Caso Auditorio, primer y último acto

Murcia está llena de pequeños pueblos de esos que habitan en los cuentos, caracterizados por tener calles pequeñas, mucha luz y una vida tranquila en la que todos los vecinos se conocen. Normalmente estos pequeños pueblos son desconocidos para la gente en general. El placer de saber de su historia y sus rincones queda relegado a las personas que han habitado en sus calles. 

Esta definición podría hablar fácilmente de Puerto Lumbreras, un pequeño pueblo murciano al suroeste de la Region, colindante con Almería y con menos de 15.000 habitantes. Su existencia y su historia era casi desconocida hasta que saltó al gran foco mediático cuando el caso Auditorio estalló en 2015. 

Pedro Antonio Sánchez fue alcalde de este pequeño pueblo murciano desde 2003 a 2013, año en el que es nombrado consejero de Educación, Universidades y Empleo. En 2014, Alberto Garre lo nombra consejero de Educación Cultura y Universidades y finalmente en 2015 es nombrado presidente de la Región de Murcia, cargo que mantiene hasta marzo de 2017.

Sánchez llegó a ser alcalde de Puerto Lumbreras durante las elecciones municipales de 2003. Este hecho no sería un caso aislado, pues fue reelegido en 2007 y 2011, años de elecciones en los que además su partido, el Partido Popular, sacó mayoría absoluta. 

Sus años de gobierno no quedaron exentos de polémica. Durante los años de mandato del Partido Popular los enfrentamientos con el PSOE del municipio fueron continuos, lo que dio lugar a multitud disputas y de denuncias entre ambos partidos. Una de estas denuncias es el caso Auditorio.

En el año 2006 el ayuntamiento de Puerto Lumbreras decidió crear un nuevo complejo cultural para el municipio. Los planos de este proyecto incluían la construcción de un teatro-auditorio, un centro de congresos, una escuela de danza y baile, un jardín y una pérgola. Dada su magnitud, este proyecto requería una gran suma de dinero, por lo que el Ayuntamiento utilizó para su construcción una subvención de 6 millones de euros que aportaba el gobierno regional. 

Para llevar a cabo la construcción, el Ayuntamiento presentó un concurso público, no exento de polémica, que se otorgó a la empresa de construcción ECISA S.A, por un importe de casi 6 millones de euros. El arquitecto encargado de la obra fue Martín Lejárraga, casualmente el mismo que según el BORM publicado el 10 de enero de 2007 había realizado los documentos del anteproyecto.

A este concurso público se presentaron dos proyectos distintos para la ejecución de la obra: el primero de manos de Construciones Villegas S.A y el segundo aportado por Ecisa S.A. El jurado solo necesitó hora y media para decantarse por el proyecto de Martín Lejárraga, por un valor de 5.659.597, 96, un precio al que se había establecido una rebaja de 338.916,04 euros, frente al proyecto de Villegas, que había establecido el presupuesto de la obra en 5.997.314,30 euros, con un rebaja de 1.199,7 euros. 

 El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) presentó, antes de la celebración del concurso público, un escrito ante el Ayuntamiento alegando que el plazo de presentación de proyectos que se había otorgado, 15 días, era escaso y contrario a la ley, que otorgaba un plazo mínimo de 52, aceptando 15 días únicamente en casos excepcionales. El Ayuntamiento evadió también la publicación de este contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE) y el concurso fue presentado en fechas navideñas, por lo que todo apunta a que lo que  se pretendía era ocultar el concurso y que se conociera lo menos posible.  

Francisco Camino, decano del Colegio de Arquitectos cuando se denunciaron estas irregularidades, aseguró, en una entrevista que le realizaron en Infolibre, que el concurso estaba amañado y que la obra no está acabada. Camino declaró, además, que no ha vuelto a trabajar en la Región desde que denunció el caso. 

La adjudicación de este proyecto se otorgó a Ecisa S.A en 2008, pero la subvención se había conseguido con un anteproyecto y un proyecto básico también de Lejárraga dos años antes, en 2006.  El auto explicativo enviado desde el juzgado de Lorca al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)  duda de la legalidad de este concurso.

"Solo el hecho de que ya se tenía contratado al arquitecto y el proyecto, justifica la reducción de plazos y la evitación de publicidad, así como la elección de fechas de convocatoria. [...] El concurso de ideas se configura como la solución para poder legalizar una situación previa, donde el Alcalde ha seleccionado personalmente al arquitecto, y contratado con el mismo sin tramitación de expediente. No debe dejarse pasar por alto que, si bien la adjudicación se produce el día 14 de enero de 2008, ya la subvención se había obtenido con un anteproyecto y un proyecto básico del mismo arquitecto en diciembre de 2006, lo que puede indicar indiciariamente que la adjudicación se realizó al margen de cualquiera de los procedimiento previstos en la normativa de contratación pública."

