de Urbanismo consideró, en diciembre de 1998, que éste ya no era válido ni estaba actualizado, por lo que se iniciaron los trámites para la elaboración de un nuevo documento. El 1 de febrero del año 2000, la empresa Segesta S.A y concretamente el arquitecto, Lluis Cantallops, fue elegido para la redacción de este nuevo plan. La actividad de este arquitecto se desarrolló de forma normal hasta el año 2007, cuando el Ayuntamiento decidió rescindir el contrato con Cantallops. La falta de entendimiento con el alcalde de ese momento, José Luis Díaz Alperi, es lo que, según Cantallops, motivó su destitución. El Ayuntamiento tuvo que pagar 32.700 euros en concepto de indemnización.

Tras esta rescisión del contrato, se aprobó un nuevo concurso para decidir qué empresa comenzaría, desde el principio, el trabajo de Cantallops. El 25 de febrero de 2008 el trabajo quedó cerrado con Laboratorio de Proyectos S.L y el arquitecto encargado fue Jesús Quesada, al mando de Sonia Castedo, concejal de Urbanismo en ese momento.

Sonia Castedo ya tenía por aquel entonces una gran amistad con uno de los principales empresarios de Alicante. Este empresario era Enrique Ortiz, accionista mayoritario del equipo Hércules C.F, dedicado principalmente a negocios relacionados con la construcción y con el sector servicios y uno de los principales contratistas del ayuntamiento de la ciudad. 

Sus amistades con políticos del PP de Alicante le valieron muchas veces contratos para sus empresas que le reportaron grandes beneficios a lo largo del tiempo que estas relaciones se mantuvieron. Grandes beneficios era, precisamente, lo que intentaba conseguir con el PGOU,  un documento que se hizo casi a la medida del empresario. 

La redacción de un nuevo PGOU es un periodo largo y complejo al que solo pueden acceder unos pocos. Arquitectos y técnicos del ayuntamiento, junto al concejal de Urbanismo, deben tejer, poco a poco, una tela de planos y documentos que acabe convirtiéndose en una forma de que la ciudad crezca de manera organizada. Este proceso debe ser, además, casi secreto, puesto que en su redacción se entremezclan multitud de intereses de particulares y empresas. 

La idea del secretismo con el que debe llevarse fue algo que no ocurrió en el Ayuntamiento de Alicante, que, no solo no cumplió ese pacto de silencio, sino que le contó casi en directo el paso a paso a Enrique Ortiz. Las investigaciones policiales demostraron varias reuniones entre Sonia Castedo, Jesús Quesada y Enrique Ortiz, donde el tema principal fue el PGOU. Enrique Ortiz, cuyas principales empresas están dedicadas al urbanismo, tenía así información privilegiada sobre cómo iba a distribuirse la ciudad, por lo que podía así comprar terrenos en ese momento de muy poco valor para luego revenderlos a un precio mucho más elevado.

Todas estas actividades parecían haber sido hechas a expensas de, en ese momento concreto, Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante. Nada mas lejos de la realidad. Las relaciones del alcalde con el empresario eran igual de fuertes que con Sonia Castedo. Alperi y los demás, junto con otros políticos del PP, compartían viajes, reuniones y fiestas. Una de estas fiestas, muy comentada en la prensa tras el escándalo del caso Brugal, fue aquella celebrada en el yate de Ortiz en mayo de 2008, a la que asistió el alcalde y varios de sus concejales y donde todos celebraran el archivo judicial del caso Aparcamientos.

En julio de ese mismo año, el PGOU de Alicante fue terminado. Una vez que se finaliza, los particulares con suelo que no están de acuerdo en alguna de las partes  del plan ( como que terrenos urbanizables pasen a rústicos) debe presentar alegaciones mediante un escrito al ayuntamiento y son los abogados contratados para ello los que se encargan de aceptar, o desestimar, esas alegaciones. En el caso de Alicante, la empresa encargada de llevarlo era G&M Gestión del suelo, propiedad de Javier Gutiérrez, ex concejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la concejal de urbanismo y futura alcaldesa de Alicante. 

Los empresarios que no estuvieron de acuerdo presentaron las alegaciones pertinentes a través de sus propios abogados. En la mayoría de casos esos abogados pertenecían al buffet Salvetti S.L, que era, casualmente, también propiedad de Javier Gutierrez y José Luis Castedo. La empresa encargada de presentar alegaciones (Salvetti Abogados) y la encargada de estimarlos o desestimarlos (G&M, Gestión del suelo) eran propiedad de las mismas personas, por lo que el círculo estaba cerrado. Los empresarios pagaban por la gestión de esas alegaciones a Salvetti sabiendo que su probabilidad de que se aceptaran era altísima, puesto que de eso se encargaban también las personas a las que habían pagado previamente. 

Antes de que el plan saliese a exposición, Enrique Ortiz cerró la compra de unos terrenos rústicos que con el nuevo PGOU se iban a convertir en una zona protegida. A primera vista estos terrenos no parecen tener valor, puesto que en estas zonas no se puede edificar, pero una vez que estos terrenos se convierten en protegidos, el Ayuntamiento debe conmutar esos terrenos por otros en zonas urbanizables, a fin de que sus propietarios no pierdan el valor monetario que tenían previamente. Así, Ortiz cerraba la compra de unos terrenos de muy escaso valor que, tras la puesta en marcha del plan urbanístico de la ciudad, se iban a revalorizan de forma exponencial y que además, previo acuerdo con G&M, iban a ser conmutados por las zonas donde el terreno urbanizable tenía más valor. 

Entre esta montaña de reuniones, alegaciones e intercambios de información, Luis Díaz Alperi dejó la alcaldía de Alicante el 11 de septiembre de 2008, aunque no su acta de concejal, y pone su confianza en Sonia Castedo para que siga sus pasos, que es elegida oficialmente 17 días después, el 28 de septiembre de 2008.

A pesar de dejar de ser alcalde, su poder sobre el PGOU no deja de existir, y siguió manteniendo reuniones con Ortiz y otros empresarios en relación a las posibles modificaciones del PGOU. Díaz Alperi y Ortiz se reunieron más de una vez para preparar reuniones con los abogados de G&M cuando éste ya no era alcalde, pero sí concejal. 

En todo este entramado de relaciones Ortiz no fue el único representante de empresarios alicantinos que estuvo relacionado con amaños en el PGOU. Ramón Salvador, empresario ilicitano, también se sentará en el banquillo por esta causa. En varias declaraciones realizadas ante un juez, Salvador afirmaba haber mantenido dos reuniones con Díaz Alperi: una siendo alcalde y otra cuando solo era concejal. En la segunda reunión Salvador asegura que se reunió con Castedo, Javier Guitierrez y Díaz Alperi y que éste último afirmaba seguir teniendo el control del PGOU aún no estando ya en la alcaldía de la ciudad.

Ramón Salvador aseguró, además, haber pagado al despacho de abogados Salvetti la cifra de 150.000 euros, tras una alegación al PGOU de Alicante que fue aceptada, aunque remarcó que este dinero también respondía a otros trabajos realizados por el bufette de abogados. 

Lo que Enrique Ortiz y los abogados de G&M obtenían a cambio de todas estas actividades está claro. Ortiz conseguía grandes sumas de dinero y contratos multimillonarios gracias a la información que tenía sobre el plan. Podía saber fácilmente qué terrenos se revalorizarían y dónde podría edificar posteriormente. 

El despacho de abogados Salvetti conseguía un negocio prácticamente redondo. G&M tenía un gran contrato con el Ayuntamiento de Alicante para gestionar las alegaciones y Salvetti ingresaba cifras astronómicas por llevar las alegaciones del PGOU, lo que producía no sólo que el negocio fuera bien, sino que sus socios ingresaran grandes beneficios a través de la empresa.

En el caso de Díaz Alperi y Sonia Castedo lo que conseguían con estos amaños era no sólo mantener la gran amistad con el empresario, tan beneficiosa para ellos, sino también multitud de dádivas y regalos. Las investigaciones policiales arrojan una lista casi interminable de regalos y beneficios de los dos ex alcaldes.

Sonia Castedo recibió viajes a Andorra e Ibiza, puestos de trabajo para amigos y familiares en las empresas de Ortiz y un Mini Cooper que era del empresario y que ésta finalmente decidió regalar a su niñera. En declaraciones al juez, Castedo presentó una factura en la que se demostraría que su niñera pagó finalmente el coche a Enrique Ortiz, pero las escuchas policiales grabaron una conversación en la que la mujer de Ortiz, Manuela Carratalá, le advierte a la alcaldesa de los peligros de este regalo. 

Por su parte, las investigaciones policiales señalan que Enrique Ortiz pagó varios bungalows a nombre de los hijos de Luis Díaz Alperi. Las escuchas policiales también se hicieron eco de la entrega, por parte de Ortiz, de 30.000 euros al hijo de Díaz Alperi, Otto Díaz, para que montara, junto con otras personas, una empresa de publicidad.

La trama tocó a su fin cuando el caso Brugal saltó a la luz. La exposición pública de este caso puso los focos en empresarios y políticos de la zona y centró la atención en multitud de actividades que se habían estado desarrollando en Alicante y que acabaron convirtíendose en investigaciones, e imputaciones, paralelas al caso Brugal. 

La trama de amaños del PGOU de Alicante fue una de ellas y se saldó con imputaciones, detenciones y entradas y salidas de los juzgados para declarar. En medio de todo ese embrollo, Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, dimitió de su cargo mediante un mensaje en su perfil personal de Facebook el 26 de diciembre de 2010. 

Su salida del Ayuntamiento, y la salida de Díaz Alperi ha supuesto el fin de una de las mayores tramas  vividas en el ayuntamiento de Alicante. Tras su salida, la alcaldía fue tomada por Miguel Valor que pidió a la Generalitat Valenciana que dejara de tramitar el PGOU de Alicante, paralizado debido a los múltiples juicios que había con respecto a él. La Consellería de Infraestructuras aceptó el desestimiento y el PGOU fue eliminado. 

Este hecho, junto con la salida de Díaz Alperi y Sonia Castedo del Ayuntamiento, supuso el fin de una era en la que la corrupción fue el motor, y la gasolina, del Ayuntamiento y que culminará cuando el juez decida, próximamente, si hay culpables o absueltos en esta historia. 

*Este proyecto se ha realizado siguiendo las informaciones publicadas por El Mundo, Alicanteplaza, Las Provincias, La Sexta, Levante-EMV, Eldiario.es, y El País. 

*Este reportaje es un producto beta centrado en el caso PGOU.