Tras la adjudicación del concurso comenzó la elaboración del proyecto. Inicialmente, este proyecto debía estar terminado en un plazo de 20 meses a partir de la fecha en la que se publica esta noticia. A pesar de ello, la obra no comienza a construirse hasta mayo de 2008, tal y como señala el auto explicativo. 

En  septiembre de 2009, y tras 15 meses desde su inicio, el complejo de edificios está construido en un 47,08% pero se ha certificado el 85,39% de la obra, un desajuste que se destaca en el auto judicial. 

"Es quizás a partir de la certificación nº 18 cuando existe la certeza de que no va a haber más dinero y entonces se trabaja con el MODIFICADO posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta el momento" (folio 834 anexo 3.3 informe pericial.)

Una de las principales claves del caso, relacionadas con la imputación de Pedro Antonio Sánchez, reside en los indicios de computación dobles tanto de IVA como de gastos, algo que. como todo lo anterior, queda reflejado en uno de los autos del caso. 

Dentro de la documentación obrante en la causa encontramos certificación nº 18, con varias fechas: por un lado, la certificación nº 18 obrante a folio 256 y ss anexo 1.1, que aparece con fecha 9 de octubre de 2009. Nos encontramos la misma certificación nº 18 pero fechada como emitida el 10 de octubre de 2009, (folio 9 anexo 1.2), acompañada de resumen de certificación con fecha 10 de octubre. Mientras que existe la misma certificación nº 18 con dos fechas distintas, en cambio la factura presentada por Ecisa es de fecha 9 de octubre (folio 257 anexo 1.1).

En abril de 2010 se había gastado todo el presupuesto que se había establecido en la licitación aunque la obra distaba mucho de estar terminada. En septiembre de 2011 se paralizó la obra y en 2012 el Ayuntamiento formalizó el documento de recepción, indicando en él que la recibe terminada y lista para su completo uso, pese a que la obra sigue estando terminada sólo en un 61,96%. 

Al terminar el proyecto, ambas partes deben hacer la liquidación económica, es decir, determinar si al final ha sido necesario gastar más dinero del que inicialmente se presupuestaba o menos, con el fin de adecuar los pagos realizados a la obra terminada. El mismo día que la empresa dio por concluida la obra, presentó en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras una última factura por importe de 574.840,52 euros. El Ayuntamiento no estaba de acuerdo con el importe presentado por la empresa y tras varias tensiones con ella se aceptó una factura final de 338.915,85 euros, curiosamente una cifra sólo un euro por debajo de aquella rebaja que hizo Ecisa S.A en el momento del concurso público. Rebaja gracias a la que se contrató a esta empresa. 

En el año 2015, y tras haber sido consejero de Educación, Universidades y Empleo durante el gobierno de Ramón Luis Valcárcel y de Educación, Cultura y Universidades en el mandato de Alberto Garre, es nombrado como candidato a la presidencia de la Región de Murcia por el PP. El caso auditorio persiguó a Pedro Antonio Sánchez hasta poco antes de ser elegido presidente. 

En febrero de 2015 el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, decidió presentar ante el TSJ de Murcia una querella contra Pedro Antonio Sánchez al considerar probados alguno de los datos que denunciaba el PSOE de Puerto Lumbreras. Sorprendentemente, y  pesar de la oposición del fiscal, el TSJ considera que los delitos relacionados con las persona aforadas y no aforadas (solo las aforadas son de su competencia) no quedaban bien delimitados, por lo que finalmente decide enviar la causa a un juzgado de Lorca, juzgado que no puede investigar a Pedro Antonio Sánchez por ser, precisamente, aforado.  

La decision del TSJ, tachada de "arbitraria, estrambótica e injustificada" por Manuel López Bernal, dejaba el camino libre para que Pedro Antonio Sánchez se presentara, sin imputaciones y libre de delitos, a la presidencia de la Región de Murcia.  

A pesar de la mayoría absoluta del PP durante muchos años, las elecciones autonómicas de 2015 no fueron como esperaban en el partido. El Partido Popular consiguió  22 escaños, pero necesitaban uno más para obtener mayoría, lo que les obligaba a pactar con otro partido si querían gobernar.

El Partido Popular decidió pactar con Ciudadanos. La formación azul gobernaría, pero con condiciones. Los representantes de ambos partidos, Pedro Antonio Sánchez por el PP y Miguel Sánchez López por Ciudadanos, firmaron un escrito donde una de las principales claves, y la que más se destacó en ruedas de prensa, trataba sobre la corrupción. Según el documento se debía "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial", una frase que pronto se volvería en contra de Pedro Antonio Sánchez. 

El caso Auditorio, que se había mantenido parado desde 2015, volvió a la  carga a finales de 2016, cuando, tras analizar todas las pruebas, el juzgado de Lorca, de la mano de la jueza Consuelo Andreo Ruiz, vuelve a mandar la causa al TSJ de Murcia tras considerar, de nuevo, indicios de delito en la actuación de Pedro Antonio Sánchez. La llegada del caso de nuevo al TSJ provocó un revuelo mediático que tuvo como consecuencia  múltiples declaraciones tanto de Pedro Antonio Sánchez como de otros miembros del partido que aseguraban que, tal y como se establecía en el acuerdo firmado con Ciudadanos, si él o cualquiera de sus miembros de gobierno era imputado por cualquier caso de corrupción, dimitiría. 

El 2 de febrero de 2017, el TSJ de Murcia admite a trámite el caso y se le asigna al magistrado Julián Pérez-Templado. Pedro Antonio Sánchez es, dos años después de que comenzara la causa, imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento público, delitos por los que debía declarar el 6 de marzo de 2017.

Antes de que esta declaración ocurriera, un nuevo escándalo sobrevino en Murcia y ocupó portadas tanto de prensa regional como nacional.  El 23 de marzo, el Fiscal General del Estado decidió sustituir a 35 fiscales jefes de toda España. Entre las 35 personas que fueron relegadas en su cargo se encontraba Manuel López Bernal, el fiscal jefe que había impulsado las investigaciones contra Pedro Antonio Sánchez. Quedaba así destituido, casualmente, justo antes de que el principal acusado del caso Auditorio declarara ante el TSJ.

Un día después de que la sustitución saltara a los medios, surgió una nueva noticia que movió los cimientos de la justicia. El juez que instruía la causa, Julián Pérez-Templado, fue sorprendido tomando cervezas en Murcia junto a Cosme Ruiz, miembro de la junta directiva del PP en Murcia. El revuelo mediático provocado obligó al portavoz del gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Mendez de Vigo, a restarle importancia a las fotos, alegando que Murcia es una región pequeña "donde todo el mundo se conoce ". Ese mismo día, Alberto Garre, ex presidente de la Región de Murcia, presentaba una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo su baja del partido por "innación ante la corrupción" ante la negativa de dimitir de Pedro Antonio Sánchez y su reelección como presidente del PP de Murcia a pesar de estar imputado. 

Tras la declaración en los juzgados como investigado (anteriormente denominado como imputado) Pedro Antonio Sánchez hizo declaraciones a la prensa que allí se congregaba asegurando que no dimitiría hasta que no hubiera una "imputación formal", algo que realmente ya había pasado. Sus declaraciones rompían así el pacto de 2015 con Ciudadanos. 

Tras su imputación y el fin del pacto con Ciudadanos comenzó así un revuelo mediático en el que ambas partes estaban implicadas. Por un lado el PP cerraba filas en torno a Sánchez  y éste se negaba a dimitir, a pesar de su pacto con Ciudadanos y sus múltiples declaraciones previas asegurando lo contrario. Por otro lado, Ciudadanos se veía en una situación en la que sólo le quedaba defender a Sánchez o exigir su dimisión mediante una moción de censura en la Asamblea Regional. 

PSOE y Podemos, los principales partidos de la oposición, exigían una moción de  censura que diera lugar a un gobierno de coalición entre estos dos partidos, algo a lo que se negaba Ciudadanos, que aseguraba que solo apoyaría la moción si se convocaban elecciones para otoño de 2017.  Finalmente, Rafael González Tovar, representante del PSOE de Murcia, convocó una moción de censura para el día 6 de abril, apoyado principalmente por Podemos.  

La situación se complicó cada vez más. La moción de censura se acercaba y una última noticia puso a Pedro Antonio Sánchez contra las cuerdas. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pedía que se  imputara al todavía presidente de la Región por su implicación en la trama Púnica. 

Esta última acusación terminó por matar todas las posibles opciones de salvación en la moción de censura a la que debía enfrentarse, por lo que Pedro Antonio Sánchez dimitió el día 4 de abril de 2017, solo 48 horas antes de someterse a votación su cargo.  A pesar de dimitir, no abandonaba su escaño como diputado y aseguraba que renunciaba "ante el miedo de un posible tripartito en la Región". 

Tras esta dimisión el PP de Murcia está, aún, buscando sustituto. Todo apunta a que el próximo presidente de la Región será Fernando López Miras, que se convertirá, si al final es nombrado,  en uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la Región de Murcia.

*NOTA: todas las citas que en este reportaje aparecen han sido obtenidas del auto judicial que la jueza de Lorca, Consuelo Andreo, envía al TSJ de Murcia, 

*Actualización 29/04/2017: Finalmente, Fernando López Miras es elegido presidente de la Región gracias a los votos a favor del PP y  la abstención de Ciudadanos. La formación naranja, que había mostrado su negativa en la votación previa del día 27, decidió abstener para, según palabras de su presidente Miguel Sánchez, asegurar a la Región, "gobernabilidad y estabilidad"

Esta abstención viene además, sin un pacto entre ambas formaciones, pues los acuerdos presentados por el PP no han dado sus frutos, por lo que esta vez el PP juega, ante futuros casos de corrupción, en solitario.